Comunicado del Seminario Internacional de Derecho y Memoria Histórica
Universidad Carlos III de Madrid. En relación con el procesamiento del juez Garzón
La imputación contra el Juez Garzón por delito de prevaricación y la inmediata suspensión de funciones que se prepara ponen a la democracia española ante una triste realidad: el único perseguido penalmente en relación con los crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista (persecución, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas) es el titular del Juzgado Central de Instrucción. 5 de la Audiencia Nacional (Garzón), que fue el único juez que inició una investigación para su depuración.
El auto del Juez Instructor Varela desprecia esta terrible realidad y se inscribe en la secuencia de actos políticos consumados desde los últimos años de la dictadura y la transición para garantizar la impunidad de los criminales y para impedir el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del inmenso daño sufrido por las víctimas. Son crímenes de Estado. Esta actuación desconoce la legalidad internacional que obliga al Estado español, también a sus tribunales, a proteger a las víctimas frente a las más graves violaciones de los derechos humanos.
Denunciamos la incapacidad que ha demostrado el Estado español para resarcir y dignificar la memoria de los represaliados por el franquismo y de los defensores de la República, de los derechos humanos y de la legalidad democrática. Por ello denunciamos la resolución del Juez Luciano Varela como un acto contrario a la cultura democrática y a los derechos humanos, porque una vez más se vuelven a despreciar los sentimientos de las víctimas de la represión.
Rafael Escudero Alday, Ramón Sáez, José Antonio Martín Pallín, Amaya Olivas, Josefina Cuesta, Francisco Etcheverría, Manuel Álvaro, Mirta Núñez Díaz-Balart y Francisco Espinosa Maestre.
