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El cerco al juez aplaza el fallo del Supremo sobre la fosa de Lorca

El Periódico, | 18 abril 2010

El alto tribunal debe decidir si un juzgado de Granada asume la exhumación de restos

 

 

JOSE RICO. BARCELONA

ERC quiere reformar la ley de la memoria histórica para anular el juicio de Companys

El acoso al juez Baltasar Garzón no solo está provocando una cascada de reacciones políticas, sino que ya se dejan sentir algunos efectos judiciales en las causas que dependían del magistrado. Una de ellas, también del capítulo de la memoria histórica, quedó ayer paralizada. El Tribunal Supremo (TS) anunció que aparca la decisión sobre la apertura de la fosa del escritor Federico García Lorca. Garzón remitió la cuestión al alto tribunal en junio del año pasado, pero este ha optado por suspenderla temporalmente al estar «directamente relacionada» con la causa que tramita el mismo tribunal contra el juez por un posible delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo y la guerra civil.

En una providencia, el Supremo da por aplazado sine die su fallo acerca de la exhumación de los restos del poeta, que debía determinar la competencia de un juzgado de Granada para llevarla a cabo, después de que la jueza granadina Aurora María Fernández García se negara a ordenar la exhumación al considerar que no era competente para tomar esta medida. Tres magistrados del TS tienen que dirimir la reapertura de la fosa de Lorca, reclamada por la nieta del maestro Dióscoro Galindo, que supuestamente está enterrado junto al poeta y el banderillero Francisco Galadí, en Granada.

LA PRUEBA DEL ALGODÓN / Si la muerte de Lorca es objeto de disputa judicial, otro asesinato del franquismo, el del president Lluís Companys, genera una dura pugna política en Catalunya. ERC presentará en el Congreso una proposición para reformar la ley de la memoria histórica, a fin de que reconozca la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas. El objetivo es obtener la anulación de la condena de Companys, fusilado en octubre de 1940.

Ahora mismo, la ley declara «ilegítimas» las sentencias, un precepto que la Fiscalía General del Estado considera suficiente para concluir que dichas sentencias son «nulas de pleno derecho», sin necesidad de una revisión particular de cada una. Pero ERC, a diferencia de sus socios del tripartito, no comparte esta interpretación, y quiere aprovechar la resolución de la fiscalía e incluirla en el articulado de la norma.

Así, se abriría la puerta a que las sentencias franquistas pudieran ser revisadas por la Audiencia Nacional si los familiares de las víctimas lo reclaman. Según Ridao, la propuesta será «la prueba del algodón» para que los partidos, en especial el PSOE, se pronuncien sobre si quieren una ley de memoria «más ambiciosa».

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