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“La ley de la Memoria nació desmemoriada”

Nueva Tribuna, 10.03.2010 | 11 marzo 2010

Así lo cree Cristina Almeida, miembro del comité de juristas impulsores de la iniciativa legislativa popular de “Verdad, Justicia y Reparación”

 

ISABEL G. CABALLERO

Así lo cree Cristina Almeida, miembro del comité de juristas impulsores de la iniciativa legislativa popular de “Verdad, Justicia y Reparación”. Junto a ella, José Luis Pitarch y Antonio Doñate conversan con nuevatribuna.es en un momento en el que el ‘caso Garzón’ ha removido muchas conciencias por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.

La causa abierta por Baltasar Garzón para investigar los crímenes de la dictadura está poniendo en tela de juicio algunas páginas de la historia de España que parecían intocables. Treinta años después de la Transición, la reparación de las víctimas de la represión franquista se ha hecho camino desde la sociedad civil gracias a la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de Zapatero, una ley que se aprobó con el suficiente consenso pese al veto del PP, pero cuyo balance, dos años después, evidencia importantes lagunas y contradicciones que están detrás del follón jurídico y la extensa hemeroteca que ha generado el proceso tras el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional.

La exhumación de fosas se ha convertido en la principal bandera de las asociaciones de la memoria que aglutinan a los familiares de las víctimas: 300.000 personas ejecutadas por los militares golpistas de la República; 3.500.000 de represaliados cuyos descendientes exigen el debido reconocimiento. Algunos juzgados territoriales a los que Garzón remitió la causa han asumido la exhumación de los cuerpos enterrados, otros no. Comunidades autónomas como la de Extremadura o Andalucía están participando activamente en las labores de recuperación de los restos mientras otras no quieren ni oír hablar de ello. Cada administración actúa a su libre albedrío. Lo mismo ocurre con la retirada de los símbolos franquistas (estatuas, nombres de calles) que aunque figura en la Ley de Memoria Histórica no es de obligado cumplimiento.

Todo ello ha espoleado un debate, aún en ciernes, sobre la necesidad de aprobar un nuevo marco legal, ya no de ‘memoria’, sino de “verdad, justicia y reparación”. La iniciativa legislativa popular impulsada por medio centenar de juristas entre los que se cuentan expertos internacionales como Joan Garcés, pretende llegar a las Cortes con propuestas que soliviantarán a ciertos sectores de la sociedad: desde el reconocimiento del genocidio franquista por crímenes contra la humanidad hasta el cuestionamiento mismo de la Monarquía.

ALMEIDA HABLA DE “INTERESES ECONÓMICOS Y MIEDO A LA VERDAD

La ‘lista de los 50’, publicada en exclusiva por nuevatribuna.es, otorga mucho valor a un anteproyecto que contempla, entre otras cosas, la creación de una Comisión de la Verdad, una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y un banco nacional de ADN para identificar a los víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Algunos de sus miembros han hablado con este periódico para explicar las razones que les han llevado a suscribir una iniciativa de este calibre. Entre ellos se encuentra Cristina Almeida, abogada y militante antifranquista para quien la Ley de Memoria Histórica “nació un poco desmemoriada” ya que “recuerda lo que se quiere” pero no “lo que se debe recordar”.

La necesidad de crear una nueva normativa viene dada a su juicio por la “arbitrariedad” de la actual ley, una “cosa híbrida” que ha generado mucha “desigualdad” y que puede pasar a la historia como una ‘ley de injusticia y de olvido”. Almeida otorga mucha importancia al auto de Garzón, del que dice debería figurar como anexo de la Constitución de 1978, y confía en que la causa abierta contra él por un delito de prevaricación “se archive cuanto antes”. En este punto se pregunta cómo es posible que en España se esté vetando esta investigación cuando “nos hemos metido con el dolor de otros pueblos”, en alusión a Chile y Argentina. Y es que, en su opinión “detrás de todo esto hay muchos intereses económicos” y también “mucho miedo a la verdad”. Garzón “ha levantado ampollas en la extrema derecha” que se niega a abrir esa parte de la historia de la que fue protagonista. “Hay que revisar la Transición y la represión política después de la guerra”, afirma una de las personas que más de cerca vivieron los años posteriores a la muerte de Francisco Franco y que luchó –reconoce- por una Ley de Amnistía que choca con la normativa internacional de derechos humanos. ¿Delitos universales?, “ni se hablaba de eso”, afirma, al tiempo que proclama un tanto irreverente que igual que se hizo mártires a los asesinados en la matanza de Paracuellos se haga lo mismo a los demás, “mártires laicos pero también mártires católicos como aquellos curas vascos enterrados en las cunetas”.

Almeida tampoco se muerde la lengua cuando habla del poder judicial en España. Dice no importarle si los jueces del Supremo juraron o no lealtad al Movimiento, pero sí su “comportamiento” y los “intereses que están detrás de la acusación a Garzón”. Esta ex dirigente política de izquierdas recuerda que “la justicia emana del pueblo no de los jueces” y reprocha al mundo de la judicatura su “endiosamiento” en el marco de lo que llama “justicia reverencial”. Pero Almeida también muestra cierta mesura a la hora de valorar algunas de las cuestiones que contempla el anteproyecto de ley de “verdad, justicia y reparación” y prefiere hablar de “eliminación absoluta del enemigo vencido” que de genocidio franquista. Tampoco cree que necesario abrir un debate sobre monarquía sí o monarquía no –“yo sé claramente lo que vale la calma en este país” -subraya- aunque comparte la idea de que el actual monarca se plantee la anulación de todos los títulos nobiliarios de exaltación del franquismo que otorgó después de muerto el dictador.

DOÑATE: “EL TRIBUNAL SUPREMO ESTÁ EN SOLFA”

El ex magistrado Antonio Doñate aporta también su visión de los hechos. Experto en asuntos de Justicia Universal (siguió muy de cerca el proceso contra Augusto Pinochet en Chile), ex presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y ex juez de Vigilancia Penitenciaria de Cataluña, fue nombrado por Garzón miembro de la comisión de expertos en la investigación de los crímenes del franquismo. A su vez, ex miembro de Jueces para la Democracia y ahora integrante de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, este magistrado es el autor del modelo de denuncia para los desaparecidos desde el 17 de julio de 1936, día de la sublevación militar contra la II República.

A Doñate tampoco le tiembla la voz cuando afirma que detrás del caso Garzón hay una campaña orquestada por la derecha con la connivencia de ciertos sectores de la izquierda judicial de este país. En su opinión, la actuación del Supremo, del que dice que “está en solfa”, pone de manifiesto la “situación de desconcierto” que existe en el Poder Judicial que aún no ha sido capaz de resolver la “cuestión de competencias” para investigar los crímenes del franquismo, una competencia que se arrogó Garzón y que le ha valido una querella de grupos ultraderechistas.

Este magistrado ve necesario abrir un debate en la sociedad impulsado por el anteproyecto de ley en el qué él trabajará para que en los próximos meses se recojan todas las aportaciones que hagan los sectores implicados. Un debate “serio”, que “dé confianza a la gente”, un debate “muy plural, sin posicionamientos ideológicos dogmáticos”. Terminado este proceso –dice- será la hora de “valorar si es posible o no” llevar adelante la ILP de “verdad, justicia y reparación” para lo que se necesitan medio millón de firmas ciudadanas. Como a Almedia, a Doñate también le provocó cierta “insatisfacción” la Ley de Memoria Histórica de 2007 que “no pretende hacer justicia sino beneficencia” y “socava derechos” cuando “se carga a las víctimas”, en este caso a los familiares de las víctimas, “toda la responsabilidad” en la exhumación de los cuerpos.

Respecto a la consideración del genocidio franquista, Doñate se remite a las tesis internacionales y compara la aniquilación sistemática de los enemigos del franquismo a los planteamientos nazis. De ahí, enlaza a la República, a cuyos partidos más representativos, no se les permitió participar en el periodo de Transición y en las primeras elecciones democráticas tras la muerte del dictador, algo que fue “impuesto por la derecha franquista”, por eso la necesidad –concluye- de “reivindicar que la sociedad española conozca su pasado”.

PITARCH: “EN LA TRANSICIÓN NOS HICIERAN TRAGAR EL PAQUETE COMPLETO”

Con más dureza se pronuncia José Luis Pitarch, miembro fundador de la UMD y en la actualidad presidente de Unidad Cívica por la República y profesor de Derecho Constitucional. Desde esta última faceta explica los fundamentos jurídicos que legitiman la ILP a partir de los artículos 87.3, 23.1 y 66.1 de la Constitución Española. Explica que desde Núremberg hay un derecho “ius cogens” que “está por encima de las normas internas” en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad. España, recuerda, es el segundo lugar del mundo, detrás de la Camboya de Pol Pot, con más fosas comunes y lo que está ocurriendo con Garzón es un “linchamiento” en toda regla con una causa que puede terminar ganando en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

Como el resto de miembros que conforma la ‘lista de los 50’, también estima necesario revisar la Transición que se hizo –afirma- “bajo coacción” y que 30 años después “resulta inconcebible” que “sigamos bajo la misma presión”. Pitarch lo resume así: “Nos dijeron, ¿ustedes quieren tener partidos políticos?, pues se tragan el paquete completo” y por ahí también pasó –recuerda- Santiago Carrillo.

Este ex militar se enciende cuando resalta que España sigue siendo el único país de la Unión Europea que ha perpetuado la “impunidad del fascismo” y tolerando que personajes como Manuel Fraga sea el presidente de honor del Partido Popular. ¿Retirar el título de Grande de España a Arias-Navarro?, sí, suscribe Pitarch, pero también el marquesado que se otorgó al general golpista Queipo de Llano, “el mismo que decía a los moros, que Franco se traía de África, que violaran a las mujeres”.

“La Ley de Memoria no entra en el corazón del sistema”, dice, y hace alusión a su libro Memoria irredenta del franquismo, para significar el hecho de que “esta Transición y esta democracia tiene a más de 100.000 españoles enterrados” que las autoridades públicas “tienen el deber de localizar”. El Pacto de la Transición “se hizo con el aval de la CIA” que actuó “vigilante contra los comunistas”; se hizo lo que él llama “la reconciliación del embudo”.

Pitarch considera que lo más importante del anteproyecto de ley es generar “nuevas dinámicas”, precisamente lo que pretende hacer Garzón. Dinámicas que de articularse finalmente en proyecto de ley harán que las fuerzas políticas con representación parlamentaria “se retraten”; y no sólo los partidos de izquierda, sino también los nacionalistas (pone como ejemplo el juicio al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, que aún no ha sido anulado), e incluso el PP que “no es un partido monárquico”. La ILP “generará una expectativas enormes” y “puede terminar abriéndose camino, aunque no prospere”, concluye optimista.

http://www.nuevatribuna.es/noticia/30682/SOCIEDAD/%22la-ley-memoria-hist%C3%B3rica-naci%C3%B3-poco-desmemoriada%22.html