La invisibilidad de las vÃctimas
Al bisabuelo español de mi hija
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JUAN DIEGO BOTTO 18/04/2010
La primera persona que va a ser juzgada por los crÃmenes del franquismo es precisamente la única que ha pretendido investigarlos. Esta paradoja cuestiona la naturaleza de nuestro Estado de derecho y nuestra democracia. La transición nació fruto del siguiente pacto: Estado de derecho sÃ, pero vamos a hacer un aparte con este genocidio y estos crÃmenes de lesa humanidad para que sea posible avanzar. Y asà se desarrolla nuestra democracia, manteniendo en los aparatos del Estado a quienes habÃan administrado la dictadura.
Mi generación (nacidos en 1975) siempre pensó que era cuestión de tiempo, que cuando la democracia estuviera asentada llegarÃa el momento de las vÃctimas. Lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario. Este auto del juez Luciano Varela es el equivalente a la peor de las leyes de punto final. Peor, porque en este paÃs ya nadie pedÃa sentar en el banquillo a los responsables. Lo único que se pedÃa era dar amparo a vÃctimas y familiares.
Preguntémonos con qué autoridad moral se asienta un Estado de derecho que investiga a quien comete un asesinato pero no a quienes cometen 100.000; que investiga la desaparición de una niña pero no la de decenas de miles de personas; que persigue a quien roba un coche pero no a quien organiza un entramado para robar niños. Sobre esa estructura es improbable que alguien llegue a confiar en sus instituciones. La mejor manera de garantizar que ningún grupo ose alzarse de nuevo contra la democracia es demostrar que la justicia será con ellos implacable. Pero a quienes lucharon por la República se les ha premiado con una fosa común con vistas al olvido.
Según las encuestas, la mayorÃa de los españoles prefiere la democracia a la dictadura franquista, a la que la mayorÃa considera sangrienta. Ello presupone que cualquier gobierno en estos años de democracia estaba legitimado para enfrentar una tarea que, sin embargo, ninguno acometió.
Se trataba, simplemente, de catalogar esos delitos como lo que son y, más importante aún, ofrecer reparación a las vÃctimas. Si desde el Estado se cometieron los crÃmenes -y se hizo además desde las fuerzas del Estado y en nombre del Estado- es éste, sin duda, el que debe asumir buscar, desenterrar y averiguar cómo fueron eliminados sus ciudadanos. La visibilidad de casi 1.000 vÃctimas del terrorismo etarra es uno de los grandes aciertos de la democracia española; sin embargo, la lacerante invisibilidad de los al menos 113.000 desaparecidos y miles de torturados, encarcelados y exiliados es una de sus más imperdonables deudas.
En cuanto a la Historia, se recurre a menudo al argumento de la equidistancia: «Por ambos bandos se cometieron atrocidades». SÃ, muy probablemente el bando republicano cometiera crÃmenes de guerra. Todos deberÃan ser investigados. Ahora bien, eso no puede nunca oscurecer el hecho históricamente nÃtido de que la contienda tuvo un responsable, un bando que se sublevó contra la democracia y que ello derivó en una guerra. Más aún, no se puede negar que hubo durante la guerra y también en los años posteriores a ella un plan sistemático para acabar con un grupo polÃtico o ideológico.
Ampararse en que ambos bandos cometieron atrocidades para igualar a los contendientes serÃa tanto como afirmar que no se puede juzgar a los nazis porque los aliados también cometieron crÃmenes. Sin lugar a dudas las cometieron. Es difÃcil pensar que los bombardeos sobre Dresde no fueran un crimen de guerra. Eso, sin embargo, no ampara ni una sola de las atrocidades cometidas por los nazis.
Para sostener que hubo prevaricación, el juez Varela señala que la Ley de AmnistÃa impide juzgar los crÃmenes del franquismo. Pues bien, aclaremos que la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide la nulidad de dicha ley, porque los delitos de lesa humanidad y genocidio no pueden estar sujetos a leyes de amnistÃa. Son delitos considerados tan graves que no se permite a los polÃticos el derecho de amnistiarse ni arrebatar a las vÃctimas el derecho a obtener justicia. Por otra parte, esa interpretación que coloca la Ley de AmnistÃa por encima del amparo a las vÃctimas es contradictoria con los artÃculos 10.2 y 96.1 de la Constitución, en vinculación con varios tratados y convenciones internacionales suscritos por España.
Varela indica, además, que los delitos han prescrito, pero eso solo serÃa posible si se observa cada caso individualmente, es decir, si se niega la existencia de crÃmenes masivos y por ende, la intencionalidad del franquismo de cometerlos, dado que los crÃmenes de genocidio y lesa humanidad no prescriben.
Varela señala también que Garzón ha incumplido la Ley de la Memoria Histórica al usurpar tareas que corresponden a la administración, lo cual es falso, porque dicha ley señala en su disposición adicional segunda que las previsiones contenidas en la misma son compatibles con el ejercicio de las acciones establecidas en las leyes o tratados y convenios internacionales suscritos por España.
Cuando la justicia da cobertura a una dictadura a costa de negar auxilio a sus vÃctimas, cuando se actúa de espaldas a la voluntad de la mayorÃa, ¿qué Estado de derecho es éste? ¿Qué democracia es ésta?