Las víctimas del genocidio
Denuncia en Argentina. Darío Rivas e Inés García esperan que una jueza de Buenos Aires releve a Garzón
DIEGO BARCALA – MADRID – 18/04/2010
La querella reclama investigar el franquismo por los fusilamientos de un alcalde, un edil, un diputado y un estudiante miliciano
Para Darío Rivas (Castro de Rei, Lugo, 1920) la búsqueda de su padre fue el camino más corto para agarrarse a la vida. Con la tristeza latiendo por la muerte de su mujer Clotilde, en 1994, decidió que era el momento de resarcir las heridas de su pasado. Rehizo el camino entre Buenos Aires y Galicia que había hecho en barco con 9 años y consiguió en 2005 encontrar un fémur, otros huesos pequeños y una calavera con un tiro en la sien. A pie de fosa, con su traje impoluto y sus zapatos brillantes, vio 76 años después a su padre Severino: «Por fin pude agarrarme a algo más que su espalda en el puerto y demostrarle el cariño que un asesino me impidió».
La felicidad de Darío fue completa. No buscó nada más. No quiso culpables ni venganzas, aunque su lucha podía seguir siendo útil para el resto de miles de personas que en España no han podido curar sus heridas. Por eso decidió prestar su caso a la querella presentada en Argentina el pasado miércoles 14 de abril contra los responsables del genocidio que desató el golpe de Estado, iniciado el 18 de julio de 1936, y la dictadura, finalizada en 1975, dejando documentos como el que certifica la muerte de su padre, donde se lee: «Muerto por arma de fuego».
El caso de Severino Rivas, alcalde socialista de Castro de Rei, ha sido incluido en la querella junto a otros tres ejemplos. Todos familiares de la denunciante Inés García Holgado. Su tío Vicente y sus tíos abuelos Elías y Luis comparten los apellidos con su reivindicativa descendiente Inés. Fueron un concejal, un diputado y un miliciano y murieron entre 1937 y 1938 por defender al Gobierno democráticamente elegido.
«Asesinados directamente»
Excepto el caso de Vicente, que murió en el frente de Teruel alistado como médico militar, los casos de Elías y Luis corresponden a lo que el historiador Julián Casanova clasifica como «paseados». «Se los coge y se los asesina directamente, normalmente siendo abandonados, sin ni siquiera pasar por la cárcel. Conforme fue avanzando la guerra, esa represión se legaliza y ya suelen pasar por cárceles desde donde se los saca para su fusilamiento», describe el autor de Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco (Crítica).
«Elías y Luis tienen su tumba, pero de Vicente no sabemos nada. No sabemos si murió en el frente o si fue detenido y fusilado. Es un auténtico desaparecido», explica Inés. La motivación de esta mujer de 46 años proviene del dolor heredado de su abuela Mauricia Holgado. «Emigró en 1949 y se trajo toda la documentación, pero nunca pudo volver a España. Murió en 1990 y recuerdo cómo, siendo yo una adolescente, nos contaba el sufrimiento y el hambre que vivían en Madrid con los bombardeos», describe.
Inés rebuscó en 2003 en la documentación de su abuela para reconstruir la verdad de sus antepasados. «Jamás pude imaginar que mi tío abuelo Luis muriera con tanto sadismo». Luis García Holgado fue concejal socialista de Astorga en 1931, teniente alcalde de Hervás en 1936, miembro de UGT, masón y anticlerical. Con ese historial tendría pocas esperanzas si caía en manos de los golpistas. Y cayó. La sublevación le sorprendió en Madrid y, pese al riesgo, emprendió el camino en tren a Cáceres, donde fue detenido.
En septiembre de 1936, con 40 años, fue sacado de la cárcel de Hervás (Cáceres), llevado a una cuneta y asesinado mediante varios disparos, uno de ellos en la nuca. Los falangistas no contuvieron su ira y, una vez muerto, pasaron por encima del cuerpo un carro repetidas veces, según recogen los testimonios orales del libro Represión, silencio y olvido. Memoria histórica de Hervás y el Alto Ambroz, de Francisco Moriche. Inés añade que el cadáver fue expuesto ante un grupo de escolares antes de que los matones le robaran los zapatos y el reloj.
Eran los crímenes necesarios para una «España nueva», según las órdenes de los generales golpistas Gonzalo Queipo de Llano y Emilio Mola. Las ejecuciones propias de un genocidio que la Justicia española se ha negado a considerar como tal y que la jueza argentina, María Romilda Servini de Cubría, podría investigar si admite la querella de Darío e Inés.
«La clave para considerarlo genocidio es la voluntad aniquiladora de los criminales», apunta el profesor de Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias. «Si en el caso de Ruanda se admitió como prueba el mensaje del locutor de la radio Mil Colinas que dijo: Hay que matarlos a todos, son cucarachas, ¿por qué no admitir la declaración de Mola cuando dice: Matadlos a todos como perros?».
«Adhesión a la rebelión»
Los querellantes en Argentina aportan como prueba contundente la sentencia del tío abuelo de Inés, Elías García Holgado. Este ex alcalde de Lumbrales y diputado provincial de Salamanca fue juzgado en un juicio sumarísimo que lo acusó de «adhesión a la rebelión». La perversión del juez que lo condenó a muerte no deja lugar a dudas en la sentencia que le acusa de «ideas extremistas», de hacer «intensa propaganda» y de «ir acompañado con frecuencia del diputado marxista Manso».
El fusilamiento de Elías se produjo en 1936 y 74 años después su rocambolesca sentencia sigue vigente. «No puedo entender cómo este Gobierno no ha aceptado siquiera conceder la nulidad de este tipo de sentencias. Si Alemania lo hizo a través de los juicios de Núremberg, ¿por qué aquí no?», pregunta Inés. «Cuando digo estas cosas, algunos me dicen que odio España, pero, al contrario, yo la quiero. Lo único que siento es desilusión con este Gobierno. Si esta jueza no admite la querella, lo intentaremos con otra», añade.
Darío no tiene ninguna duda de que su padre murió en una espiral de violencia cuyos culpables nunca han rendido cuentas. «Franco murió en la cama y dejó todo atado y bien atado. A estas alturas no me mueve el odio ni la venganza, pero sólo quiero que el resto de gente que tiene a su padre bajo tierra pueda sentir el mismo alivio que sentí yo cuando pude averiguar en qué lugar exacto fue enterrado», explica.
«La muerte de mi padre en la distancia marcó toda mi vida. Nunca logré saber qué daño podía hacerles un hombre de 58 años, que había aceptado una función de servicio a la sociedad como alcalde, para que los falangistas lo acusasen de traición a la patria», explica Darío. No conoció el tipo de acusación de los falangistas hasta 1994. Ni siquiera en un viaje de vuelta a Galicia que hizo en 1952 pudo averiguar algún detalle de la muerte. «Mi familia estaba tan cansada de lo que lucharon tras la guerra que no querían hablar. Ni siquiera les pregunté por el lugar donde lo habían enterrado. Se notaba que tenían mucho miedo», recuerda.
«Traición a la patria», «Rebelión» o «Tenencia de armas». Las acusaciones que los golpistas lanzaron contra los familiares de Inés y Darío coinciden y suponen un valioso ejemplo del plan sistemático de muerte que llevó a cabo Franco. Tampoco es un dato baladí que tres de ellos ocuparan cargos representativos en la República. En 1938 habían sido aniquilados 40 diputados de las Cortes y 12 estaban presos o «desa-parecidos en tierra rebelde», según los datos obtenidos por Julián Casanova del Congreso de los Diputados.
El desaparecido García Holgado
Inés García Holgado ha adjuntado a la querella presentada ante la Justicia argentina toda la documentación que ha podido reunir sobre sus tres antepasados muertos entre 1936 y 1937. Uno de ellos es su tío, Vicente García Holgado, estudiante de Medicina en Madrid que se enroló en el ejército republicano y acabó en el frente de Teruel. Inés aporta su partida de nacimiento, pero no ha podido aportar la de defunción porque no sabe dónde ni cómo murió. Está desaparecido. Inés tampoco ha incluido la historia de su abuelo Vicente. Sin embargo, sospecha que también murió por la represión al ser empujado por unas escaleras en 1946 poco tiempo después de ser puesto en libertad. Conserva lo que pagó por su libertad en una cartilla de trabajo.
