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Companys, proceso a la libertad

El Periódico, | 14 octubre 2009

El recuerdo del ‘president’ no necesita la anulación del consejo de guerra, pero la democracia, síMIQUEL Caminal*

Lluís Companys es el ejemplo más cruel de la represión franquista contra los republicanos y contra los catalanes. Fue detenido el 13 de agosto de 1940 por la Gestapo en la Francia ocupada por los nazis, siguiendo las indicaciones de las autoridades franquistas. Es el único presidente democrático detenido por el fascismo internacional, entregado a la dictadura franquista y vilmente asesinado en la madrugada del 15 de octubre en el castillo de Montjuïc. Fue, en efecto, un asesinato, después de un consejo de guerra sumarísimo con todas las irregularidades y falsedades imaginables. Los propios verdugos tenían miedo de sí mismos, tenían que cumplir lo más rápido posible la orden taxativa de Franco: matar a Companys, como venganza y escarmiento sobre una población ya vencida por el miedo. La dictadura franquista mostraba así su cara más terrorista, y ejecutaba a conciencia un juicio político contra Catalunya, contra la República y contra la libertad, por medio del fusilamiento del president de la Generalitat de Catalunya.

Companys Es, simbólicamente, el primer preso y el primer inmolado por Catalunya y por la República. Su detención, maltrato, vejación y condena a muerte expresan la implacable represión franquista contra decenas de miles de catalanes demócratas, contra centenares de miles de republicanos españoles. Todos ellos sometidos a persecución por sus ideas, por su fidelidad a la legalidad republicana. La dictadura franquista continuó la guerra hasta el final, hasta el mismo 20 de noviembre de 1975. Porque quien se impone mediante la violencia y permanece en el poder sirviéndose de ella no tiene nunca legitimidad para proclamar la paz. El homenaje a los represaliados políticos del franquismo, que organiza el Govern de la Generalitat, mediante el Memorial Democràtic, hoy, en el Palau Sant Jordi, es un simbólico reconocimiento a todas las personas que comprometieron su vida con las libertades republicanas y nacionales catalanas, que sufrieron represión y privación de libertad, que hicieron posible con su compromiso moral y político que un día como hoy pudiésemos, los ciudadanos y las instituciones de Catalunya, agradecerles su dignidad ética en aquellos tiempos de oscuridad. La democracia y el autogobierno actuales son fruto de su pasado de lucha y de resistencia.

Pero no se ha hecho lo suficiente, a pesar de que han pasado ya más de 30 años desde la aprobación de la Constitución de 1978. El franquismo todavía tiene residuos en los poderes públicos, en los medios de comunicación, en las actuaciones judiciales. ¿Es comprensible que hayan pasado tantos años y no se hayan anulado aún las sentencias franquistas dictadas por tribunales de excepción? ¿Es aceptable que todavía los poderes públicos del Estado democrático no hayan actuado con la diligencia exigible, con tal de hacer justicia y reparación a las más de 115.000 personas desaparecidas durante la guerra civil y los primeros tiempos de la represión fascista? ¿Podemos mantenernos en el silencio sin exigir la anulación del consejo de guerra sumarísimo contra el president Companys? El silencio impuesto por el terror en aquella madrugada del 15 de octubre de 1940 debe transformarse en un grito de libertad, que llegue a toda la ciudadanía, que exija la total y absoluta condena y liquidación del pasado franquista.

Todos y cada uno de los tribunales de excepción, todas y cada una de las sentencias de excepción contra los derechos fundamentales que la Constitución española de 1978 declara, regula y garantiza tendrán que ser anulados tarde o temprano. Es un deber moral y constitucional que tienen los poderes públicos del Estado democrático, y muy particularmente el Poder Judicial y las Cortes Generales. La declaración de reparación y reconocimiento del president Companys, que ayer entregó en México el ministro de Justicia a la nieta Maria Lluïsa Gally, debe ser un paso hacia la anulación del consejo de guerra.

El artículo 3 de la conocida como ley de memoria histórica (ley 52/2007 de 26 de septiembre) declara ilegítimos los tribunales, jurados y cualquier otro órgano penal o administrativo que se hubiesen constituido para imponer condenas por motivos ideológicos, políticos o de creencia religiosa. Al tiempo que declara, en todo caso, la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo, de los tribunales de responsabilidades políticas, consejos de guerra y Tribunal de Orden Público, así como se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por estos tribunales. La declaración entregada por el Ministerio de Justicia concreta esta ilegitimidad en el caso de Lluís Companys. La anulación de las sentencias contra el president de la Generalitat de Catalunya tiene que ser la lógica consecuencia de ello.

AHOra bIEN, el honor del president Companys no es preciso restituirlo. Su compromiso social y político con los trabajadores, junto a Francesc Layret y Salvador Seguí, su lucha por las libertades republicanas y nacionales de Catalunya, su total implicación en la defensa de la Segunda República y de la Generalitat de Catalunya hasta sacrificar su propia vida ponen su nombre en uno de los lugares de mayor honor y ejemplo de la historia de Catalunya. El recuerdo de Lluís Companys no necesita la anulación del consejo de guerra, pero la democracia sí lo necesita. Solo así la libertad reemprende el vuelo sobre la muerte de la dictadura.

*Director del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idnoticia_PK=652729&idseccio_PK=1006&idioma=CAS