Andalucía: Justicia intenta destapar la represión franquista contra las mujeres
La Junta entregará ayudas de 1.800 euros a quienes acrediten las vejaciones
E. CABRIA / M. PLANELLES – Sevilla – 09/03/2010
Las consideraban «individuas de dudosa moral». Y los falangistas les cortaban el pelo al cero, las obligaban a tomar aceite de ricino y las violaban. Era el castigo por ser fieles a la República o, simplemente, familiares de activistas. La Consejería de Justicia quiere sacar a la luz la represión franquista contra las mujeres.
Las consideraban «individuas de dudosa moral». Y los falangistas les cortaban el pelo al cero, las obligaban a tomar aceite de ricino y las violaban. Era el castigo por ser fieles a la República o, simplemente, familiares de activistas. La Consejería de Justicia quiere sacar a la luz la represión franquista contra las mujeres. El departamento de Begoña Álvarez espera tener listo en dos meses un decreto para indemnizar a las represaliadas que vieron vulnerados sus derechos al «honor, la intimidad y la propia imagen» durante la Guerra Civil y la dictadura. Se contempla una ayuda de 1.800 euros para aquellas que puedan acreditar las vejaciones.
El general golpista Gonzalo Queipo de Llano ya aleccionaba a sus tropas en los inicios del alzamiento en sus arengas radiofónicas: «(…) estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen».
Carmen Luna era anarquista y salió a la calle enarbolando una bandera republicana. Los esbirros de Queipo de Llano la detuvieron. Ingresó en prisión, le raparon la mitad de la cabeza y le trenzaron lazos morados, rojos y amarillos en los mechones que le quedaban. La arrastraron por el centro de Utrera atada a un caballo. Carmen Luna acabó en una fosa.
Como ella, más de 600 mujeres fueron represaliadas sólo en la provincia de Sevilla durante el franquismo, según los cálculos del historiador José María García Márquez, que tiene contabilizados ya 477 expedientes. El mayor número de violaciones, mujeres rapadas y asesinatos se concentra en la provincia sevillana, según consta en los archivos municipales, «pero no hay una cifra de toda Andalucía».
Casada, entre 19 y 40 años, de profesión: sus labores. Éste era el perfil de la mujer perseguida por el fascismo. Solían entrar en prisión acusadas de rebelión o sedición militar. Algunas, como Carmen Luna, simpatizaban con el ideario republicano. Otras sólo eran familiares de militantes. Pero no todas eran activistas. Hasta 1950, el 4% de los juicios de los tribunales militares fueron a mujeres, según la investigadora Pura Sánchez. Apenas hay datos. Algunas fotografías de mujeres rapadas y encarceladas. De las violaciones, silencio. Las que sobrevivieron no se atrevieron a contarlo.
Justicia intenta romper ahora aquella vergüenza que sepultó durante décadas las vejaciones. Ya existe un decreto en Andalucía que concede indemnizaciones a los ex presos y represaliados por el franquismo, tanto hombres como mujeres. Pero el 95% de las 2.742 ayudas concedidas hasta ahora han ido a parar a manos de varones. De ahí que Justicia intente ahora destapar la persecución contra las mujeres. «La mayoría no estuvo en prisión pero sí sufrió vejaciones y escarnio público igual o mayor que los que sí estuvieron encarcelados», sostuvo ayer Begoña Álvarez.
El problema en muchos de estos casos es la falta de documentación para acreditar los escarnios a los que fueron sometidas. Justicia aceptará cualquier «medio» que sirva para atestiguar los ataques, según aseguró Álvarez. Una comisión de valoración integrada por expertos se encargará de analizar cada una de las solicitudes que se presenten para que se puedan tramitar las indemnizaciones.
Requisitos
– Se prevé un pago único de 1.800 euros para aquellas mujeres que vieron vulnerados «sus derechos al honor, la intimidad y la propia imagen» entre 1936 y 1950.
– Se espera completar la tramitación del decreto en unos dos meses. Una vez que se publique, los interesados tendrán tres meses para presentar sus solicitudes.
– Al no existir expedientes administrativos o judiciales, una comisión de expertos evaluará cada uno de los casos.
