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Año 34 después de Franco. La ley no tiene memoria

El Progreso, | 20 noviembre 2009

Dos años después de su entrada en vigor, a la hora de aplicar la ley aparecen numerosas sombras y surgen no pocas críticas

 

20/11/2009 – Manu López

La muerte de Franco, de la que se cumplen 34 años, dejó muchas heridas abiertas en la sociedad española, a pesar de que el Caudillo afirmara en su testamento político que todo quedaba ”atado y bien atado”. Durante la Transición y las tres décadas de democracia posteriores se pasó de puntillas por la represión de la Dictadura y por la reparación de la memoria de aquellos que la sufrieron, hasta que un Gobierno se decidió a dar un paso en este sentido. En el año 2007 era aprobada en el Congreso la Ley de Memoria Histórica, con la intención de que ”la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos(…) en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia”.

Los avances realizados y las intenciones son positivas, pero, dos años después de su entrada en vigor, a la hora de aplicar la ley aparecen numerosas sombras y surgen no pocas críticas. Tal es así, que el vicepresidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías, asegura que ”la ley está hecha de cara a la galería y no está desarrollada. No es que se cumpla, salvo excepciones, sino que, no se cumple, salvo excepciones”.

Centrándonos en el caso concreto de Galicia la tónica general es muy similar a la del resto del Estado. El Catedrático de Historia Contemporánea de la USC, Lourenzo Fernández Prieto, señala que ”la aplicación de la ley es consecuente con su contenido. Tiene una lógica muy farragosa”. Esta postura es compartida por el historiador Dionisio Pereira que apunta que ”su contenido no satisface y la aplicación es muy lenta”.

La búsqueda del pasado

Muchos familiares de personas represaliadas por el régimen de Franco se encuentran enterrados en fosas comunes. Las asociaciones de Memoria Histórica llevan tiempo prestando su apoyo para la localización de los restos mortales de los familiares, pero las administraciones públicas no están dando los pasos necesarios para ayudar a los descendientes de los represaliados. ”Cuando un Gobierno autonómico te remite a Madrid, es que algo no funciona”, advierte Santiago Macías, al decirle que, para hacer este reportaje, en la Xunta de Galicia nadie quiso o nadie pudo hablar sobre esta lei. La respuesta es la misma si acudimos a la Delegación del Gobierno: ”Llama a Madrid”.

Recientemente, en Pontevedra fueron hallados dos cuerpos en una fosa común situada en la localidad de Curro. Castor Cordal y Ramón Barreiro, de 27 y 19 años son las personas que presuntamente yacían en ese lugar. Sus restos están siendo analizados en un laboratorio de Guadalajara por la ARMH para determinar el parentesco. Elena Barreiro, sobrina de Ramón Barreiro dice que ”quedamos contentos por el descubrimiento, porque llevamos 73 años sin saber nada de él”. Antonio Cordal, pariente de Castor, afirma que ”sabíamos que estaba allí, pero durante muchos años no fue posible sacar los restos porque no había apoyos”.

El apoyo del que habla Antonio no es el otro que el de la ARMH porque al preguntarle qué tipo de ayuda ha recibido de las administraciones públicas, la respuesta es ”ninguna. No han puesto ningún tipo de traba, pero ayuda tampoco. No sabemos a quien acudir, salvo a la ARMH”. Elena Barreiro también tiene claro este punto y sentencia que ”debería haber más ayuda por parte de las autoridades, deberían poner gente suficiente para buscar y dar un entierro digno a las personas que fueron asesinadas por esos verdugos”.

Para los historiadores, este punto es uno de los más criticables de la ley. Dionisio Pereira habla de una ”zafada de responsabilidades por parte del Estado, recayendo éstas en los ciudadanos. Esto es muy injusto. Tienen que hacer mucho trabajo las asociaciones y los familiares. La financiación no lo es todo”. Desde el año 2000 la ARMH es el principal organismo que se encarga de este tipo de trabajos. Santiago Macías considera que ”hay personas en un nivel y otras en otros. Las que estaban a la sombra del poder viven en el complejo de ser familiares de perdedores y de ser insignificantes. Esa insignificancia tiene que acabar”.

Cabe recordar que el artículo 12 de la Ley de Memoria Histórica habla de la elaboración de un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones. Además, propone la elaboración de un mapa de fosas, para la que se cuenta con la colaboración de las administraciones públicas, que dos años después no se ha realizado.

La personalidad jurídica de las víctimas

El artículo 3 de la ley declara ilegítimas las actuaciones de los jurados y tribunales que dictaron condenas durante la Guerra Civil y la Dictadura por motivos ideológicos, políticos o religiosos. Con respecto a esto el historiador Dionisio Pereira considera que ”la principal tara de la ley es no dotar de personalidad jurídica a las víctimas. No se aplican los principios del derecho internacional de reparación, verdad y justicia”. Asimismo, el historiador apunta los puntos en los que no se aplican estos principios: ”La reparación sólo es parcial, quedando fuera de las indemnizaciones muchas personas; la verdad se deja al libre albedrío de los historiadores o colectivos de memoria, cuando debería crearse una comisión de la verdad; la justicia debe pasar por la anulación de consejos de guerra y juicios para reparar la dignidad de los que fueron juzgados”.

Los familiares de las personas asesinadas por el Franquismo también reclaman la dignidad de sus muertos pero saben que ese reconocimiento, por lo menos con esta ley, no llegará. Antonio Cordal sabe que ”esas personas fueron asesinadas por tener ideaas contrarias al Franquismo y nos gustría que la dignidad de nuestros familiares fuera recompensada pero sabemos que es imposible”. El vicepresidente de la ARMH resalta una vez más la ”insignificancia” a la que los poderes públicos relegan a los represaliados y habla de un agravio comparativo porque ”a otros colectivos de víctimas no se les trata así. No se puede aplicar ese doble rasero y, además el colectivo de víctimas más numeroso es el de las de la Dictadura”.

http://elprogreso.galiciae.com/nova/43182.html