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Garzón recurre el auto del Supremo por ‘insostenible e incomprensible’

El Mundo.es, 10-02-2010 | 11 febrero 2010

Le acusa de usar ‘calificativos peyorativos’ sin base legal. Pide que declaren juristas internacionales que juzgaron delitos similares

 

ELMUNDO.es 10/02/2010

El juez Baltasar Garzón ha recurrido hoy ante el Tribunal Supremo el auto del magistrado Luciano Varela, que rechazó archivar la causa abierta contra él por prevaricación por investigar las desapariciones del franquismo. El magistrado de la Audiencia Nacional replica que sus argumentos son “insostenibles”, “incomprensibles” y sin fundamento jurídico.

Varela reprochó la pasada semana a Garzón que impusiera su voluntad por encima de la de las leyes de amnistía y memoria histórica aprobadas por las Cortes democráticas, normas que “decidió conscientemente ignorar u orillar” con la pretensión de controlar las exhumaciones de restos en fosas comunes.

Ahora, Garzón replica que Varela le ha imputado por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) sin ningún tipo de base legal y utilizando únicamente “una sucesión de calificativos peyorativos”.

El recurso, que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, ha presentado ante la sala de lo penal del TS, alega que dicho auto “resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal”.

“No basta estar en desacuerdo para acusar a un magistrado de prevaricador”, señala el recurso de Garzón. El escrito acusa igualmente a Varela de tener “una idea preconcebida que le impide analizar los hechos con objetividad”.

Pide que declaren expertos juristas internacionales

El letrado solicita la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la declaración de varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que, de algún modo u otro, han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad. Entre ellos destacan la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley de Punto Final que impedía juzgar a los represores del país suramericano.

También solicita la declaración de Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que en 1999 procesó a Augusto Pinochet y ordenó exhumaciones de víctimas del dictador, y de Hugo Relva, coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional. A estos se añade la petición para que declaren varios catedráticos penalistas, todos ellos como testigos, para aclarar la aplicación de las normas del Derecho Penal Internacional en la persecución de los crímenes contra la humanidad.

Solicita además que declaren representantes de las Asociaciones de Memoria Histórica, varios magistrados de la Audiencia Nacional que defendieron jurídicamente sus decisiones, el fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, entre otros.

Garzón tiene una segunda querella en el Supremo

Los problemas de Garzón en el Supremo se acumulan. A esta querella por prevaricación por sus diligencias abiertas en los crímenes del franquismo, se suma una segunda causa por cohecho. Es decir, por delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de la función judicial, informa María Peral.

El pasado 28 de enero, una resolución de la Sala Penal del Supremo abrió un segundo proceso al juez de la Audiencia Nacional por el dinero que solicitó personalmente y obtuvo del entonces BSCH para financiar unos coloquios que moderó en la Universidad de Nueva York. Tras su regreso al Juzgado, Garzón archivó una querella contra los directivos del banco.

La mayoría del CGPJ, partidaria de que deje la Audiencia

Precisamente ayer, se iniciaron los trámites para apartar a Garzón de la Audiencia Nacional. El órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), decidió por unanimidad solicitar un informe a la Fiscalía sobre la procedencia de suspender provisionalmente al magistrado.

La petición se efectúa de acuerdo con lo previsto en los artículos 383 y 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según estos preceptos, los jueces deben ser suspendidos cautelarmente por el CGPJ “cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. Con este fin, el tribunal encargado de la causa “lo comunicará el Consejo General del Poder Judicial, quien hará efectiva la suspensión, previa audiencia del Ministerio Fiscal”.

Oír al fiscal es preceptivo aunque no vinculante, y son mayoría los miembros del Consejo que consideran que “no se puede mantener a Garzón en el Juzgado como si no pasara nada” con dos querellas admitidas por el Supremo por prevaricación y cohecho.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/espana/1265808962.html?a=9be006f76f9b929227ef7cf9a972b50f&t=1265832438&numero=