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Memoria de los esclavos de Franco

El País, 11/03/2010 | 12 marzo 2010

Centenares de nuevos documentos evocan la vida de los presos en los campos de concentración de la dictadura. El Tribunal de Cuentas cede sus fondos a Cultura

 

TEREIXA CONSTENLA – Salamanca –

La burocracia lo justifica todo por escrito. También la ignominia y la miseria. “Vale por dos botes de leche para un evadido enfermo procedente del campo rojo, por prescripción del médico”. El 23 de febrero de 1938, el cabo de guardia autorizó en una nota manuscrita el extra alimenticio (¡dos botes de leche!) a un enemigo enfermo.

La burocracia lo justifica todo por escrito. También la ignominia y la miseria. “Vale por dos botes de leche para un evadido enfermo procedente del campo rojo, por prescripción del médico”. El 23 de febrero de 1938, el cabo de guardia autorizó en una nota manuscrita el extra alimenticio (¡dos botes de leche!) a un enemigo enfermo. Luego estampó el sello de la Comandancia Militar de Fraga (Huesca). Mientras los españoles se mataban entre sí, la miseria y la ignominia avanzaban haciendo estragos.

La nota de los botes de leche viajó por un intrincado laberinto hasta acabar en el Tribunal de Cuentas. Igual que centenares de documentos similares. Vales donde se da cuenta de las latas de atún, sardinas, “vaca ajardinada”, libras de chocolate, alubias, café o mermelada que se distribuían a soldados y prisioneros durante la Guerra Civil y la posguerra. Es una pequeña memoria de la miseria. Pero el Tribunal de Cuentas conserva también la gran memoria de la ignominia: los movimientos en 132 campos de concentración y 541 batallones de prisioneros forzados a trabajar en obras militares o civiles tras ser apresados por el ejército sublevado. Sus integrantes fueron la avanzadilla de los llamados “esclavos de Franco”, que reconstruyeron buena parte de lo destruido durante la Guerra Civil. A partir de mañana (viernes), este fondo podrá ser consultado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, donde la subsecretaria de Estado de Cultura, Mercedes de Palacios, depositará las 145 cajas procedentes del Tribunal de Cuentas, tras el convenio firmado entre el presidente del organismo, Manuel Núñez y la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, hace un año. EL PAÍS ha tenido acceso a su contenido.

– Altas y bajas. En estos fondos se pueden rastrear numerosas identidades de quienes pasaron por 132 campos de concentración y quienes nutrieron 541 unidades de trabajadores forzosos (acuñadas bajo diferentes denominaciones: batallones disciplinarios de soldados trabajadores, batallones de trabajadores…). Hay listados con las altas y bajas de cada mes. Una copia se remitía al Tribunal de Cuentas para justificar el dinero necesario para alimentar a los detenidos y, en el caso de los batallones, para pagarles por su trabajo. Un ejemplo: el campo de concentración de Huelva comienza a funcionar en febrero de 1939 con 3.202 prisioneros. En julio se cierra con 662. Los listados detallan los nombres de cada recluido y su destino: a disposición del gobernador civil, pendiente de la comisión clasificadora, al inspector de carabineros, hospitalizado, en libertad o fallecido.

– Documentos perdidos. Durante años, los investigadores han ignorado el fondo del Tribunal de Cuentas. Por puro desconocimiento. El historiador Francisco Espinosa fue el primero en acceder a él a finales de 2008. Hace dos días, como quien dice, y tuvo que batallar, con el apoyo de la abogada Eva Moraga, contra el hermetismo del Tribunal de Cuentas. “Ese archivo estaba silenciado, no tenían interés en que se conociera, supongo que por simple pereza burocrática”, reprueba Espinosa. “Carecíamos de espacio para atender a investigadores, se hizo un esfuerzo por habilitarlo y desde entonces hemos recibido a 16 investigadores”, contrapone la subdirectora jefe de archivo del Tribunal de Cuentas, Soledad Cases. “No fue para ocultar ni para negar”, agrega. Lo cierto es que, aún el 3 de junio de 2008, el secretario general del Tribunal de Cuentas, José Antonio Pajares, afirmaba en un escrito que no se podían consultar los fondos de batallones y campos de concentración debido a que “las deficiencias constructivas del edificio” donde se almacenaban había obligado a clausurarlo “por motivos de seguridad”. En la carta de respuesta a Espinosa, se omitía señalar que los fondos ya habían sido digitalizados. Javier Rodrigo, que manejó una apabullante documentación para su tesis sobre los campos, no pudo acceder a estos datos. “Cuando preparé mi tesis, no lo sabía. No estaba recogida en los fondos históricos estatales, aunque intuía que tenía que existir una documentación económica sobre las altas y bajas de cada campo”. Y lamenta que no cumplieran los requisitos de un archivo: publicidad, catalogación y disponibilidad.

– Ironías de los archivos. Antes que los historiadores, llegaron los represaliados con sus peticiones. Desde 2002, al ritmo de las indemnizaciones públicas para quienes habían sido encarcelados y castigados por sus ideas políticas, 3.229 personas pidieron al Tribunal de Cuentas que certificase su paso -o el de un familiar- por un batallón o un campo de concentración. Según Soledad Cases, en 1.820 casos se dio una respuesta negativa. Con la transferencia de estos fondos al Ministerio de Cultura, corresponderá a partir de ahora al Centro Documental de la Memoria Histórica expedir los futuros certificados para los represaliados republicanos. Un irónico giro administrativo: el fichero general del centro salmantino sirvió para rastrear las veleidades “rojas” de los demandantes de empleo durante la dictadura.

– Campos de reeducación. Javier Rodrigo, el historiador que ha investigado más a fondo el sistema de campos del franquismo, ha contabilizado 188, que permanecieron operativos en algún momento entre 1936 y 1947. “Fueron internamiento, clasificación, reeducación y origen de explotación. También fueron humillación, hambre, maltrato, disciplina, descontrol, lucha por la integridad y transformación. Y, en muchos casos, eliminación física. Pero que nadie se llame a engaños: su objetivo no fue nunca asesinar a sus internos (de eso se encargaría la justicia militar), sino ser el bisturí social con el que separar el bien del mal, la España de la anti-España”, escribe en su libro Cautivos. Campos de concentración en la España franquista (1936-1947) (Crítica). Por esos recintos pasaron entre 367.000 y 500.000 prisioneros de guerra republicanos y, a partir de 1940, refugiados de la II Guerra Mundial. Los campos nutrían masivamente a los batallones de trabajadores.

– Reconstruir la ruina. Se destruyó entre todos, se reconstruyó en buena parte con los perdedores. Los prisioneros republicanos, agrupados en batallones y unidades de trabajo, acometieron significativas obras, como se constata en los fondos del Tribunal de Cuentas. El batallón de trabajadores número 31, formado por 388 prisioneros, lo hizo en el aeropuerto de Labacolla, en Santiago. Cobraban en febrero de 1940, según lo firmado por el comisario de guerra, 2,50 pesetas diarias. Del campo de concentración de la plaza de toros de Zaragoza, donde se hacinaban 2.148 republicanos en abril de 1939, salió la mano de obra para trabajar en el pantano de la Muedra (189 prisioneros), el ferrocarril entre Soria y Castejón (299), las minas de Utrillas (199) y los puertos de Castellón y Vinaroz (393). La explotación laboral se mantuvo también con los presos de las cárceles -que sí habían sido juzgados y condenados- en un complejo entramado de cesión de mano de obra a instituciones y empresas privadas que haría las delicias de una empresa de trabajo temporal inmisericorde. Entre las obras más simbólicas legadas por este sistema figuran el Valle de los Caídos o el Canal del Guadalquivir, construidas ambas por presos que creían redimir penas.

– Víveres recortados. El lenguaje repetitivo y plano de los papeles militares esconde pistas. Se podría decir que el jefe del batallón de trabajadores de Belchite era más generoso con sus prisioneros que el jefe del campo de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Verán por qué. En abril de 1939, el primero certifica que “en el mes anterior no se ha podido obtener ninguna economía en la compra de víveres para la confección de ranchos”. El segundo, por el contrario, escribe ufano que “las economías realizadas durante el mes de la fecha importan la cantidad de 14.277,6 pesetas, diferencia entre lo reclamado y lo invertido, cuya cantidad será ingresada en el Banco de España en la cuenta corriente de la Inspección de Campos de Concentración”.

– Miranda de Ebro, el más longevo. Se cerró en 1947. Su historia está casi más vinculada a la II Guerra Mundial, ya que albergó a numerosos refugiados. En los listados del Tribunal de Cuentas se suceden apellidos como Wilson, Weil, Van Derber, Roux, Rivière, Sorel, Zalewski o Zielinski. En agosto de 1943 había 3.265 extranjeros. Durante un tiempo se mezclaron sin sentido alemanes, judíos, franceses, británicos y polacos, hasta que los conflictos obligaron a delimitar zona aliada y zona germana en el campo.

 

LA HUELLA DOCUMENTAL DEL DRAMA

– En la reconstrucción del nuevo pueblo de Belchite trabajaron prisioneros extranjeros que habían combatido en las filas de la República. En febrero de 1940 había 303 extranjeros. Cada uno cobraba 2,50 pesetas diarias.

– Además de Miranda de Ebro, que funcionó entre 1937 y 1947, en Burgos se abrieron campos en Aranda de Duero, Lerma, San Pedro de Cardeña y Valdenoceda.

– Córdoba, con 17, fue la provincia con más campos de concentración. Le siguieron Granada (10), Badajoz (8) y Alicante (8).

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Memoria/esclavos/Franco/elpepicul/20100311elpepicul_1/Tes