La rehabilitación de las víctimas de la represión franquista aún sigue siendo una asignatura pendiente. Y lo seguirá siendo mientras se espere o se exija únicamente el cumplimiento de tal LeyEl 26 de diciembre de 2007 fue proclamada por el rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la llamada Ley de Memoria Histórica cuyo cometido, según se precisaba en la Exposición de motivos, era “reparar a las víctimas (…) de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura”.

Dos años han transcurrido desde entonces y a pesar de que también se proclamaba el “carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior”, la rehabilitación de las víctimas de la represión franquista aún sigue siendo una asignatura pendiente. Y lo seguirá siendo mientras se espere o se exija únicamente el cumplimiento de tal Ley.

No sólo porque es una quimera esperar que la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas venga de un Gobierno y un Partido (socialista) que redactaron precisamente esa Ley para no hacerlo sino también porque, aunque este Gobierno y este Partido mostrasen más voluntad para aplicarla, sería entonces la judicatura, dominada por magistrados derechistas, la que se apoyaría en esa Ley para impedirlo.

Por si hay dudas al respecto, véase en qué ha quedado la iniciativa del Juez Baltasar Garzón de abrir el sumario por los crímenes del franquismo y las desapariciones forzadas. Y no digamos de las decisiones que el Ministro de Justicia y el Fiscal General del Estado podrían y deberían haber adoptado –conforme a los Arts. 956 y 961, respectivamente, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- para plantear los Recursos de revisión de todas las sentencias “ilegítimas, por vicios de forma y fondo” dictadas por los Consejos de Guerra y demás tribunales franquistas, que también eran “ilegítimos”, puesto que la Ley de “Memoria Histórica” los declara como tales “por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”. Decisiones que no han sido adoptadas con la excusa de que la irretroactividad, la prescripción y la legalidad de los delitos, que son las características de un Estado de derecho, impiden “la perseguibilidad por los tribunales de prácticas de lesa humanidad perpetradas antes de que ese tipo penal hubiese sido incorporado al ordenamiento en el año 2003”.

Paradoja por supuesto insoportable para cualquier lego en materia jurídica, pero que arregla a los que se prevalecen de tal contradicción -entre el Derecho y la Historia- en la polémica en torno al eventual enjuiciamiento de los crímenes franquistas. Polémica por lo demás estéril, puesto que tal contradicción fue obviada por los compromisarios de la  Transición al permitir la continuidad, como Jefe de Estado y Jefe de las Fuerzas Armadas, del heredero de Franco transformado en Rey de una monarquía parlamentaria.

 

Pero el colmo de esta impotencia jurídica y política, en que la Transición (¡presentada como un arquetipo institucional universal!) ha situado a la Democracia española, se ve vergonzosamente en evidencia cuando vemos a la nieta del president  Companys obligada a conformarse con un simple documento de “reparación” de la figura de su abuelo expedido por el actual Ministerio de Justicia. Y aún más grave y vergonzoso es ver a los políticos catalanes, que se pretenden herederos del ex-presidente, seguir con la comedia de tomar acuerdos para pedir (en el Parlament) la anulación de la sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra que condenó a muerte a Companys. Y ello a sabiendas de que Zapatero les ha dicho repetidas veces que, de anulación, nada…

 

Ante tal situación de renuncia y simulación, agravada además por la indefensión en que se encuentran y se encontrarán los familiares y las asociaciones de desaparecidos durante la Guerra Civil mientras los tribunales no den cauce a sus demandas, consideramos que es una verdadera claudicación quedarse en el debate para obtener placas o nombrecitos en las calles u otros sitios públicos, etc. Es decir: empeñarse en obtener logros simbólicos que no cambian nada de fundamental en la ingeniería política e institucional que mantiene en vigor los pactos del silencio y la impunidad.

Es pues por ello que consideramos un deber denunciar tanto esa cobarde e infame Ley de “Memoria Histórica” como la resignación de muchos memorialistas dedicados exclusivamente a conseguir su aplicación.

Nuestra posición en la lucha por la recuperación de la memoria histórica fue siempre clara. Nuestro objetivo era hacer todo lo posible por rehabilitar (moral, política y jurídicamente) a las víctimas de la represión franquista y conseguir que a sus familiares se les hiciera por fin justicia. Por eso, cuando los políticos que nos gobiernan pretendieron que esa ley las rehabilitaría también jurídicamente, nosotros denunciamos tal mentira. Y por eso continuaremos denunciándola mientras sirva para impedir la anulación de las sentencias impuestas por los tribunales represivos de la Dictadura, a cuantos luchaban por la libertad del pueblo español, y mientras siga estableciendo una escandalosa e infame discriminación entre las víctimas de la represión que perdieron la vida antes de 1968 y las que la perdieron después…

En tanto que libertarios lo decimos clara y firmemente : la anulación de las sentencias franquistas y el fin de la discriminación entre los que sufrieron la represión franquista son, para nosotros, objetivos irrenunciables. Por ello instamos a cuantos se sientan identificados con estos dos objetivos a seguir movilizados para luchar conjuntamente por ellos.

http://www.memorialibertaria.org/valladolid/spip.php?article149