Ya sea por falta de dinero o de implicación, las asociaciones de memoria histórica no se muestran satisfechas con la actuación judicial

20/11/2009 – Manu López

 

La falta de apoyo de la administración pública en la excavación de fosas e identificación de cadáveres, así como el escaso reconocimiento de las víctimas, unido al lento y poco coordinado proceso en la retirada de la simbología del régimen hacen pensar que la ley no está cuajando. En otro importante ámbito, el judicial, tampoco se están dando los pasos necesarios para que se produzcan avances. Los juzgados son los encargados de tramitar las peticiones de reparación de los represaliados, además de tener la responsabilidad de autorizar la apertura de fosas.

El presidente de Jueces para la Democracia en Galicia, Luis Villares, dice que los jueces se limitan a »respetar la legalidad». Además, señala que el proceso de tramitación de documentos de reparación »no está dando demasiados problemas». Villares además defiende la aplicación de la ley porque »pretende reparar la dignidad de las víctimas. Eso no debería molestar a nadie». Su única queja es la falta de recursos económicos porque »falta dinero para ejecutar las diligencias que necesita esta ley».

Ya sea por falta de dinero o de implicación, las asociaciones de memoria histórica no se muestran satisfechas con la actuación judicial. En el caso de la fosa de Curro (Pontevedra), por ejemplo, Santiago Macías asegura que no tuvieron noticias del juzgado. »Se personó la policía judicial que debió informar al juzgado de Caldas de Reis. Les parecería muy bien lo que hicimos, pero no se hicieron cargo de los restos», apunta Macías. Y recuerda que »la ley de enjuiciamiento criminal dice que cuando aparecen restos humanos tiene que haber presencia judicial, que es quien determina la procedencia de los restos. Aparecen cadáveres en las cunetas y no hay ningún juez. Me parece una dejación de funciones escandalosa». Además de las funciones, el vicepresidente de la ARMH apunta al lado humano de la cuestión porque »saber que hai restos de familiares de personas en un sitio y no ayudarlas a sacarlos de ahí no sólo es irresponsable, también inhumano».

 

El peligro de intervenir en la Historia desde un tribunal

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, abría en 2008 una investigación para esclarecer responsabilidades de los crímenes de la Dictadura, lo que le valió una acusación por prevaricación interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias. El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso del sindicato, además de rechazar la asunción de competencias para investigar los crímenes.

Este caso puede explicar la prudencia o la »falta de responsabilidad» de los jueces a la hora de abrir diligencias por procesos relacionados con la represión franquista. Luis Villares considera que »estar vigilados forma parte de nuestro trabajo» y opina que lo sucedido con Garzón »es positivo porque con ello se creó un debate público, además de demostrar que en nuestro colectivo no hay impunidad».

La perspectiva histórica de la actuación judicial apunta otras razones que pueden explicar la falta de implicación de los tribunales. Para Fernández Prieto es »evidente que hay un problema en la aplicación de la jurisprudencia porque hay una continuidad de los procesos anteriores». Para Santiago Macías el poder judicial »es un mundo politizado y bastante conservador. No es el acusación contra Garzón lo que bloquea el proceso, sino una intención por parte de la judicatura de no tocar este tema». Además, Macías está convencido de que »ante la falta de desarrollo de la ley se opta por archivar todas las actuaciones y dar carpetazo al asunto».

Una herencia difícil

Los historiadores apuntan que tanto el texto de la ley como las actuaciones posteriores de los poderes ejecutivos y judiciales está, en buena medida, sujeta a no violar ciertos principios de la Transición a la democracia realizada en España tras la muerte de Franco. Dionisio Pereira apunta a la Ley de Amnistía de 1977 como un obstáculo fundamental al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Asegura que es »imposible» llevar adelante la segunda sin derogar la primera.

Si el Franquismo realizó un rápido ‘reseteado’ para borrar los vestigios republicanos cuando se produjo el cambio de régimen, las instituciones democráticas después de morir el dictador no siguieron esa misma política. Pereira advierte que »Franco hizo una política de memoria muy intensa, que contrasta con la tibieza de lo que ocurrió en el Estado español a raíz de la Transición». »La memoria democrática sigue estando como de prestado», sentencia.

Por su parte, Santiago Macías está convencido de que »la ley puede cuestionar la indulgencia de la Transición. Siempre se dice que se hizo lo que se pudo; yo no lo dudo pero no significa que se hiciera bien». El vicepresidente de la ARMH opina que »una transición a la democracia no puede hacerse a base de olvido, reciclando a franquistas acérrimos para convertirlos en demócratas de toda la vida». Para el Catedrático de Historia, Lourenzo Fernández Prieto es evidente que »la historia no se puede legislar pero sí está sujeta a debate». Y Macías quiere incidir en que »la Transición puede cuestionarse. En otros países se han cuestionado procesos similares y no ha pasado nada».

Las heridas abiertas del pasado, sus consecuencias en el presente y el desarrollo futuro de la ley son las cuestiones que están pendientes. Dionisio Pereira cree que la superación de los obstáculos existentes pasa por »una segunda transición donde el Franquismo sociológico sea vencido políticamente».

 

http://www.galiciae.com/nova/43223.html