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“El problema son los fusilados que permanecen en las cunetas”

María José Esteso. Diagonal, 26-04-2010 | 27 abril 2010

Miles de personas se han echado a la calle para revindicar la reparación de las víctimas tras el intento de sentar en el banquillo a Garzón por pedir justicia

 

María José Esteso Poves (Redacción)

Lunes 26 de abril de 2010.  Número 124  Número 125

150.000 fusilados, 70 años después, siguen diseminados en más de 2.000 fosas comunes, como la de Málaga donde hay 4.700 cuerpos. Más de 30.000 niños robados durante el Franquismo, 3.500.000 represaliados, cientos de juicios sumarísimos sin anular y otros crímenes de la dictadura aún sin reparar.

A estos hechos se suma otro, Falange Española de la JONS, partido fascista que participó en la represión, ha llevado a los tribunales al Baltasar Garzón. Tras 35 años de democracia, el juez ha puesto sobre la mesa las violaciones de la dictadura. Al tiempo que se revelaban más datos de la trama Gürtel, investigada también por él, sobre la corrupción del PP, se aceleraba el hostigamiento de la extrema derecha contra Garzón. Se le acusa de prevaricar por pedir que se juzguen los crímenes del Franquismo.

En 2008, Garzón emitió un auto donde se detallaban los crímenes de Franco. Un mes después, otro auto amplió la lista de violaciones y obligó a dejar en manos de los juzgados ordinarios las denuncias. Muchos han archivado los casos. El juez solicitó también los nombres de los dirigentes de Falange entre julio 1936 y 1951. Ahora sus herederos podrían sentarle en el banquillo, gracias al juez del Supremo Luciano Varela, que admitió la denuncia. Las organizaciones de memoria convocaron el 24 de abril a decenas de miles de personas en las calles de 20 ciudades del Estado español y se llevaron a cabo concentraciones frente a embajadas españolas de seis países. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, juristas internacionales e incluso la ONU han denunciado la persecución al juez.

Una Ley de Memoria vacía

Según José María Pedreño, presidente del Foro por la Memoria, “el problema no es Garzón. El problema son las víctimas del Franquismo”. Para Pedreño, el intento de juzgar al juez ha dado a conocer el desamparo en el que se encuentran los que sufrieron la dictadura frente a una Ley de Memoria que califica de “ley de la vergüenza”.

Para Carlos Agüero, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), “las manifestaciones son contra la impunidad, contra una ley insuficiente y un Estado que no quiere implicarse”. La ARMH ha movilizado en un encierro a 1.800 personas en apoyo a los represaliados. Mientras, Varela ha dejado fuera del proceso a Falange, que inició la denuncia.

En el centro de la discusión sobre las acusaciones de prevaricación, está la Ley de Amnistía de 1977, que se diseñó de espaldas a los tratados internacionales. Naciones Unidas ha llamado la atención al Estado español en tres ocasiones, la última en 2009, por mantener esta ley aún vigente.

“Es una ley de punto final. Como dijo la ONU, el régimen de Franco fue similar al de Mussolini, practicó la represión sistemática. Es hora de condenar el Franquismo”, afirma Pedreño.

Según el abogado Carlos Slepoy, que acaba de presentar una querella contra los crímenes del Franquismo en Argentina, “la amnistía se diseñó para sacar a miles de presos políticos de las cárceles, ahora se usa para amparar a los represores”. Miguel Ángel Rodríguez, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha, coincide en que las leyes de amnistía no son aplicables a crímenes internacionales, de lesa humanidad, y menos a las desapariciones forzadas. Asegura que somos el segundo país del mundo en número de desaparecidos durante la dictadura, tras la Camboya de Pol Pot.

En la misma línea, el abogado del caso Pinochet, Joan Garcés, recuerda que el español es el único Estado europeo en el que los crímenes contra la humanidad no han sido ni investigados ni juzgados. Sí lo han hecho Grecia, Portugal y Alemania, donde entraron en vigor normas contra las sentencias injustas.

A esta impunidad se une el recorte de la Justicia Universal llevado a cabo por el PSOE, al dictado de Israel, y con la connivencia del Partido Popular. Slepoy señala que, de cualquier manera, “los crímenes de lesa humanidad se pueden juzgar en otros países. En España hay algunos jueces que juraron lealtad al Movimiento, otros son herederos de Franco. Por eso, hemos presentado la querella en Argentina, acogiéndonos a los principios de Justicia Universal, como en el caso de Pinochet o de Scilingo”. A pesar de todo, asegura, “la sociedad española ha sabido reaccionar. Se está viviendo una auténtica epopeya”.

La Transición, poco modélica

Para Pedreño, el Gobierno tiene que asumir responsabilidades. “Es el Estado el que tiene la obligación de hacer pedagogía, no ocultar lo que pasó y permitir a la sociedad conocer los hechos, sin mezclarlos. No hubo dos bandos, hubo uno que dio un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo, y un pueblo que tuvo que organizarse. El Estado tiene que asumir la identificación de todas las víctimas, y no dejarlo en manos de las familias y si tenemos normas internacionales para juzgar, se tienen que aplicar”.

Todo esto demuestra, según el presidente del Foro por la Memoria, el bajo perfil democrático español y que “los mismos poderes que sustentaron a la dictadura, siguen en el poder: la banca, la Iglesia y algunos miembros del Ejército. Incluso, hay políticos hijos y herederos de los golpistas. Se hicieron reformas pero no se tumbó al Franquismo”, sentencia.

Además, la Transición no fue tan modélica como se dice, apunta Víctor Díaz Cardiel, entonces en la dirección del PCE, que sufrió nueve años de cárcel. “PCE, PSOE y otros miraron para otro lado. Ahora sufrimos la herencia de Franco. Se ha tocado a la derecha: el intento de abrir los crímenes y la trama Gürtel. Esto los jueces franquistas no lo permiten. El problema –concluye– no es el acoso a Garzón, el problema son los miles de fusilados que todavía están en las cunetas y en los caminos”.

El Estado no atiende a la ONU

La Resolución 39 (I) de la ONU de 12 de Diciembre de 1946 señala: “De acuerdo a su origen, naturaleza (…) el régimen de Franco es un régimen fascista basado en el modelo de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini…”.

La segunda declaración de condena la hizo el Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006, y en la lista de crímenes, reconoce por primera vez el caso de los niños perdidos del Franquismo, un año y medio antes de la Ley de la Memoria, Una circunstancia que ésta no recoge, según Miguel Ángel Rodríguez, experto en derecho penal.

La Ley de Memoria es a su juicio una ley vacía, “que copia el sistema de búsqueda de desaparecidos de la orden del 1 de mayo del ‘40, por eso no se encarga el Estado, como es su deber. La Ley de la Memoria viola cuatro artículos del Convenio Europeo”.

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