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No apoyamos a Garzón

Lau Haizetara Gogoan, | 22 abril 2010

Sí exigimos Verdad, Justicia y Reparación

 

Las asociaciones de victimas de la rebelión militar de 1936, del franquismo y del terrorismo de Estado hemos sufrido, durante estos años, las consecuencias de una aparente contradicción en la que se han instalado las instituciones, los partidos políticos y los sindicatos. Mientras por una parte declaran hoy día sentir respeto y admiración por la memoria de las victimas del franquismo, mientras hoy se muestran convencidos sobre la necesidad de poner fin a décadas de silencio y ocultación de la impunidad de los crímenes cometidos y a la necesidad de recuperar las decenas de miles de asesinados que todavía yacen en fosas comunes, mientras en estas últimas semanas teorizan sobre los derechos de las víctimas a juzgar a los verdugos y genocidas franquistas, son estos mismos partidos los que, por otra parte, han sido los que durante todos estos años nos han impuesto el olvido y nos han condenado a la más absoluta de las soledades.

Sin embargo, estas contradicciones no son fruto de la casualidad. Son la consecuencia de un cínico juego de estrategias bien meditadas que tienen como objetivo poder presentarse ante el conjunto de la sociedad como los defensores de la memoria de los cientos de miles de militantes antifascistas, a la vez que protegen sus intereses de poder, conseguidos, precisamente, mediante el pacto con los genocidas franquistas, la imposición del silencio y la impunidad, sobre los crímenes por ellos cometidos.

Pactaron con ellos el mantenimiento y la continuidad de toda la estructura del Estado, esto es, el ejército, la policía, la Guardia Civil, los jueces, el poder económico… en definitiva, la continuidad de toda la administración franquista; y aceptaron la permanencia en puestos relevantes de poder a verdaderos fascistas reconvertidos a demócratas. En la cúspide de todo este entramado, de la monarquía y de la persona nombrada por el propio genocida y criminal Francisco Franco como su heredero, el actual monarca español Juan Carlos I, quien además ejerció de Jefe del Estado franquista por dos veces durante los años 1974 y 1975, sustituyendo al Dictador mientras éste estaba enfermo. Esta es la situación de injusticia que, durante 35 años de supuesta democracia y de “Estado de derecho”, hemos soportado.

Es este el contexto, y no otro, en el que hay que analizar el nerviosismo de esa izquierda que negó su memoria y vendió a sus militantes durante la transición; es en este contexto donde hay que situar la arrogancia de los herederos del franquismo, quienes exigen el respeto a la impunidad que se les garantizó. El juez Garzón y su auto no cambian este contexto.

Ha sido el trabajo y la actividad de las asociaciones las que han puesto al descubierto la gravedad de toda esta situación de impunidad. Han sido las presiones y las denuncias ejercidas por las asociaciones las que han obligado a este juez a no seguir ignorándolas por más tiempo y mucho menos aún tras haber protagonizado los procesos abiertos contra los responsables de las dictaduras chilena y argentina. ¿Como es posible encausar a Pinochet e ignorar las denuncias sobre los responsable de la dictadura franquista, quienes cometieron muchos más crímenes y perduraron por mucho más tiempo en el poder? Pero a diferencia de aquel proceso en que se encausó a Pinochet, en el auto emitido por este juez sobre los crímenes cometidos durante la dictadura, se ponen unos límites muy claros a la hora de definir las responsabilidades. En primer lugar, establece como límite temporal superior en el año 1951, por lo que los crímenes cometidos más allá de esta fecha seguirían impunes según criterio de este juez; en segundo lugar, cuando se enumera a los imputados se hace a sabiendas que están todos muertos y de que, una vez certificada su defunción, el supuesto proceso al franquismo conocerá su definitivo punto final sin que se hayan investigado judicialmente todos los crímenes cometidos, sin que se encause a los responsables aún vivos y sin que se repare, en toda su dimensión, el daño causado. ¿Cómo se puede quedar impune  un ministro franquista, a día de hoy aun vivo, que firmó 5 penas de muerte de luchadores antifranquistas poco antes de la muerte del Dictador? ¿Cómo se puede consentir que ese mismo ministro, muerto ya Franco, masacrara a la Clase Trabajadora el 3 de marzo en Gasteiz y prosiguiera en el tiempo con las mismas actuaciones criminales? Pero los actuales herederos del franquismo no están dispuestos a aceptar ni tan siquiera eso, exigen silencio total, impunidad absoluta y respeto sagrado a la memoria de los caídos por Dios, por España y por el Generalísimo. El error que ha cometido, esta vez, el juez Garzón, ha sido el de no haber solicitado permiso a las cloacas del Estado para proceder de esta manera. Por eso le procesan, no por otra razón.

Garzón, ejerciendo  desde un tribunal especial como es la Audiencia Nacional, continuador de otro franquista como era el TOP (Tribunal de Orden Público), no puede ser emblema de la defensa de los derechos humanos, cuando ha sido puesto en evidencia en los informes de las Naciones Unidas por permitir y amparar la práctica de la tortura; porque lo único que ha perseguido con este auto es notoriedad y llegar a presidir algún tribunal penal internacional, esta vez a costa de las victimas del franquismo. Y hay que reconocer tristemente que su maniobra puede salirle redonda, que puede que pase a la historia “como el defensor de las victimas del franquismo”.

Pero este último hecho, aún siendo injusto y doloroso, no es lo que más nos interesa en estos momentos. Lo que nos preocupa es que el trabajo que hemos realizado hasta ahora para situar el debate del juicio al franquismo y sus responsables en la primera plana política y en los medios de comunicación, no se dilapiden en torno a la defensa de un auto judicial en cuyo contenido se acotan y limitan nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Nuestra preocupación se centra en que este debate se desvíe hacia la defensa de un funcionario fiel del propio Estado, que quería apuntalarlo a través de un auto de nulo recorrido.

Por todo ello, este es el momento, para dirigir nuestras exigencias, a aquellos partidos y sindicatos que pactaron durante la llamada “Transición” con los franquistas, el silencio e impunidad sobre los crímenes cometidos; debemos exigirles que rectifiquen su trayectoria e implementen las medidas políticas e institucionales necesarias para:

(1) Que inicien una nueva fase de negociación, con todos los personas  y  agentes socio-políticos afectados por el genocidio franquista, de una nueva ley de la memoria.

(2) Que procedan a la constitución de comisiones de la verdad, como instrumentos propicios para la consecución de la verdad, la justicia y la reparación, incluidas las garantías de no repetición.

(3) Que se garantice, atendiendo a la legislación internacional en materia de derechos humanos, en la cual  no son de aplicación argumentos como la  prescripción o la ley de Amnistía,  el enjuiciamiento histórico y político del franquismo y sus responsables por los crímenes  y delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos.

Esta actuación serviría para dar credibilidad a un Estado obligado a reconocer su aciaga historia pasada e impulsar medidas de justicia  con todas las personas represaliadas, al tiempo que serviría para habilitar el marco idóneo para la toma de compromisos orientados a avanzar hacia un escenario de respeto de los derechos humanos, civiles y políticos, un escenario en el que se puedan poner en práctica todos los proyectos socio-políticos que fueron frenados, por la fuerza de las armas, aquel 18 de julio del 36.

Alberto Muñoz, Gotzon Garmendia, Andoni Txasko, Manu Sainz, Xabier Lasa, Amalio García.

 Osasuna, Askatasuna, Euskal Errepublika.