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Uruguay sale a la calle en contra de la ley que amparaba la represión de la dictadura

Público / El Mundo, 21-10-2009 | 21 octubre 2009

A unas semanas de las elecciones en Uruguay, decenas de miles de personas exigen el fin de impunidad de los militaresPúblico, 21-10-2009

Montevideo se moviliza contra la Ley de Caducidad

A unas semanas de las elecciones en Uruguay, decenas de miles de personas exigen el fin de impunidad de los militares

EFE – Montevideo – 21/10/2009

Decenas de miles de uruguayos recorrieron hoy el centro de Montevideo en el cierre de campaña para pedir la anulación de la ley que evitó los juicios contra el aparato represor de la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985.

Los manifestantes inundaron la capital uruguaya de color rosa, el mismo que tendrá la papeleta por el «Sí» a la anulación de la Ley de Caducidad en el referéndum previsto para el próximo 25 de octubre, en coincidencia con las elecciones generales.

La marcha, convocada por la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, estuvo encabezada por familiares de los desaparecidos en Uruguay entre 1973 y 1985, que portaban los retratos de sus allegados, víctimas de la represión de la dictadura.

Al grito de «la impunidad del Uruguay se va a acabar», los manifestantes, jóvenes en su mayoría, hicieron oír su voz a favor de la justicia y para declarar que hoy sea el último día en el que tienen que pedir justicia para todos.

«Un mejor Uruguay»

En la manifestación participó el intelectual argentino ganador en 1980 del Premio Nobel de la Paz, Alfredo Pérez Esquivel, que se fundió en un abrazo con el escritor uruguayo Eduardo Galeano, uno de los principales activistas durante toda la campaña por el «Sí».

El líder de la central sindical uruguaya PIT-CNT y dirigente de la Coordinadora, Luis Puig, manifestó su «profunda emoción» al ver que tantos de sus compatriotas se sumaban para demandar tal anulación. «No cabe duda que el próximo domingo un aluvión de papeletas rosadas va acabar con la Ley de Impunidad», aseguró Puig.

Otra de las responsables de la Coordinadora, Mariana Licandro, señaló que este acto de cierre de campaña trata de convencer a los ciudadanos que «para que haya un mejor Uruguay, hay que anular, encontrar la verdad y hacer justicia».

«Es imposible que un país tenga una democracia sólida cuando la justicia ampara a unos ciudadanos que cometieron crímenes atroces», agregó Licandro, que dijo que también piden «algo muy sensible: que las madres sepan dónde están sus hijos».

Enjuiciamiento de militares

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró ayer, lunes, inconstitucional esta ley, que fue aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada en 1989 en un plebiscito, y que impidió el enjuiciamiento de los militares y policías responsables de violar los derechos humanos durante la dictadura.

En este sentido, tanto Puig como Licandro reconocieron que la declaración de la máxima instancia judicial uruguaya hace que «cada vez son más los argumentos que juegan a favor de la anulación» y estimaron que «servirá para que más gente quiera la verdad».

Licandro manifestó que el Legislativo y el Ejecutivo ya se manifestaron en contra de la Ley de Caducidad y, ahora, con la decisión de la SCJ «hay un aporte más», si bien hizo hincapié en que se trata de un solo caso, el de la muerte en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray y que «no se puede aplicar a todos» por los que están luchando.

Los magistrados justificaron su decisión al argumentar que la norma, que evitó el enjuiciamiento de los militares y policías pero no así de los civiles que colaboraron con la represión, viola la separación de poderes y que no puede ser entendida como una ley de amnistía, pues no fue aprobada conforme a la Constitución.

http://www.publico.es/internacional/262434/montevideo/moviliza/ley/caducidad

 

 

 

El Mundo, 21-10-2009

Uruguay sale a la calle en contra de la ley que amparaba la represión de la dictadura

La Ley de Caducidad, inconstitucional, permitirá juzgar a los militares. Los opositores critican al Gobierno por crear un estado de opinión favorable

 

Efe | Montevideo

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucional la Ley de Caducidad facilita el camino a la anulación de esta norma que otorgó impunidad al aparato represor de la dictadura.

Jueces, políticos y víctimas de la dictadura han coincidido al señalar que el dictamen de inconstitucionalidad de esa ley que el martes declaró el máximo tribunal uruguayo sobre tres de sus artículos, abre las puertas a la revisión de más casos de violaciones de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985.

Esa era también la sensación en la masiva marcha que recorrió el centro de Montevideo para pedir el voto por el ‘si’ en el referéndum previsto para el próximo día 25, en coincidencia con las elecciones generales, en el que se pide la anulación de la controvertida norma.

La Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad convocó a decenas de miles de personas que tiñeron las calles de la capital de color rosa, el mismo de la papeleta que pide el fin de la norma, en el último acto de campaña previsto antes de la convocatoria a las urnas.

Para la nieta del poeta argentino Juan Gelman, Macarena Gelman, ella misma víctima de la represión de la dictadura uruguaya, esta decisión judicial es «un punto de partida». «Más allá de la declaración de inconstitucionalidad, es fundamental la expresión del pueblo uruguayo a favor de anular la ley», dijo Gelman.

Las palabras de Gelman también fueron mantenidas por la asociación de Hijos de Detenidos Desaparecidos (HIJOS), que en una rueda de prensa afirmaron que la decisión por la anulación «va más allá de lo político» y supondrá «un cambio cultural» en Uruguay.

A seis días de las elecciones

El fallo se produjo a seis días de que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir a sus nuevos representantes políticos y decidir en plebiscito sobre la anulación de la Ley de Caducidad, lo que ha sido criticado por los opositores por entender que hay intereses electorales de por medio.

Aunque la inconstitucionalidad se aplica para un caso concreto, «para el futuro puede tener mucha importancia», afirmó en una entrevista radiofónica la fiscal Mirtha Guianze. Esta magistrada y defensora de los derechos humanos lleva el caso que ha determinado la decisión del órgano supremo de la justicia uruguaya: el asesinato en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray.

Ésta es la primera vez que la máxima instancia judicial del país se pronuncia contra la norma, que impidió, desde su aprobación en 1986 y su refrendo en 1989 en un plebiscito, el enjuiciamiento de los militares y policías que participaron en la represión de los opositores a la dictadura.

La decisión de los jueces se suma a la postura contraria a la ley ya manifestada por los poderes Legislativo y Ejecutivo y marca de facto el fin de la Ley de Caducidad, al facilitar la presentación de nuevas demandas contra la misma. La aprobación de la Ley, indicó el fallo, «excede las facultades de los legisladores e invade el ámbito de una función asignada constitucionalmente a los jueces».

La oposición lo considera oportunista

En sus declaraciones a la emisora radial ‘El Espectador’, la fiscal Guianze insistió en que la actual Suprema Corte de Justicia «está actuando con total independencia», mientras que la que en 1988 respaldó la constitucionalidad de la Ley «estuvo sometida a muchas presiones».

Entonces, recordó, «había un desacato abierto de las Fuerzas Armadas que no concurrían a declarar y bajo esa presión se estuvo manejando toda la situación». El plebiscito coincidirá con las elecciones generales, en las que la coalición de izquierdas en el poder, el Frente Amplio, parte como favorita.

El Frente Amplio respalda la anulación de la Ley de Caducidad y ha sido acusado por los opositores Partido Nacional y Partido Colorado de crear un estado de opinión que favorezca a la izquierda.

Adriana Peña, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur y diputada del Partido Nacional, criticó el momento de la decisión de la Suprema Corte. «En este caso se mezclaron aspectos políticos en el fallo», al estar «tan cerca de las elecciones y con un plebiscito por en medio», dijo Peña.

En las filas de los principales partidos de la oposición no hay una postura oficial sobre el sentido del voto en torno a la Ley de Caducidad, con una mayoría de dirigentes contra la anulación, algunos a favor y unos terceros favorables de la libertad de sufragio.

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/21/internacional/1256090007.html