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Vamos a juzgar al Tribunal Supremo

Antonio Franco. El Periódico, | 22 febrero 2010

Quizá el proceso a Garzón pueda ser para nuestra vieja justicia lo que el 23-F para el Ejército franquista

 

ANTONIO Franco

España todavía tiene pendientes de cobro las facturas morales que le debe la Administración de justicia del régimen anterior, una estructura institucional burdamente reacomodada y solo maquillada superficialmente tras el fallecimiento de Francisco Franco. Porque es eso lo que tenemos en este país: una justicia heredada del franquismo en sus coordenadas generales.

En aquellos años, el temor a que lo desatado a medias acabara recomponiéndose, unido a la extremada prudencia de Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Felipe González y el rey Juan Carlos, determinó que lo esencial del aparato de justicia existente saliese indemne de la transición. A ello contribuyó también la generosidad colectiva de una opinión pública que solo quería mirar hacia adelante.

Todos estos factores limitaron las urgencias del cambio a la construcción de un sistema parlamentario de partidos, a un reconocimiento moderado de la pluralidad nacional, y a un replanteamiento orgánico y funcional del Ejército. Y el Ejército actual, en buena parte gracias paradójicamente al conato del 23-F y a su nítida supeditación posterior al poder civil, ya no tiene nada que ver con el de aquellos años. La integración en la OTAN lo ventiló por dentro al poner a nuestros militares en contacto con los de diversos países democráticos, mientras el final del servicio militar redimensionó su magnitud.

Con el Ejército en su sitio, lo único que desde el punto de vista institucional se parece en sus estructuras y en muchos factores ideológicos a lo que había en la vieja España son los poderes que rigen nuestro aparato de justicia. El llamado caso Garzón, con su extremada gravedad, nos lo está recordando. Y no únicamente a nosotros, sino asimismo a una buena parte de las instancias internacionales, que se pellizcan para confirmar que no es un simple mal sueño todo lo ancestral que pervive en este poder en la España de la imagen moderna, racional y progresista.

Las actuaciones de determinadas personalidades del Tribunal Supremo respecto al juez Baltasar Garzón me hacen pensar en aquellas situaciones extraordinarias en las que al final se invierten las cosas. Como en el caso de determinadas entrevistas periodísticas en las que, por la forma de preguntar o por el contenido de las preguntas, al final queda más retratado el entrevistador que el entrevistado, tengo la impresión de que en el caso Garzón quien va a ser juzgado atentamente por la opinión pública de aquí y de fuera es más el Tribunal Supremo que el famoso magistrado. Juzgado sobre su seriedad e idoneidad, juzgado sobre si tiene sentido en su actual formulación, juzgado sobre si lo que administra es realmente justicia o no.

Para una buena parte de los ciudadanos, Garzón es el juez del coraje para intentar llevar a los banquillos a todo lo que hay, junto a los pistoleros, en el terrorismo de ETA; a todo lo que rodea al narcotráfico; a todo lo que envolvía al terrorismo de Estado de los GAL; a las responsabilidades de las principales entidades bancarias en relación a depósitos económicos en paraísos fiscales; a las actividades delictivas de Pinochet… No se le considera un superhombre, pero sí un profesional que, sin duda con algunos errores humanos y profesionales, intenta que la justicia llegue hasta esferas que otros jueces no han llegado a rozar.

Para muchos ciudadanos, Garzón está siendo acorralado en sospechosa coincidencia con sus investigaciones en el caso Gürtel, la corrupción presuntamente relacionada con el PP o con actividades financieras de algunas personalidades relacionadas con este partido. Parece claro que si quienes le atacan consiguen desprestigiarle e inhabilitarle, las pruebas que ha logrado reunir Garzón sobre estos delitos quedarán relativizadas.

Para muchos ciudadanos resulta incomprensible que la investigación de los crímenes del franquismo se acabe convirtiendo en una investigación al juez que intenta levantar una punta de la espesa alfombra que todavía los recubre. Y como si se tratase de la prueba del nueve, la presencia de los fascistas de Falange Española en lo que podríamos llamar la actuación coordinada o trama, en el sentido popular de la palabra, que acusa al juez, deja las cosas claras sobre el sentido ideológico de lo que intentan imputarle.

Afortunadamente, la opinión pública está dándose cuenta de lo que sucede y con ello, con la lupa colectiva puesta sobre las actuaciones del Supremo en relación con este juez, se empieza a producir el efecto que señalaba antes: quien va a ser juzgado por el sentido común y por la racionalidad de los ciudadanos es más el alto tribunal que la persona a la que algunos quieren ver en el banquillo. Y lo que haga y decida el Supremo será analizado a fondo por las instancias jurídicas y políticas internacionales. Si España tuviese por una vez un poco de suerte, quizá el caso Garzón sea para nuestra vieja justicia lo que el 23-F fue para nuestro viejo Ejército franquista. Es decir, tal vez sirva para empezar a poner nuestro poder judicial al nivel de lo que merece un país democrático que vive en el siglo XXI.

 

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