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Las víctimas de Franco plantan batalla al Tribunal Supremo

Nueva Tribuna, | 9 abril 2010

Colectivos de la memoria histórica presentarán el próximo lunes una querella por prevaricación contra el juez Varela

 

NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 09.04.2010

Colectivos de la memoria histórica presentarán el próximo lunes una querella por prevaricación contra el juez Luciano Varela y estudian también demandar al presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Juan Saavedra.

“Sería muy duro que se acepte una querella de los herederos ideológicos de la represión (en alusión a Falange) y que no se aceptara la de los agredidos, la de las víctimas”, asegura a nuevatribuna.es la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Mallorca, María Antonia Oliver, que junto a la de Cataluña, presentarán el próximo lunes ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez Luciano Varela.

Las víctimas del franquismo seguirán con su particular vía crucis en la búsqueda de los desaparecidos en la guerra civil y la dictadura, la ‘causa de las fosas’ por la que Baltasar Garzón abrió una investigación por la que podría ser inhabilitado de sus funciones como magistrado de la Audiencia Nacional.

El siguiente paso será querellarse contra el juez instructor Varela por una “resolución manifiestamente injusta”, dice Oliver en referencia a la imputación de Garzón por un delito de prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes. Las víctimas se sienten “desamparadas y desprotegidas” y defienden su derecho a interponer la querella. “No sentimos agredidos por el franquismo y ahora también por la democracia”, afirma.

Los fundamentos en los que se basa la querella contra Varela son los mismos que éste magistrado ha utilizado para procesar a Garzón. Es decir, haber actuado injustamente a sabiendas de que los argumentos recogidos por el juez de la Audiencia Nacional para la causa del franquismo “se ajustan a derecho” y a la normativa internacional vigente sobre delitos de lesa humanidad.

El documento trata de demostrar que el juez instructor ya tenía la decisión tomado de antemano y por eso no admitió las pruebas solicitadas por Garzón y los tratados internacionales firmados por España que obligan a investigar un delito de genocidio que no está sujeto a amnistía. Las víctimas también alegan que el auto contra Garzón es contrario a lo que viene planteando la Fiscalía General del Estado contraria a sentar en el banquillo al juez.

Moliner relata a este periódico el “largo y doloroso camino” que están recorriendo las víctimas a las que no ampara la Ley de Memoria Histórica de 2007, una normativa que no incluye la parte jurídica del proceso. En Mallorca están paralizados los procesos de exhumación de varias fosas porque ningún tribunal se declara competente, una cuestión que también debe dilucidar el Supremo. Las asociaciones han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y no descartan acabar en Estrasburgo si los tribunales estatales no resuelven esta cuestión. Moliner es tajante: “Es el Estado el que tiene que asumir la responsabilidad de las exhumaciones”.

El texto de la querella está ultimándose por los letrados de estas asociaciones que esperan que sea admitida a trámite, paso tras el cual se solicitará la abstención y posterior revocación de algunos de los jueces que componen la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal.

Estos colectivos también estudian presentar otra querella contra el presidente de la Sala Juan Saavedra por la cuestión de las recusaciones.

Desde la Asociación de Jueces para la Democracia (JpD), su portavoz Ignacio Espinosa no cree que la demanda prospere aunque reconoce el derecho de las asociaciones a presentarla. En declaraciones a este periódico Espinosa sale en defensa de Varela asegurando que lo que ha hecho es “cumplir con el mandato legal” y “ceñirse estrictamente a lo que dice la ley”.

Luciano Varela fue el fundador de JpD y entró en el Supremo de la mano de la ahora vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y de la actual miembro del Consejo general del Poder Judicial, Margarita Robles, que no participará en las deliberaciones sobre la suspensión de Garzón después de que éste le recusara por “enemistad manifiesta”, una enemistad que las asociaciones atribuyen ahora a Varela.

http://www.nuevatribuna.es/noticia/32534/SOCIEDAD/v%C3%ADctimas-franco-plantan-batalla-tribunal-supremo.html