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“La madre biológica entraba por un lado y la adoptiva salía con un bebé por otro”

María José Esteso Poves. Diagonal, | 15 octubre 2009

Diagonal aporta la primera cartografía del robo de niños a madres sin filiación política durante el franquismoMadrid, Jueves 15 de octubre de 2009.  Número 111

El robo de niños para darlos en adopción continuó hasta los años ‘80 en el Estado español. Algo que comenzó con una motivación política se convirtió en un negocio movido por curas, monjas y médicos. Algunos de ellos, aún vivos.

“Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia”. Como una película en blanco y negro lo relata Cruz Martínez, quien fue presidenta de Derecho a Saber (ANDAS), una asociación que destapó el robo de niños durante el Franquismo.

El robo de niños no terminó con el que sufrieron las prisioneras políticas tras la guerra, sino que continuó hasta bien entrados los años ’80, en esta ocasión, a madres sin filiación política. Un médico que trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz y que no quiere revelar su identidad señala a DIAGONAL: “Era sabido que existían ’chanchullos’ en los hospitales en esos años [los ’60 y ’70]. En la Fundación se sabía que entraba por una puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos. Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre. En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia. Los niños eran para enchufados, y había cierto secreto en las maniobras. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada”.

Estos hechos y situaciones muy similares son investigados en juzgados de Madrid, Zaragoza y Andalucía. El 9 de octubre fue convocado en Madrid por segunda vez el abogado Fernando Magán, que representa a varias organizaciones de memoria histórica que buscan a estos niños robados. A la causa de las madres republicanas se une ahora la de mujeres sin filiación que también sufrieron esos crímenes que el auto del juez Garzón (paginas 50-74) señala como “víctimas del Franquismo”. El auto, entre otros documentos, reproduce la carta de un capellán que participó en un secuestro de un bebé en 1952.

Hace años, en el programa de TVE de Paco Lobatón ¿Quién sabe dónde? se empezaron a colar estas historias. Fue el periodista el que impulsó en 1996 la creación de la asociación ANDAS, hoy inactiva, que tuvo más de 5.000 socios, todos afectados. Después, internet ha hecho el resto. Hoy existen varios foros donde los afectados cuentan la misma historia. Tras la muerte de Franco no han conseguido toda la documentación, pero los pocos legajos a los que han tenido acceso han permitido completar el puzzle: “El cura le dice a la monja de la inclusa, y luego de los hospitales, que tiene una pareja que quiere un niño y así se pone en marcha la cadena”, dice Cruz Martínez, que descubrió su identidad con más de 40 años.

Curas, monjas, médicos…

Todos los testimonios arrojan a la luz nombres y documentos sobre unas tramas que se enriquecieron y funcionaron de forma organizada en todo el Estado. Tramas integradas por curas, monjas, ginecólogos, notarios, enfermeras, matronas, abogados, encargados, secretarias y hasta conserjes. Se hacían listas de espera con bebés robados. No era gratis, los adoptantes pagaron hasta 200.000 pesetas de la época, un negocio boyante.

Ya se puede dibujar el mapa de las adopciones ilegales: de Bilbao a Cádiz, pasando por Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Burgos, Tenerife, Melilla… Las pioneras en la búsqueda se dieron de bruces con una realidad dura: nadie se creía estas situaciones. Y ni hablar de reclamaciones.

A la que fue tesorera de ANDAS en Cataluña, Baleares y Valencia, Virtudes Hernández Martínez, sus amigos del colegio le dijeron que era adoptada. Con 15 años solicitó una partida de nacimiento, y tuvo la suerte de que una nota marginal indicaba su nombre real, tachado, y decía: “Entrego a mi hija porque no puedo mantenerla y me comprometo a no reclamarla”. Llegó a Alicante desde la inclusa de Murcia. Fue allí y no le dieron nada; en el registro le indicaron que tenía que esperar 50 años. En 1999 volvió y el juez del registro le volvió a negar los datos, insistió y le mostró un libro que cerró de golpe al ver que sus apellidos eran distintos. Se marchó entonces a la parroquia más cercana y consiguió que el cura accediera a buscar su partida de bautismo. Los apellidos que fotografió en su mente coincidían. Ahora tiene dos partidas de bautismo.

“Se trataba de desarraigarnos. Tuvimos bebés que viajaron de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no hay documentos una riada o un incendio sirven para no entregarlos, pero hay leyes que obligan a hacerlo”, reconoce Hernández Martínez. Por un lado, la Ley de Patrimonio Histórico 16/85, sobre la consulta de archivos dice que, en virtud de la protección de la madre tendrán que pasar entre 25 y 50 años. Sin embargo, la Orden del Ministerio de Justicia de 10 de noviembre de 1999 señala que, en función de la Convención de Naciones Unidas, la Declaración de DD HH, esa espera de 50 años vulnera el derecho fundamental de la persona.

Para la asociación Derecho a Saber, esta contradicción no es para proteger a las madres, “porque el 90% de los casos no dieron su consentimiento. Se quiere tapar a la Iglesia, curas y monjas que tuvieron hijos y fueron después el eslabón de un mercado de bebés”, declara su presidenta a DIAGONAL.

Los testimonios hablan de doctores que firmaron casos de fallecimiento de neonatos por otitis en O’Donnell y Santa Cristina (maternidades situadas en la misma calle). Ése es el caso de Beatriz Soriano Ruiz, nacida el 3 de enero de 1964, que fue dada por muerta sin que sus padres pudieran ver su cuerpo. Su hermana, Mar, ha comprobado recientemente por el parte de incubadoras que el diagnóstico facultativo firmado por el doctor Villa era de otitis. En el registro de la Comunidad le dijeron: “Es llamativo que en ese mismo día murieron seis niños más también por otitis”, posiblemente firmados por el mismo médico. Mar cuenta con datos que están en el juzgado e incluso cree que su hermana fue a parar a Austria.

Al hilo de esta noticia, una familia ha acudido a una asociación madrileña para denunciar otro supuesto robo de gemelos sucedido en la antigua Maternidad de O’Donnell en 1968. Tampoco les dejaron ver los cuerpos y la defunción fue por otitis.

Pilar Helguera Rodríguez nació el 12 de diciembre de 1957 en O’Donnell. A los tres días de nacer sana y ser llevada a una incubadora, a su padre le dijeron que había muerto por otitis y ya estaba enterrada. El ginecólogo que habría atendido a la madre, según su testimonio, fue José Botella Llusía, fundador y también director de la antigua maternidad.

El abogado José María Stampa Braun emprendió un juicio en 1974 que acusaba a Amalia Franco Granado, abogada de la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA) y al médico Enrique Marín Bonachera por un supuesto delito de sustracción de menores. La AEPA fue un organismo presidido y creado en 1969 por el fiscal general del Tribunal Supremo Gregorio Guijarro Contreras. Para esa tarea se rodearía de cargos afines al Opus, como Ignacio Villa Elízaga, quien habría trabajado tanto en O’Donnell como en Santa Cristina, según fuentes médicas. Actualmente es catedrático en la Universidad de Navarra.

Otro lugar marcado en Madrid sería la clínica San Ramón (paseo de la Habana, 143). Allí fueron cientos los niños dados en adopción ilegal. Los afectados crearon una asociación con casos de los años ’60, ’70 y ’80 que acusan como presunto cabecilla al tocólogo Eduardo Vela Vela, aún vivo, y sor María Balbuena. Además, O’Donnell, Santa Cristina y San Ramón, habrían actuado de forma coordinada en el tráfico de bebés.

La trama de Mercedes de Grass

En Bilbao, la trama sería manejada por Mercedes Herrán de Grass, gracias a una red de pisos asistidos por monjas, curas, ginecólogos… En es- que después se les retiraban los bebés, la mayoría sin su consentimiento. En el papeleo también participó, presuntamente, una secretaria, una abogada de Logroño y un notario de Bilbao. Isabel, nombre ficticio de una joven, fue obligada entonces a entregar su bebé. Otra chica fue engañada y amenazada por el cura de San Nicolás de Bari que, presuntamente, se encargaba de las adopciones, según explica Isabel. Varios testimonios aportados al juzgado por el abogado Magán amplían esta información. En las clínicas Indautxu y San Javier de Bilbao, según varios testimonios fue igual.

“Estaba todo atado”

En Andalucía también hay casos documentados, como el de Amelia M. Pedido Sequitín, adoptada como Amelia M.J.F. Nació en la clínica Santa Cristina de Madrid, el 9 de agosto de 1972. Su padre era obrero en Cádiz, pero la tía de éste en Madrid tenía relación directa con la Asociación para la Adopción y con las Hermanas de la Caridad. Le pidió una niña para su sobrino y éste le dio un poder notarial para hacer toda la gestión firmado por el notario Alfonso del Moral y de Luna. Según Amelia, la niña de entonces cuenta con cartas en las que su tía-abuela rechazó varias ofertas hasta encontrarla a ella. El padre antes de morir le dio los documentos diciendo que “estaba todo atado”. Los papeles están avalados por Gregorio Guijarro y Ignacio Villa Elízaga. “Mi padre me dio las escrituras porque había dejado dicho que ni siquiera con esos papeles iba a conocer la verdad”, señala.

María de los Ángeles Herrera González, de San Fernando (Cádiz), nació a los nueve meses el 10 de enero de 1975, en la clínica privada Fernando Zamacola de Cádiz. Pasadas 20 horas, un ginecólogo le dijo al padre que había muerto. “A fuerza de insistir le enseñaron algo envuelto en trapos”, explica su hermana, que ahora ha conseguido documentos y todos están firmados por el mismo ginecólogo, también político de Cádiz. El certificado de defunción del hospital dice que la niña nació con siete meses, pero en el registro no consta como muerta.

En esta comunidad existe también una denuncia en los juzgados contra un médico de la clínica O’Donnell, en los años ’70, por falsedad documental. La madre adoptiva fue inscrita como parturienta.

En Valencia, Santa Isabel

Valencia no se quedaba atrás, según Virtudes Hernández. La mayoría de los adoptados eran de Santa Isabel, gobernada durante años por sor Aurora Gallego, que quería instalar de nuevo el torno. Enrique Vila, abogado de Valencia se ha querellado contra la clínica. En Valencia estuvieron Cruz Martínez y Virtudes Hernández: “Fuimos a averiguar varios casos que llegaron a la asociación, una de las matronas de esa clínica nos llevó a su casa, donde tenía encima de un armario torres de cuadernos con cientos de datos en páginas ya amarillas”.

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