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Editorial publicado por ‘Financial Times’

El Mundo.es, | 20 abril 2010

Sobre el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón

 

    Baltasar Garzón, el magistrado instructor español de renombre internacional, ha sido procesado bajo acusaciones que podrían terminar con su carrera. El caso tiene todos los visos de un intento, guiado por motivaciones políticas, de desacreditar e inhabilitar para el ejercicio de su profesión a un valiente funcionario público que ha luchado contra terroristas y contra escuadrones de la muerte amparados por el estado, contra la corrupción y la tiranía. No tiene ningún fundamento y da una imagen muy poco favorable del sistema judicial español, cada vez más politizado.

    La acusación principal contra el señor Garzón, presentada por un grupo fascista residual, es que se extralimitó en sus poderes al investigar crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas franquistas en la Guerra Civil de 1936-1939 y en las represalias de la postguerra.

    Hay pendiente un debate sobre la forma de manejar los cadáveres que existen en el armario de cada nación. Países diferentes, desde Sudáfrica hasta Chile o desde Polonia hasta Argentina, han encontrado fórmulas diferentes de acuerdo con sus circunstancias. El procedimiento español fue el de una amnesia negociada en la transición postfranquista, en virtud de la cual se olvidarían los crímenes de la Guerra Civil (y las pruebas seguirían enterradas o serían destruidas). Sin embargo, tal cosa negaba un entierro decoroso a las decenas de miles de republicanos derrotados, cuyos restos se están exhumando a centenares de fosas comunes en todo el territorio de España conforme a la polémica ley de «memoria histórica» del año 2007.

    El señor Garzón llevó las cosas más allá y abrió un proceso contra los responsables franquistas, prácticamente muertos todos ellos, lo cual causó una gran indignación en la derecha, que sostiene que una cosa así contraviene la ley de amnistía de 1977. Sin embargo, no puede haber una situación legal restrictiva en los crímenes contra la humanidad. La cuestión es cómo encontrar un equilibrio entre la justicia y el juicio político. En todo caso, el señor Garzón estaba dando respuesta, como es su deber, a las peticiones de las familias de los muertos ante los tribunales; el año pasado, él mismo decidió no seguir adelante con el proceso.

    El auténtico delito que ha cometido quizás sea que está persiguiendo casos de corrupción que implican a ‘barones’ regionales del derechista Partido Popular (PP) en la oposición. No obstante, a mediados de los años noventa puso al descubierto en la instancia procesal las escuadras de la muerte que, contando con el amparo del gobierno, habían cometido 27 asesinatos en un intento de destruir las estructuras de apoyo de Eta, el grupo terrorista vasco. Su iniciativa hirió de muerte al partido socialista en el gobierno (del que el señor Garzón se encontraba próximo) y contribuyó a llevar al PP al poder en 1996.

    El problema de fondo en este asunto es que la política en España, desde el mismo momento en que los socialistas se vieron aupados espectacularmente al poder a raíz de los atentados contra los trenes de Madrid en el año 2004, ha adquirido un carácter destructivo entre facciones. Sin embargo, eso no es justificación para convertir en víctima a uno de los servidores públicos más eminentes de España.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/19/espana/1271673654.html