Un convenio más que insuficiente
Primera valoración de Ahaztuak 1936-1977 sobre el Convenio de Colaboración entre el Gobierno Vasco y el Ministerio de Justicia
Marcelo Álvarez – Miércoles, 10 de Febrero de 2010
Ante la firma del Convenio de Colaboración para la elaboración de un «mapa de fosas» que representantes del Gobierno de la CAV han firmado en Madrid con representantes del Ministerio de Justicia español, desde Ahaztuak 1936-1977 (Víctimas del golpe de estado, de la represión y del régimen franquista) queremos expresar a la ciudadanía vasca una primera valoración sobre este hecho.
Partiendo de que siempre nos parecerá positivo que el Estado y las instituciones del mismo asuman realmente el papel que les corresponde en lo referente a los derechos de las víctimas del franquismo, no puede parecernos mal «a priori» la firma de un acuerdo cuyo objetivo es, por lo que hemos leído en prensa, elaborar un mapa de fosas para ayudar a los familiares de las personas desaparecidas susceptibles de estar en ellas a lograr su identificación y proceder a su inhumación en caso de decidirlo así.
Sin embargo, el primer punto de crítica hacia este acuerdo es precisamente el desconocimiento que más allá de lo leído u oído en los medios de comunicación tenemos las asociaciones de víctimas del franquismo como la nuestra y las propias víctimas del acuerdo firmado, toda vez que desde ningún estamento nadie se ha puesto en contacto con nosotros para realizar un contraste o recabar nuestras opiniones o aportaciones.
El segundo punto de crítica es que, a tenor de lo recabado en los medios de comunicación hasta ahora, no se contempla en este convenio la inclusión de un protocolo de exhumaciones acorde a lo que marca la legislación internacional de DDHH, esto es, que obligue a que sea la autoridad judicial pertinente la que acuerde las medidas oportunas para ese levantamiento. Todo ello en un marco de investigación de los delitos que cometieron las personas que asesinaron o hicieron posible el asesinato de los hombres y mujeres allí enterrados, ya que de no hacerlo así puede conllevar la destrucción de las pruebas de los delitos cometidos, hacer que las pruebas halladas puedan carecer de validez o que quede rota la cadena de custodia de las mismas y no puedan ser utilizadas en el proceso penal correspondiente que por descontado debería abrirse. Nada de esto parece estar recogido en este convenio a tenor de las informaciones.
Del mismo modo creemos que un convenio sobre «fosas comunes» donde se hallan sepultadas desde hace más de 70 años decenas de miles de víctimas del genocidio franquista debería contemplar también el deber del Estado de asumir el costo absoluto tanto de las exhumaciones posibles como de las pruebas de ADN que las personas susceptibles de estar relacionadas con las personas que allí se hallan necesiten para una correcta identificación. Además de esto, con la firma de este convenio vuelve a ponerse una vez más en evidencia la realidad del alcance tanto de la Ley de Memoria Histórica como del «modelo de impunidad» español, ya que en el marco de Euskal Herria nos encontraremos dentro de nuestro mismo territorio con un convenio que se aplicará en la CAV y se desconocerá en Navarra, en función como vemos de la adscripción política del Gobierno autonómico, al igual que sólo serán siete comuidades autónomas -las de adscripción socialista- las que firmarán este convenio con el Ministerio de Justicia, un hecho que cuestiona muy mucho la voluntad real del Gobierno y del Estado español de querer realmente acabar con el modelo español de impunidad vigente hasta hoy, toda vez que sigue dejando a la voluntariedad el atender o no a las justas demandas y reivindicaciones de las víctimas del franquismo, incumpliendo una vez más los propios acuerdos para la persecución de los delitos de genocidio y de lesa humanidad que suscribe a nivel internacional.
En resumen, al igual que la propia Ley de Memoria Histórica a la que viene a servir, un convenio más que insuficiente.
