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“Más de la mitad de los magistrados del Supremo juraron fidelidad a Franco”

El País, | 5 febrero 2010

Asociaciones de víctimas del franquismo aseguran que quienes prevarican son los jueces que no han investigado la aparición de restos humanos con signos de muerte violenta

 

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 04/02/2010

LaAsociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), con representación en todas las comunidades autónomas, lamenta el auto del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que ve motivos para juzgar a Baltasar Garzón por querer investigar los crímenes franquistas. “Se trata de una persecución que recuerda la aplicación de la ley de responsabilidades políticas con la que las autoridades de la dictadura franquista juzgaron y condenaron a miles de opositores”, aseguran en un comunicado. Y añaden: “Mienrtas el magistrado Luciano Varela continúa con su particular caza de brujas, miles de familiares de desaparecidos buscan ayuda en voluntarios”.

La ARMH cree que el Supremo puede estar a punto de causar “un gran daño a la justicia del Estado español y proyectando internacionalmente la persecución de un juez que junto a unos pocos ha tratado de investigar los crímenes de mayor gravedad que se han cometido en la historia reciente de España”. Y añaden: “Más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los principios del movimiento y fidelidad al general Franco”.

Según esta asociación, a la que los familiares de víctimas de la Guerra Civil acuden para que les ayuden a localizar a sus desaparecidos, los delitos del franquismo “no pueden considerarse amnistiados, entre otras cosas, porque antes de que se aprobara la Ley de Amnistía de 1977, el Gobierno español había ratificado el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que reconoce como derecho fundamental el acceso a la justicia para víctimas de delitos de tal gravedad” (desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones…).

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició hace 10 años la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sus familiares llevaron al juez Garzón más de 130.000 nombres para pedirles que investigara las circunstancias de su muerte. A lo largo de la última década, explica la ARMB, “han sido numerosos los jueces que con evidencias han prevaricado en España al no abrir diligencia ante la aparición de restos humanos con signos de violencia”, a lo que, recuerdan, les obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “En decenas de juzgados de distintas comunidades autónomas han incumplido conscientemente uno de sus deberes fundamentales sin que ello haya supuesto ningún tipo de sanción de los órganos de gobierno de los jueces”.

http://www.elpais.com/articulo/espana/mitad/magistrados/Supremo/juraron/fidelidad/Franco/elpepuesp/20100204elpepunac_42/Tes