“La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975)”
Josefina Cuesta (dir.)La Librería de El Sueño Igualitario
libreria@cazarabet.com
Tlfs. 978 849970 – 686 110069
342 páginas. 24 x 17 cm
La catedrática de Historia de la Universidad de Salamanca Josefina Cuesta, en su obra «La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975)», se detiene en el análisis de los procesos de represión y exilio de muchos profesionales durante el régimen franquista en zonas como Extremadura.
En el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Cuesta ha dado a conocer hoy los entresijos de un libro que recoge las conclusiones de la veintena de especialistas que abordaron esta situación durante un curso organizado por la universidad salmantina con el mismo nombre que la publicación.
Josefina Cuesta ha destacado la relevancia de un trabajo que en su opinión es «una gran cartografía del dolor que supuso la represión y el exilio, sobre todo de los maestros».
Una publicación que tanto Cuesta, como la directora del Centro Documental de la Memoria Histórica, María José Turrión, han coincidido en calificarla como «un acto de justicia» hacia los funcionarios depurados.
Así, la obra, editada por la Fundación Largo Caballero, ahonda en generalidades y casos concreto de «miles de funcionarios» que se vieron sometidos a una experiencia «que se hizo para depurar a los enemigos» del franquismo.
El libro analiza casos específicos de funcionarios que sufrieron esta depuración en diferentes ciudades y pueblos de Extremadura, Sevilla, Málaga y Salamanca.
En él, se detalla como se llevaron a cabo estos procesos que manaron de una orden gubernamental por la que los estamentos públicos debían enviar a casa a sus empleados durante una semana, periodo tras el que debían solicitar el reingreso a su puesto de trabajo y donde debían acreditar que no habían tenido relación con el bando republicano.
Una maniobra que se llevó también a cabo en el bando republicano en los primeros años de la dictadura con el fin de averiguar si alguien había pertenecido o no a los nacionales.
Se trató de un proceso, en el que según Cuesta, «la indefensión del depurado era grande» pues «carecía de garantías», y además tenía que demostrar su inocencia «algo que no siempre era fácil».
En este sentido, el presidente de la Fundación Largo Caballero, Jesús Pérez, ha comentado las consecuencias de este proceso que hicieron que determinadas personas «estuvieran en la picota» con «argumentos o sin ellos» por el simple hecho de que fueron denunciados por otros.
EFE
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