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Hablemos claro

Pedro A. García Bilbao, | 22 marzo 2010

Ante la impunidad del franquismo y la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular:

 

Pedro A. García Bilbao

Federación Estatal de Foros por la Memoria

Plataforma de Ciudadanos por la República.

 

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la memoria es el penúltimo y más novedoso intento de preservar la impunidad del franquismo, es una nueva mascarada, un nuevo engaño como lo fue la ley de memoria. Y no lo decimos porque tengamos una mala opinión de su promotor inicial, el profesor y jurista Miguel Ángel Rodríguez Árias, militante del PSOE. Cualquiera que le haya tratado podrá ver que es una persona sincera, entregada honradamente a su trabajo en la denuncia de los horrores franquistas. Ese no es el problema: como jurista y como ciudadano es alguien sin tacha, pero como estratega político en la lucha contra la impunidad, nuestro buen amigo Miguel Ángel es un desastre y esta es la cuestión principal: buenas intenciones mal llevadas pueden producir efectos contrarios a los que supuestamente se buscan. Su indudable buena fe está siendo utilizada por quienes pretenden precisamente todo lo contrario.

La propuesta oculta errores fatales y llevará inequívocamente a un nuevo fracaso, a más frustración. Es sencillo, está mal planteada y por ello no resulta extraño que numerosos de los promotores y defensores de la Ley de Memoria se hayan unido de forma entusiasta a su defensa. ¡Que curioso! Ahora la Ley de Memoria ya no tiene quien la defienda, ahora «todos» piensan que es mala o insuficiente. Algunos lo hemos dicho siempre, desde antes incluso que se promulgase, cuando en los debates previos y en las conversaciones en Moncloa entre gobierno y asociaciones se pudo ver que no habría ni verdad, ni justicia ni reparación. Constituye un verdadero escándalo que el golpe franquista siga siendo legal, los tribunales y las sentencias que condenaron a cientos de miles sigan siendo legales y que el franquismo siga impune. Como estas «deficiencias» de la ley no son aceptadas por la mayoría de la gente, hablar bien de la ley genera un desgaste político y un descrédito irremediable a quien lo haga. Pocos se atreven a hacerlo directamente, todo son eufemismos: «es un avance», «es un principio», cosas de ese tipo. Ya saben. Estamos en el siglo XXI, en 2010, han pasado más de 70 años desde la guerra civil y ahora tomamos como un esperanzador avance que nos dejen desenterrar a las víctimas y se concedan subvenciones para picos y palas; ¡no querrán ustedes —parecen decir algunos— que se declare ilegal el franquismo! ¿Tal vez dentro de otros 70 años? ¿No es hora ya de acabar con todo esto?

Y ahora es cuando entra en escena la ILP, un nuevo episodio en esta batalla. Básicamente la propuesta del profesor Rodríguez Árias consiste en realizar una propuesta de Ley que recoja la casi totalidad de las demandas del movimiento memorialista y luego presentarlo a las Cortes. Sencillo ¿verdad? Suena bien sin duda, pero si analizamos los detalles las cosas son distintas. Podemos encontrar dos tipos de problemas; los que tienen que ver con el contenido y los que tienen que ver con la estrategia para llevarla adelante.

La iniciativa de nueva ley se basa en la idea de que las víctimas del franquismo exigen verdad, reparación y justicia, algo que todavía no se ha logrado como cada día es más obvio. ¿Y cómo se caracterizan los crímenes franquistas? Los conceptos que se emplean en la propuesta son los de «genocidio» y «desaparecidos». Estos términos pueden emplearse en un lenguaje coloquial para referirnos a las atrocidades franquistas, pero si lo que deseamos es hablar con propiedad, el término clave es «crímenes contra la humanidad», precisamente el que es expresamente abandonado en la ILP. Crímenes contra la humanidad es el cargo por el que se lograron las condenas en Núremberg, es la figura recogida en la legislación internacional para caracterizar hechos monstruosos como los llevados a cabo por los nazis, los fascistas… y los franquistas. Hemos de recordar que la expresión «contra la humanidad» tiene su origen en un alegato del fiscal Jackson en Núremberg; señaló en su día el fiscal que muchos crímenes nunca sería posible probarlos porque los asesinos se ocuparon de matar a todos las víctimas y testigos, las dimensiones y la intensidad de las agresiones fueron tan grandes que hubo miles y miles de casos que desconoceremos, pues ni los cuerpos quedaron para atestiguarlo: ¿significaría esto que habría que renunciar a juzgar a los culpables pues nada podría acusarles de acuerdo con el tratamiento normal de los crímenes en los códigos penales usuales? En modo alguno, hay crímenes que debemos considerarlos cometidos contra la humanidad y nosotros, los que los denunciamos, tenemos derecho a hacerlo y a exigir justicia en nombre de todos contra estos criminales. Los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca e incluyen acciones como el secuestro, la tortura, la desaparición, etc. Es, por todo ello, un verdadero error hablar de genocidio y desaparición forzosa en relación al golpe, la guerra y la dictadura franquista si lo que queremos es caracterizar penalmente el franquismo y sus prácticas: con esas palabras nunca se logrará una condena, jamás prosperará una denuncia. Para afrontar la lucha por la verdad y la justicia, las cosas son sencillas. ¿qué concepto temen los franquistas, sus cómplices y sus encubridores actuales? El de crímenes contra la humanidad. En el fondo del mal uso de los términos hay una voluntad de confundir. Desaparición forzosa nos recuerda a Argentina y Chile, es decir descontextualiza al franquismo de su entorno histórico e ideológico natural, Europa y los fascismos. No quiero decir con esto que el promotor de la ILP quiera engañar a la gente conscientemente; desde su punto de vista de especialista en derecho internacional, cree haber encontrado algún resquicio para emplear esos términos, pero es un cálculo arriesgado y que podemos calificar de fallido. Recientemente, la Audiencia Nacional condenó a un golpista y torturador argentino y en la sentencia se explica con toda claridad que se le condenaba por «crímenes contra la humanidad» y que si se hubiera empleado otra figura («desapariciones, genocidio», por ejemplo) no se hubiera logrado una condena. 

Hay otro elemento clave en el tratamiento que le da la ILP a los crímenes franquistas: la renuncia a que sean juzgados los crímenes franquistas y condenados los culpables, sus cómplices y el entorno actual de encubridores necesarios para mantener la impunidad hasta hoy. Miguel Ángel ha dicho en numerosas ocasiones que cree que no es posible una condena penal del franquismo y sus crímenes. Le entiendo perfectamente. La mejor prueba de ello es que hoy se juzga por prevaricación a un juez que se atrevió a dar tratamiento de encausado a Franco y otros altos cargos franquistas. Se le acusa de no respetar la Ley de memoria y la Ley de Amnistía de 1977. Es decir, de actuar a sabiendas de la existencia de dos elementos del ordenamiento legal español que eximen al franquismo de toda responsabilidad. Este hecho demuestra que todo el planteamiento de la ILP es erróneo. Si se considera sinceramente como ilegal y criminal al franquismo y sus prácticas asesinas, debe emplearse con claridad el tipo penal correcto, «crímenes contra la humanidad» y, si se observa, como es el caso, que la impunidad del franquismo se basa en la ley de amnistía del 77, el paso siguiente es denunciarlo políticamente y exigir que sea derogada tratando a sus defensores como lo que son: encubridores necesarios del franquismo, encubridores que no se han muerto y que siguen ocupando sus escaños de diputados en las Cortes actualmente. Ah, claro, pero eso es otro problema en que ni Rodríguez Árias y la sorprendente alianza de intereses que apoya su iniciativa desean afrontar. Por cierto, es hora de exigir públicamente a los diputados de las Cortes que se autoconsideren de izquierda que aclaren su posición en esto. ¿Para cuando una declaración firme y acciones consecuentes denunciando la ley de amnistía y su carácter de ley de punto final? No nos basta su opinión, el hecho es la posición legal que se expresa en el procesamiento de Garzón, eso sí es una opinión que debe ser combatida donde se puede combatir, políticamente y en las Cortes. La inmunidad parlamentaria está para estas cosas, Sr. Llamazares, para jugarse el tipo así.

El otro problema en la ILP es la forma escogida para sacar adelante la iniciativa. Lo de «iniciativa legislativa popular» es una posibilidad reconocida por las leyes españolas para que los ciudadanos, unidos en número suficiente, puedan presentar proyectos de ley a las Cortes. Esto suena muy bien, aires de fronda, de rebelión, de movimiento ciudadano dispuesto a luchar por la verdad, la reparación y la justicia. ¿Y qué camino se le propone a tantos miles de ciudadanos dispuestos a luchar? Pues nada menos que un camino ciego, un callejón sin salida. Las iniciativas legislativas populares exigen medio millón de firmas (500.000 firmas) recogidas con todo rigor, a través de una estructura ligada a las juntas electorales, con apoderados/fedatarios incluidos. Esto significa que no vale cualquier firma en cualquier sitio. Todo el esfuerzo exige una gran estructura humana y territorial para lograr en un plazo máximo de nueve meses el gran número de firmas. Supongamos que se consiguen, harto improbable con los recursos disponibles. Pues bien, la propuesta de ley llegaría en primer lugar a la Mesa del Congreso de los Diputados, y una vez allí podría pasar a un pleno para su discusión y votación. En 1996, una ILP presentada para lograr las 35 horas logró reunir 700.000 firmas; el pleno apoyo de CC.OO y una Izquierda Unida con 21 diputados lo hizo posible. Es conocido el resultado, se votó y fue rechazada por 161 votos contra 145. El gobierno de entonces (PP) ni se dignó acudir a la votación, todo duró unas horas. Si eso ocurrió entonces ¿quién nos asegura que no volverá a ocurrir lo mismo? Nadie. Es más, los mismos promotores de la actual ILP reconocen que no hay probabilidades de que sea tenida en cuenta. ¿entonces por qué se presenta? Respuesta: para hacer campaña en la prensa. Una campaña que tendrá por protagonistas y actores imprescindibles a algunas de las mentes preclaras que apoyaron en su día la ley de memoria. Mirad los nombres, ahí están, son los mismos.

Esto tiene todo el aspecto de ser un intento más de poner fin a la lucha contra la impunidad del franquismo. Se quiso dar carpetazo político con la Transición, pero miles de fosas comunes lo han impedido; se intentó dar un carpetazo jurídico, con la aventura de Garzón, y ahora la extrema derecha política y hasta la judicial le tienen procesado; se intentó un carpetazo legal con la ley de memoria, con un rotundo fracaso, y ahora se nos viene con el intento de quemar a todo el movimiento en una nueva aventura, el carpetazo ciudadano. Es algo similar a las carreras en un canódromo, ¡todos a correr tras una liebre mecánica, imposible de alcanzar, hasta que no quede nadie en la carrera!

Todo esto es una inmensa locura. Había otros caminos, por supuesto. Hay diputados que podrían asumir la defensa de una propuesta redactada a través de una gran acción popular, con la participación de asociaciones ciudadanas, ¡son tantas las cosas que se podrían haber hecho! ¡tantas las cosas que aún se pueden hacer! Pero para actuar con la contundencia que el reto de la impunidad del franquismo supone hay que tener unas cuantas ideas claras y una posición política inequívoca ante ese gran fraude que fue la Transición. Y eso es algo que no todos tienen.

Hay contradicciones. ¿Lo dudan? Se reconoce que la ley de memoria es mala e insuficiente, pero los mismos que la apoyaron, ahora defienden esta nueva iniciativa, exactamente los mismos. Se reconoce que es necesaria la verdad, la reparación y la justicia pero se renuncia expresamente a enjuiciar y condenar penalmente los crímenes franquistas. Se da la palabra a las víctimas pero se les exige que hablen de términos y conceptos que no condenaran a los verdugos. Se le quiere dar un escrupuloso tratamiento legal, pero se escogen tipos penales que nunca podrán ser utilizados con probabilidades reales de que sean aceptados. Se reconoce la imposibilidad de lograr condenas, pero no se denuncian las leyes que las niegan (la de Amnistía de 1977, por ejemplo). Se denuncia con dureza la falta de justicia y hasta la impunidad del franquismo, pero no se exige la aplicación en España de las leyes internacionales que podrían condenarlo y que, además, han sido firmadas por el estado espñol y en realidad son de obligado cumplimiento, algo completamente olvidado por la fiscalía del estado. Se reconoce que la iniciativa no tiene ninguna probabilidad de ser aceptada por las Cortes, pero no se duda en arrojar a las calles a miles de personas para reunir una gigantesca cantidad de firmas que exigen un complejo protocolo de recogida: es una aventura condenada.

Hay motivos sobrados para calificar de trampa esta iniciativa legislativa popular. No es un problema de la voluntad de su promotor, puede estar sencillamente equivocado, pero han sido tantos años de abandono, de soledad, tan grandes el dolor, la frustración y la necesidad de justicia de tantos miles y miles de ciudadanos, que incluso una posibilidad engañosa y absurda como ésta puede recibir muchos apoyos bienintencionados. A todos ellos debemos hacerles llegar un mensaje claro. Este no es el único camino, ni es la última batalla. Somos muchos los que estamos librando un combate por la verdad, la reparación y la justicia y no nos hemos rendido, ni vamos a hacerlo.

Es comprensible que los que pactaron la Transición con los franquistas, negaron a la República en 1977 y basaron la democracia en la impunidad del franquismo, tengan miedo a que la memoria se abra paso y a que las contradicciones les estallen en la cara. Muchos de ellos han puesto sus nombres al lado de esta iniciativa legislativa popular. Si desean enmendar sus errores, deben saber que este no es el camino. La lucha por la Memoria y la Lucha por la República están indisolublemente unidas y en ella hay que actuar con vocación de unidad, con claridad y con firmeza. En esto estamos muchas personas y organizaciones como la Federación Estatal de Foros por la memoria y la Plataforma de Ciudadanos por la República, no estamos solos, cada día crece el número de los que gritan ¡basta! La lucha contra la impunidad del franquismo es también la lucha por lograr reconstruir el espacio de la izquierda y con caminos falsos como esta ILP no van a lograr impedir que este combate vaya adelante.