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La política pública y memoria histórica (y el lugar de las víctimas en la misma)

Joxe Iriarte, Bikila. Rebelión, 15-01-2010 | 15 enero 2010

El cúmulo de desvaríos iniciado con la denominada Ley de la Memoria continuó con la comedia protagonizada por Garzón para que se visualizase la imposibilidad de una solución jurídica

 

 

El 17 de noviembre la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en colaboración con la asociación Lau Haizetara Gogoan, responsable de la edición del libro Comisión de la verdad de Euskal Herria, nos ofreció a los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, partidos y personas interesadas en el tema de la memoria historia la posibilidad de escuchar y debatir sobre distintos aspectos del tema: el de las fosas y exhumación de cadáveres, el análisis de las políticas estándar en materia de memoria histórica y su aplicación al caso vasco, los casos latinoamericanos y el papel de los movimientos sociales y, por ultimo, el análisis de la Ley de la Memoria Histórica. Retuve particularmente:

• La historia de las inhumaciones. El comienzo en los albores de la Transición (1976-77) y el parón posterior (1982, año del Tejerazo que a muchos les hizo temblar), para retomar impulso hacia el 2002, y el espectacular salto posterior. Los ímprobos esfuerzos por parte de familiares y asociaciones y los no pocos obstáculos por parte de la propia administración de Justicia (por ejemplo, del juzgado de Gernika) para lograr los permisos de exhumación y comprobación de la identidad de los cadáveres. Y las presiones y amenazas («¿queréis abrir viejas heridas?», se les espeta aún hoy), allá donde el peso de los conservadores y filofranquistas sigue siendo determinante.

• Los cambios de actitud de determinados gobiernos sudamericanos, los cuales una vez pasados los primeros años de transición, y presionados por familiares, movimientos populares y organismos de justicia, han derogado leyes de amnistía y llevado ante la justicia a torturadores, asesinos y represores, y sectores de la trama económica que les acompañaba.

• La confirmación de que el Reino de España firma todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pero apenas los cumple posteriormente. Y, sobre todo, la constatación de que la Transición española no cumplió con ninguno de dichos preceptos que internacionalmente son considerados como básicos en materia de reconstrucción de la verdad, reparación de las víctimas y justicia para casos de genocidio, dictaduras y demás regimenes represivos… La Ley de Amnistía de 1976 y la posterior de 1977 ocultaron la verdad, burlaron la justicia con un autoamnistía y muchas menos reparaciones. Ni una peseta incautada se devolvió a particulares.

• La afirmación de que, desde el punto de vista jurídico, el Estado Español es responsable subsidiario (en cuanto Estado continuador) y que, sin embargo, según la Comisión de la Verdad de Euskal Herria, “privó de recursos efectivos para alcanzar la verdad, justicia y reparación a numerosas víctimas de la guerra civil y del franquismo, lo que constituye una segunda vulneración de derechos internacionalmente reconocidos, situación que se ha prolongado en el tiempo, más allá de la transición hasta la actualidad”. El concepto de Estado continuador es un concepto clave, pues retrotrae a la ausencia de ruptura democrática, y al falseamiento presente en la historiografía oficial que, a pesar de alabar el tránsito mediante consenso, en realidad nos presenta al Reino de España o estado de las autonomías como un nuevo Estado (nacional), sin pasado colonial, sin su complicidad con la Iglesia más conservadora y las clases más reaccionarias, sin que haya roto un plato en materia de asimilación forzada de lenguas, culturas y nacionalidades. Y, sobre todo, sin ninguna responsabilidad con su reciente y sanguinario pasado, si el bien el traumático recuerdo de éste ha sido utilizado profusamente en los momentos precisos.

LA FRIVOLIDAD DE LAS INSTITUCIONES. Leo un articulo de José María Pedreño (Federación Estatal de Foros por la Memoria), que viene totalmente a cuento, y sobre lo cual poco puedo añadir de cosecha propia: “ El cúmulo de desvaríos iniciado con la denominada Ley de la Memoria Histórica (de la vergüenza histórica, como la denominamos las asociaciones), continuó con la comedia protagonizada por Garzón -posiblemente en alianza con el Ejecutivo- para que se visualizase la imposibilidad de una solución jurídica coherente con el Derecho Penal Internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sólo se visualizase la famosa Ley como logro del Gobierno; siguió con los protocolos de exhumaciones articulados por diversas comunidades autónomas, dando a los republicanos españoles el mismo tratamiento arqueológico que a los restos antropológicos de Atapuerca (…) No se trata de redactar y aprobar una ley más o menos, o de un protocolo más o menos, sino de aplicar de una vez por todas la legislación existente, tanto a nivel nacional como internacional. La denominada Ley de Memoria es incompatible con un estado democrático y no tiene enmienda posible. Sólo una Ley que observase escrupulosamente le legislación internacional y la jurisprudencia existente al respecto podría ser aceptable. Con todo, y con eso, si de verdad hubiera voluntad política y seriedad por parte del poder judicial, tampoco sería necesaria la citada ley. Tan sólo serían necesarias normas que regulasen ciertos aspectos relacionados con la Memoria Democrática (…) Sabemos que conseguir Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo lleva aparejado declarar ilegal el franquismo, incluida la transición (última gran obra de los franquistas con la complicidad de una buena parte de las direcciones de los partidos democráticos). Y estos logros de la transición no son otra cosa que un reparto de poder y riquezas entre franquistas y aparatos partidistas”.

La defensa de la verdad, la justicia y la reparación (y las garantías de que no vuelva a ocurrir) pone en tela de juicio el pacto de silencio que presidió la Transición, y el chantaje existente no sólo en el ámbito jurídico y político sino también social. Por ello, a diferencia del caso de las víctimas de ETA, no interesa que, a pesar de los 30 años de retraso, esté en primera página de la agenda política. Ni que sea abordado en toda su dimensión por parte de las clases dirigentes (buena parte de ellas surgidas al socaire del latrocinio franquista) y los gobernantes (buena parte de los cuales son herederos del nacional-catolicismo), ni se socave el status quo (que teme, que al hurgar en la historia, ni la monarquía como institución al servicio de las clases pudientes ni el rey como persona ungida por Franco salgan muy favorecidos en relación a la traicionada Republica y los 40 años de dictadura) . Cuenta Vicenç Navarro (que no es ningún radical de izquierdas): “A mi regreso a España, me sorprendió la tergiversación que se había dado a la historia reciente de nuestro país, y muy especialmente de la República, del porqué del golpe de Estado del Ejército liderado por el general Franco, y de la dictadura que éste instauró”.

La frecuente y recurrente crítica de “connivencia, debilidad o enfermedad moral respecto al terrorismo” que desde distintos sectores se realiza contra el nacionalismo y el clero vasco y, por extensión, sobre la mayoría social vasca, es de un cinismo notable, ya que parece haber olvidado cómo ha respondido la mayoría social española en lo relativo a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, y, sobre todo, respecto de una transición que no purgó ni depuró ni el Ejercito (al cual se le asignó el papel de garante de la unidad patria) ni las Fuerzas de Seguridad del Estado, dirigidas hasta los 90 (cuando las dejaron por jubilación, después de ser homenajeados, premiados y ascendidos) por los mismo que dirigieron la represión franquista… Y cómo afectó todo ello en la memoria colectiva: mientras en Euskal Herria el sentimiento de frustración era mayoritario, en buena parte del Estado la impresión era de satisfacción. Satisfacción que incluía borrón -pero sólo para algunos- y cuenta nueva.

Un interesante reportaje de Público revela el porqué de las escasas obras de teatro que retratan la guerra civil, el franquismo y la represión perpetuada durante la dictadura. Si una parte de la responsabilidad es atribuible a la desmemoria reinante entre los autores, no carece de importancia el hecho que denuncia la actriz Ana Trinidad de que, al día de hoy (2010), haya “municipios que no consiguen superar el miedo que les atenaza y deshacerse de la mordaza con que llevan conviviendo tantos años. Los ayuntamientos que temen que los verdugos se sentirían molestos”.

PACTO DE SILENCIO. Lo dijimos hace treinta años, y hay que volver a reafirmarlo: la transición española estableció un verdadero pacto de silencio en torno a los verdugos, presentes en los más altos estamentos del Estado y de los poderes económicos. Y además, posteriormente, se trasladó el modelo a Latinoamérica, si bien en la actualidad, gracias a la tenacidad y fuerza moral de los familiares de las víctimas, empieza a ponerse en tela de juicio la impunidad de políticos, militares, policías y torturadores, los cuales empiezan a ser juzgados y encarcelados, o al menos denunciados frente a sus propios domicilios.

Sin embargo, como señala con toda justeza Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política de la UCM,“en nuestra ejemplar Transición, coronada con una Constitución monárquica que normaliza la institucionalidad franquista, ninguno de los responsables del régimen represor ha tenido que responder ante la Justicia […] Algunos intelectuales orgánicos del nuevo régimen niegan que haya habido pacto de olvido. Pero cuando desde los poderes del Estado se reafirma, una y otra vez, un espíritu de la Transición, no podemos dejar de interrogarnos sobre esta prolongada operación de manipulación simbólica y discursiva, orientada a contrarrestar la emergencia pública y política de los discursos de quienes cuestionan unos consensos nítidamente conservadores sobre diversos aspectos de nuestra vida en común.

»[…] La defensa de la Transición y la Constitución se ha convertido en un modus vivendi, donde los epígonos de los grises héroes institucionales lograron apartar de nuestra vida pública a los antifranquistas que en la calle lucharon por acabar con la dictadura, para ocupar ellos, en exclusiva, el panteón de los padres de la democracia. […] La ejemplaridad del relato hegemónico está basada en la ignorancia de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas educados tras la muerte del dictador, que no han aprendido en sus centros de enseñanza nada o casi nada acerca de las atrocidades del franquismo. Esto ha sido una política de Estado que oculta tanto la dictadura como las dejaciones de los padres de las Constitución. Como ha dejado en evidencia Amnistía Internacional, España es el segundo país en número de desaparecidos del mundo y uno de los peores en formación de derechos humanos.

»[…] Mientras tanto, en nuestras ciudades y pueblos agonizaban en silencio, sin reconocimiento público, los hombres y las mujeres que deberían ser el espejo ciudadanista en el que se mirase nuestra sociedad. Estigmatizados por el miedo del se había significado políticamente, caían de nuevo en las cunetas de la historia”.

REPARACIÓN ES DEVOLUCIÓN. Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Salamanca, trae a colación un tema tabú donde los haya: la restitución de botín de guerra franquista. “Nuestros victoriosos cruzados patrios que, efectivamente, hicieron correr la sangre por las calles de toda España […] utilizaron los resortes del nuevo Estado, la absoluta impunidad que el mismo les brindaba, para robar, durante años, a las familias de quienes habían defendido nuestra República.

»Al igual que los propios nazis, apropiaciones de inmuebles, de tierras, de instalaciones industriales, de obras de arte y otros bienes, requisas coactivas de papel moneda, imposición arbitraria de tipos de cambio abusivos en zonas fronterizas y explotación empresarial de mano de obra esclava […] La amnistía y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las víctimas a reparación […] Lo que no sólo es aplicable a la restitución del patrimonio histórico de partidos y sindicatos, como sí que hemos hecho, sino también al patrimonio de las familias perseguidas. Fuera de España casos como el de la Ley de restitución de tierras a los descendientes de sus legítimos propietarios hecha por el presidente Mandela en Sudáfrica tras el apartheid –incluida la expropiación a las familias blancas que se beneficiaron del robo a partir de 1913 y la creación del tribunal especial de reivindicación de tierras–, son otro buen recordatorio.

»[…] A los empresarios de Franco, en cambio, el negocio les salió redondo y nadie les ha pedido, todavía, responsabilidades por las distintas violaciones de derechos humanos de los esclavos de Franco –prisioneros de guerra con derechos, según la Convención de Ginebra de 1929– y de cuya explotación sacaron, ilegalmente, buen provecho, tal y como queda de manifiesto en el punto 67 del Balance de Crímenes denunciado por el Consejo de Europa en 2006 […] Los responsables del franquismo, al igual que los del nazismo, fueron en primer lugar genocidas, sí, pero también fueron ladrones. Y nuestro Estado de Derecho no puede reconocer validez jurídica alguna a ninguno de sus crímenes, ni a su posterior saqueo del país. No podemos seguir llamando derecho al botín de guerra […] Todo ello debe dejar de engrosar las cuentas de las familias de los genocidas para pasar a los descendientes de sus legítimos propietarios: víctimas robadas y exterminadas por haber sido defensores de la Constitución y la República española, dejadas de lado por nuestra transición”.

UNA REFLEXIÓN NADA COLATERAL. “Verdad, justicia, reparación”son derechos inalienables que no deberían estar sujetos a pactos políticos previos. Lo cual no significa que, por diversas razones, no puedan establecerse pactos y consensos que establezcan posteriores amnistías, perdones o lo que fuera necesario para restañar las heridas generadas en los distintos conflictos.

Uno no puede sino alegrarse de que en el caso de las víctimas de ETA, los mencionados derechos estén plasmándose en leyes, políticas activas y, sobre todo, ganando terreno dentro de la sociedad vasca, si bien ello no supone forzosamente conformidad o acuerdo con el contenido de la ley y su aplicación por las instituciones, y con la actuación de determinados partidos y determinados colectivos de víctimas. Tras los conceptos verdad, justicia y reparación, se está defendiendo un tipo de verdad, de reparación y de justicia unilateral e interesado.

Dos ejemplos. Estar en contra de que asesinen guardia civiles no implica estar a favor de dicho cuerpo militarizado y de siniestra memoria –que, según Federico García Lorca, “tenía de plomo las calaveras”, y que por afirmar tal cosa perdió la vida-, y que a mi modo de ver debería haberse disuelto o, por lo menos, depurado de arriba abajo durante la transición, y mucho menos enaltecer su labor represiva. El concepto de víctima del terrorismo se utiliza para un tipo de víctimas: las de ETA. Las actuaciones parapoliciales no entran en dicha categoría, incluso cuando existen responsables oficiales juzgados y condenados. El propio Estado convertido en terrorista, como fue el estado franquista, no es definido de tal forma.

Un estado terrorista del cual es legalmente subsidiario el actual… lo cual le convierte en deudor de todas las víctimas de la guerra civil y la represión franquista. Coincido con la Comisión de la Verdad de Euskal Herria, cuando denuncia que la “ Ley de Víctimas del Terrorismo (2008, del 19 de junio) parte de la definición del concepto terrorismo parcial, excluyente y en contra de la definición recogida en la legalidad y jurisprudencia internacional, en la que el terrorismo de Estado, independientemente de las circunstancias históricas y socio-políticas en las que se haya desarrollado, está perfectamente tipificado y es considerado, además, imprescriptible. Estos dos aspectos que están ausentes en el contenido de la ley, están nítidamente contemplados en el estatuto de Nuremberg y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional de la Haya”(editado por Lau Haizetara Gogoan).

Tal enfoque, que exalta y proyecta a los altares del martirio a un tipo de víctimas, convirtiéndolas en protagonistas principales, por no decir únicas, del momento, a la vez que se sigue minimizando, ocultando o ninguneando otras víctimas (cuando no se las insulta por querer revivir un pasado a olvidar), no se da por casualidad. Un ejemplo claro es la decisión de crear un parque de la memoria en todos los pueblos y llevar el tema de las víctimas a las escuelas. ¿Existe algo similar en lo relativo a las víctimas de la guerra civil y el franquismo? La defensa de la víctimas de ETA, además de ser de justicia (como de justicia es también denunciar la labor que bastantes de ellos, enrolados en las fuerzas policiales, llevaron a cabo represión y la tortura) cuadra perfectamente con la defensa del sistema, y viene al pelo para equiparar el rechazo a ETA con la defensa del status quo. Incluso se utiliza el rechazo a ETA para justificar el TAV, bautizado por algunos como tren de la libertad. Estoy por ver la bandera tricolor de la república española ondeando en los monumentos oficiales por las víctimas del terrorismo. Desde el consenso institucional sobre las víctimas no cabe afirmar: «ni con el Estado ni con ETA».

¡Viva la Republica! Por lo menos, la de mis sueños…

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=98714