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Juristas internacionales se movilizan para testificar a favor de Garzón

El País, | 11 febrero 2010

La defensa impugna el “insostenible” e “infundado” auto del juez Varela

 

JULIO M. LÁZARO – Madrid – 11/02/2010

Un selecto grupo de juristas internacionales, en el que se encuentran la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte o el juez chileno Juan Guzmán, que abrió varias causas al dictador Augusto Pinochet, han confirmado su disposición a declarar a favor del juez Baltasar Garzón en el proceso que sigue contra él Tribunal Supremo por su investigación del franquismo.

Un selecto grupo de juristas internacionales, en el que se encuentran la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte o el juez chileno Juan Guzmán, que abrió varias causas al dictador Augusto Pinochet, han confirmado su disposición a declarar a favor del juez Baltasar Garzón en el proceso que sigue contra él Tribunal Supremo por su investigación del franquismo. El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó ayer un recurso de apelación directo a la Sala Penal contra el auto del instructor Luciano Varela, que considera “insostenible”, “infundado” e “incomprensible”, además de orientado a “descalificar en todo” la actuación de Garzón.

Entre las “omisiones y errores” del auto de Varela, el defensor de Garzón subraya el “completo silencio” respecto de la querella de Falange Española, para explicar que las asociaciones de víctimas del franquismo “no pueden intervenir en esta causa, pero Falange Española, sí”. El abogado critica que se hayan entregado, a solicitud de Manos Limpias, todos los anexos sobre localización de fosas y los listados de miles de desaparecidos.

El recurso subraya que una resolución en la que Varela atribuye a Garzón un “empeño doloso” en seguir el proceso del franquismo fue firmada en realidad por el sustituto de Garzón, Santiago Pedraz, “como se habría apreciado en un examen atento y objetivo de las actuaciones”. También menciona algunas equivocaciones de Varela en las fechas, dado su empeño en “escudriñar rastros de otras ilicitudes”. El abogado replica al instructor que nunca hubo “11 meses de inactividad” procesal de la causa sobre el franquismo, ya que, en ese periodo, se dictaron 14 resoluciones, se proveyeron 19 escritos y se alcanzaron 435 folios de actuaciones.

En su “manifiesta contradicción” y su “visión sesgada”, Varela imputa en el mismo periodo de tiempo a Garzón una “inactividad procesal” y una “desmedida investigación” porque el instructor incurre reiteradamente en las mismas trampas argumentales: “Cualquier comportamiento posible del juez Garzón es culpable”. El retraso en esa época se debe a la “baja por ansiedad y estrés” del funcionario encargado, “como consta en las actuaciones”.

Martínez-Fresneda insiste en que los crímenes del franquismo no fueron delitos “políticos” amnistiados en 1977, sino “crímenes contra la Humanidad”. El abogado se pregunta si un juez debe valorar la “finalidad política” de los delitos si no quiere verse acusado de prevaricador. En ese sentido, recuerda que, en 1995, la Audiencia Provincial de Madrid ya declaró que la Ley de Amnistía no podía evitar el juicio por el asesinato del estudiante Enrique Ruano ocurrido en 1969. Así, los jueces que tramitaron aquel proceso “serían tan prevaricadores como Garzón”.

 

JUECES Y FISCALES REVOLUCIONARIOS EN LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Uno de los argumentos que el instructor de la causa contra Garzón por investigar el franquismo, Luciano Varela, usa contra el juez de la Audiencia es la no aplicación de la Ley de Amnistía, que, según Varela, le obligaba a cerrar el caso. En su nuevo recurso, Garzón propone como testigos a siete juristas de prestigio internacional para demostrar que los crímenes contra la humanidad no son amnistiables conforme a tratados internacionales suscritos por España. Estos son algunos:

– Carla del Ponte. Ex fiscal del Tribunal Internacional para los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia y de la Corte Penal Internacional. Llevó a la cárcel a Slobodan Milosevic y a otros dirigentes y militares serbios y croatas, por crímenes contra la humanidad y genocidio, cometidos durante la guerra civil yugoslava.

– Eugenio R. Zaffaroni. Era presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina cuando ésta derogó las leyes de amnistía posteriores a la dictadura de ese país, llamadas de Obediencia Debida y Punto Final, basándose en los tratados internacionales sobre derechos humanos. La decisión permitió juzgar a los torturadores.

– Juan Guzmán. El ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile procesó en dos ocasiones al dictador Augusto Pinochet. Lo hizo creando la figura de “secuestro permanente” para las desapariciones de la dictadura chilena, lo que le permitió evitar la ley de amnistía que Pinochet aprobó en 1978.

– Sergio García Ramírez. Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de Justicia de México. Ese tribunal ha investigado, entre otros casos, el de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez que acabó con condena al Estado mexicano por falta de diligencia al investigar esos crímenes.

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