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El Gobierno no ve factible la vía argentina contra el franquismo

Público, | 18 abril 2010

Fernández de la Vega subraya la calidad y solidez del Estado de derecho en España

 

La posibilidad de que sea la Justicia de Argentina la que acabe realizando la investigación sobre los crímenes del franquismo que no ha podido hacer Baltasar Garzón es prácticamente nula, a juicio del Gobierno.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no quiso pronunciarse sobre el efecto que, de prosperar, tendría la querella presentada en Buenos Aires invocando el principio de jurisdicción universal, el mismo que permitió a Baltasar Garzón investigar las desapariciones durante las dictaduras militares en Argentina y Chile.

“Hace apenas 48 horas que se ha presentado esa querella y no tenemos conocimiento de que se haya admitido a trámite. Es muy prematuro entrar en evaluaciones. No sería riguroso”, alegó Fernández de la Vega para justificar el despeje.

Pero acto seguido hizo un denso alegato sobre la calidad del sistema de derechos español: “En España contamos con un Estado de derecho sólido y muy consolidado, tenemos una Constitución muy avanzada, hay una clara separación de poderes, y la ley se cumple y se aplica”. Esta argumentación de la vicepresidenta no es gratuita porque la falta de calidad democrática del sistema institucional es una de las razones que dan soporte al criterio de la jurisdicción universal.

Además, el proceso abierto contra Garzón a raíz de la querella presentada por Falange traería a colación el principio de subsidiariedad. Este principio es el que invocó esta semana el Tribunal Supremo para confirmar el archivo de una querella por un ataque de Israel sobre Gaza, al estar abierta una investigación por las autoridades israelíes. Y, según recordaron ayer fuentes gubernamentales, existe la Ley de la Memoria Histórica.

Tres debates cruzados

La vicepresidenta primera pidió “serenidad” y “ponderación” porque, en su opinión, “se están mezclando diferentes planos: el debate social, el jurídico y el judicial”. A su juicio, el primero “despierta muchas sensibilidades” el segundo es “enormemente complejo” y el tercero requiere del respeto a la presunción de inocencia del acusado y al desarrollo de la instrucción judicial. “Querer mezclarlo todo es querer desviar la atención de asuntos propios, los que afectan al Partido Popular. Es un debate interesado”, sentenció la portavoz.

La presunción de inocencia

Fernández de la Vega se aferró a la tesis de que el Gobierno no debe interferir para dejar sin respuesta cuestiones como si debería ilegalizarse a Falange o, como ha sugerido el fiscal general del Estado, limitar por ley la posibilidad de la acusación particular.

Y rechazó que sean interferencias manifestaciones “a título personal” como la participación de Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Política Territorial y miembro de la ejecutiva del PSOE, en un acto de apoyo a Garzón o las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, expresando su asombro por que una organización de ideario fascista como Falange pueda sentar en el banquillo de un sistema democrático a un juez.

De la Vega enmarcó esas manifestaciones en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y concluyó: “Apoyar la presunción de inocencia de un juez no es comparable con atacar la independencia de los tribunales”. En opinión de la vicepresidenta primera, el ejercicio de la libertad de expresión “debe ser compatible con el respeto necesario a los tribunales”.

http://www.publico.es/espana/306338/gobierno/ve/factible/via/argentina/franquismo