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La razón en la política

Gregorio Peces Barba. El País, | 12 noviembre 2009

Hay que hacer, sin dudar, todo lo que es todavía posible: anular las condenas del franquismo, basadas en leyes aplicadas retroactivamente por tribunales ilegales….

Después del impresentable irracionalismo político del franquismo, la política en España recuperó un tono y una impronta mucho más racionales y razonables. La Constitución de 1978 fue la culminación de esa racionalidad y no deben ser consideradas algunas descalificaciones radicales de aquel esfuerzo ingente de personas, con más ambición que presencia real en aquellos tiempos, o que llegaron después sentando cátedra desde sus orígenes norteamericanos de legitimidad. Incluso algunos que descalifican a la Transición, estaban, al final del franquismo, cuando todas las ayudas eran pocas, atrincherados en un temor que les paralizaba, poco coherente con levantar hoy la voz como profetas de la libertad y la igualdad, dando lecciones a todos y especialmente a quienes con gran esfuerzo y sacrificio hicimos la Transición y la Constitución.

Creo que hicimos casi todo, devolviendo la racionalidad a la vida pública y que es manifiestamente injusto sostener que en realidad fortalecimos al franquismo, con desdén, desprecio y falsedad como dicen esos “apóstoles” de una “verdadera transición”. Tienen una visión paranoica, inventada y poco creíble de estos años, sufriendo por un protagonismo que no tuvieron, que se confunde con un negacionismo y un catastrofismo que niega la realidad.

Creo que no tienen futuro, y que no serán nada en la cultura política y jurídica democrática. Sólo nos quedó algo sin hacer: el reconocimiento a todos los republicanos muertos, encarcelados, o exiliados, sin haber cometido ningún hecho delictivo, sólo castigados por sus ideas. Entonces era imposible, se puso el contador a cero y esa decisión generó injusticia y trato desigual. Los que sufrieron persecución injusta en el bando franquista fueron compensados con largueza después de la guerra, cubriendo con la razón de aquellos castigos, otros injustos, sin fundamento penal contra leales servidores de la República. Sin embargo, esta desigualdad, este desequilibrio de justicia no se ha superado y ahora, la reparación cuenta con un paso del tiempo que hace imposible, por ejemplo, la sanción penal. Es verdad que la Ley de Memoria Histórica llega tarde, porque no aprovechamos en ese ámbito la gran victoria de 1982. Se ha esperado más de 20 años, seguro que por una prudencia exagerada de los Gobiernos socialistas. Pero no puede este retraso ser motivo para no hacer nada. Hay que hacer, sin dudar, todo lo que es todavía posible: anular las condenas del franquismo, basadas en leyes aplicadas retroactivamente por tribunales ilegales, enterrar dignamente a los muertos, aún sepultados por cunetas, caminos y parajes de todo tipo, y devolver la dignidad moral a todos aquellos perseguidos sólo por sus ideas y por ser enemigos sustanciales del franquismo. También hay que reconocer a este Gobierno su impulso al tener y reclamar su protagonismo para reparar en lo posible el silencio y al olvido que ha acompañado a los perdedores de la Guerra Civil, aunque tenían la razón pero no la fuerza, como sostuvo con valor Miguel de Unamuno.

La recuperación de la razón que nos trajo la democracia y la Constitución, al cabo de 30 años, debe ser mantenida por las instituciones, por los partidos políticos y por la sociedad civil. Es verdad que han sido los años de convivencia, libre y democrática más largos y más fructíferos de nuestra historia, pero no son años exentos de peligros y de enemigos. El terrorismo y la corrupción son quizás los más vivos y los más destructivos para el sistema. Creo que con el terrorismo se han profundizado los remedios, y tras los intentos de todos los Gobiernos de buscar pacificaciones que trajeron paz y abandono de armas, existe un consensus omnium, un consenso de todos, para atajar sin respiro a esos grupos de asesinos, con la firmeza y la contundencia de la Ley y del Estado de derecho.

La corrupción ha dado, en los últimos tiempos, signos de fortaleza y de desarrollo preocupantes y que no auguran nada bueno. La acción conjunta de instituciones y poderes públicos, de partidos políticos y de ciudadanos tiene que actuar en diversos escenarios, desde una unidad de acción en la que no caben aprovechamientos de acciones producidas desde los adversarios políticos, ni mucho menos cerrar los ojos ante las corruptelas propias, o usar el “tú más” para disculparse. Las medidas imprescindibles, solidarias y totales podrían ser las siguientes:

a) Expulsión inmediata de los corruptos o presuntos corruptos de las instituciones que han utilizado para sus fechorías. Tolerancia cero y condena, de los propios y de los adversarios.

b) Pacto de no utilización de los hechos de corrupción para desviar la composición política de la institución concernida, modificándola con personas decentes y honradas.

c) Modificación de toda legislación que facilite la corrupción en el campo del urbanismo y de la vivienda y en cualquier otro que permita zonas de arbitrio, demasiado abiertas para manipulaciones, en municipios, comunidades autónomas, o poderes públicos estatales.

d) Establecimiento de órganos de control eficaces para controlar a los núcleos de decisión a todos los niveles.

e) Prohibición de aplicaciones presupuestarias sin control de organismos externos a los competentes directos de la autorización de pagos.

f) Transparencia total de todas las unidades de gasto, y disposición pública de todos sus gastos.

Estas medidas y otras que se establezcan con las mismas formalidades deben contar con el apoyo y la vigilancia de la policía y de los jueces. Debe variar la mentalidad de muchos miembros de la autoridad judicial que tratan con excesiva blandura a estos delincuentes económicos de altos vuelos que no deben contar con ningún privilegio y que si lo defraudado es importante deben permanecer normalmente en situación de prisión provisional. Deben ser observados con desconfianza aquellos jueces que no demuestren excesivo rigor en este tipo de delitos. Una política de apoyos mutuos debe acompañar a este gran pacto contra la corrupción, sin subterfugios ni ventajas sobrevenidas. Es profundamente inmoral esperar que se estrelle el adversario, convirtiéndole en enemigo a destruir. Especialmente el PSOE y el PP deben encabezar ese movimiento de regeneración, sin trucos, sin búsqueda de beneficios espúreos. Sería un ejemplo de racionalidad para la moralización de la política y para la recuperación del prestigio de los políticos, imprescindible para el impulso de patriotismo constitucional y para la propia credibilidad de España como país.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/razon/politica/elpepiopi/20091112elpepiopi_4/Tes?print=1