La mayoría de familias se conforma con dignificar las zonas de enterramiento

 

L. DEL POZO – BARCELONA –

Catalunya empieza a decidir en enero el futuro de las fosas donde yacen las víctimas de la represión franquista. La treintena de solicitudes al respecto recibidas por la Generalitat hasta ahora provienen de personas que quieren saber qué pasó en esos lugares, aunque fuentes de la Conselleria de Interior explican que la mayoría de peticiones se conforma con dignificar la zona y no pide la exhumación.

El motivo es sencillo. En Catalunya la represión franquista llegó tarde a finales de 1938 y hubo resistencia por parte de la República. La mayoría de los cadáveres enterrados en las fosas pertenecen a soldados, no a civiles como en Andalucía o Extremadura, donde al inicio de la contienda la represión franquista fue fortísima y se asesinó de forma generalizada en cada pueblo y en cada barrio, de modo que todo el mundo sabía dónde habían matado a su pariente .

«El vacío de tanto tiempo sin saber dónde está el familiar hace que la certeza de conocer por fin el lugar sea suficiente y, en muchos casos, no sientan la necesidad de exhumar», explica la historiadora Queralt Solé.

El Comité técnico para la Recuperación y la Identificación de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista en Catalunya se reunirá por primera vez en enero para decidir qué hacer con cada fosa, según las circunstancias y el estado de los restos.

El Parlament aprobó el pasado junio la Ley de Localización, Identificación y Dignificación de las fosas comunes de la Guerra Civil y la represión franquista. La Generalitat nombró luego a un Comité de expertos para que evaluara la conveniencia o no de exhumar cada fosa.

Falsas esperanzas

Los integrantes del Comité son antropólogos, historiadores, miembros de asociaciones de víctimas y juristas. Su objetivo, explica María Jesús Bono, directora general de Memoria Histórica de la Generalitat, es hacer las intervenciones lo más científicas posible, de forma que se evite decepcionar a los familiares. «¿Sabes cuánta frustración se genera cuando en una fosa no se encuentra nada?», resume Solé, miembro del Comité.

En Catalunya, la ley dicta que la recuperación de la memoria histórica es obligación de los poderes públicos, a diferencia de la norma española, que otorga subvenciones pero deja la iniciativa en manos de particulares o asociaciones que, en algunos casos, no están en condiciones de aplicar todo el rigor científico deseable en las exhumaciones, según opina Bono.

La Junta de Andalucía tuvo que redactar el verano pasado un protocolo para «racionalizar» la exhumación de sus fosas.

La Generalitat dispone del censo de desaparecidos

Otra norma

Catalunya no se rige por la Ley española de Memoria Histórica , sino que tiene una norma propia: la Ley del Memorial Democrático y la Ley de Fosas.

El censo

Según la Ley de Fosas, todo ciudadano tiene derecho a saber qué pasó con sus familiares durante la Guerra Civil y la represión franquista. Por eso se creó el Censo de los Desaparecidos. La Generalitat ha recibido 3.300 solicitudes de personas que quieren saber cómo y dónde murieron su padre o su abuelo. Se han contestado 900, aunque no siempre se averigua qué pasó exactamente.

Condiciones

Para que el Govern sufrague la apertura de una fosa común, deberá pedirlo primero algún familiar o una entidad dedicada a la recuperación de la memoria histórica; luego, un comité técnico deberá dar su visto bueno, tras comprobar que hay pruebas documentales; y en último lugar, la Generalitat decidirá.

Ensayo en Gurb

El protocolo de las exhumaciones se ensayó en una fosa común en Gurb (Barcelona) hace un año. A partir de los restos humanos hallados en la zona, se identificó a cuatro soldados republicanos de Gavà desaparecidos durante la Guerra Civil. El proceso costó 60.000 euros.

http://www.publico.es/espana/282101/catalunya/decide/destino/treintena/fosas/reclamadas