Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla–La Mancha, Cataluña, Extremadura y País Vasco tratarán de ubicar a casi 78.000 desaparecidos

 

Madrid.- A las cuatro y media de hoy está prevista la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla–La Mancha, Cataluña, Extremadura y País Vasco, para la confección del mapa de fosas comunes de la guerra civil y el franquismo.

Esta iniciativa se enmarca en la Ley de Memoria Histórica de 2007 y su propósito es localizar las fosas comunes y crear una base de datos en la que se incluya no sólo su ubicación, sino también sus características y trabajos realizados en ellas, así como la identificación de los restos mortales que albergan, en el caso de que éstos hubieran podido ser identificados.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han excluido de este acuerdo, a pesar de que algunas de ellas como la Comunidad Valenciana Madrid o Castilla y León, eran el lugar de residencia de muchos de los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura de Franco.

Se calcula que en las ocho comunidades autónomas firmantes del acuerdo podría haber enterrados más de 80.000 de los desaparecidos reclamados en algún momento por sus familiares. En septiembre de 2008, los colectivos de familiares y diversas asociaciones por la recuperación de la memoria histórica entregaron al juez Garzón la documentación relativa a 143.353 desaparecidos en toda España, como consecuencia de la guerra civil y la posterior represión franquista. Esta cifra convierte a nuestro país en el segundo del mundo en número de desaparecidos por motivos políticos, por detrás de la Camboya de Pol Pot.

De estos 143.353 desaparecidos, 10.178 corresponden a la comunidad autónoma de Aragón, de los cuales 6.779 están reclamados en la provincia de Zaragoza, 2.061 en la de Huesca y 1.338 en la de Teruel.

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