Por haber intentado rescatar del olvido los crímenes de un régimen dictatorial y tiránico, algunos de cuyos herederos siguen considerando que España es poco más que su cortijo particular

 

Pocos son, si los hay, los personajes de nuestra vida pública de la democracia española actual que despierten tantas y tan enconadas pasiones como las que concita el juez Baltasar Garzón. Personaje polémico donde los haya, difícilmente encasillable desde unos criterios estrictamente ideológicos o políticos, con un desmedido afán de protagonismo público y con diversas actuaciones jurídicamente cuestionables, este magistrado de la Audiencia Nacional ha sido ensalzado y demonizado, alternativamente, por la izquierda y la derecha, según cuáles han sido sus actuaciones, teñidas en todos los casos por una considerable carga de controversia o política.

Se enfrenta ahora el juez Garzón al asedio inclemente de una serie de ataques que le pueden acabar costando el fin de su carrera judicial. El magistrado que años atrás fue aplaudido y jaleado hasta el mismo límite de la sinrazón fanática por quienes vieron en él el brazo justiciero de la ley capaz de acabar con los gobiernos socialistas presididos por Felipe González, que curiosamente eran los mismos que le habían puesto por los suelos tras su fugaz experiencia como candidato y luego diputado del PSOE, se ha convertido ahora en algo así como el enemigo público número uno de una ultraderecha que le acusa de haber prevaricado en su instrucción de una causa general contra la dictadura fascista del general Franco.

No obstante, lo que de verdad está en juego ahora es que con el ataque al juez Garzón se intenta acabar también con su instrucción del caso Gürtel, el monumental escándalo de corrupción político y sobornos, por valores de muchos millones de euros, en el entorno del PP, en especial en Madrid y Valencia. Se trata de cortar de raíz una instrucción judicial que, contra viento y marea, ha sabido llegar a la misma raíz de una innegable trama de corrupción y sobornos que afecta de forma gravísima a personalidades muy destacadas del primer partido de la oposición.

Dejando a un lado la reflexión que deberíamos hacer entre todos acerca de qué hubiese sucedido si la persecución de que ahora es objeto el juez Garzón se hubiese producido por parte del PSOE cuando fue este partido el objeto de sus instrucciones judiciales, lo más grave política, ideológica y socialmente, desde unos criterios de auténtica cultura democrática y cívica, es que Baltasar Garzón puede acabar convirtiéndose en la última víctima del franquismo. Y ello por haberse atrevido a intentar hacer justicia, por haber osado defender a las innumerables víctimas del franquismo condenadas a yacer anónimamente enterradas en fosas comunes, por haber intentado rescatar del olvido los crímenes de un régimen dictatorial y tiránico, algunos de cuyos herederos siguen considerando que España es poco más que su cortijo particular.

Jordi García-Soler es periodista y analista político

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