¿Revisar la Transición? Fraga al banquillo, no
La amnistía -de todos para todos- fue la base para todo lo que vino después
ROBERTO LERTXUNDI | SENADOR POR EL PARLAMENTO VASCO (PSE-EE)
Al calor de la bronca política, de la brutal negativa de los dirigentes del PP a dar un gramo de oxígeno al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007 se está viendo zarandeada, discutida, malinterpretada y zancadilleada por múltiples acciones, dificultando extraordinariamente los legítimos objetivos y reclamaciones de las ‘asociaciones para la recuperación de la memoria histórica’ y sus clamorosas demandas para dar digna sepultura a las víctimas de la dictadura franquista, así como para la total eliminación de los símbolos de la misma. No puede interpretarse de otra manera la negativa de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a facilitar las ubicaciones de las fosas comunes y la documentación registrada en la época. También las iniciativas contra el juez Garzón -Falange, Manos Limpias…- aumentan el barullo sobre este asunto.
En esas circunstancias, desde, digamos, el campo de la izquierda española surgen voces que están planteando un proceso revisionista de la Transición, que tendría como objetivo principal el cuestionamiento de la Ley de Amnistía de octubre de 1977 y, por tanto, la apertura de procesos de exigencia de responsabilidades a los ‘franquistas’, que estarían hoy en día en el Partido Popular, invocando el Derecho Penal Internacional para declarar imprescriptibles los crímenes contra la Humanidad.
La Transición fue un acuerdo político, con consecuencias decisivas en nuestro ordenamiento jurídico actual. Fue un gran acuerdo, impulsado fundamentalmente por la oposición antifranquista, y cuya elaboración teórica venía siendo formulada por el PCE desde 1956, bajo la propuesta de la política de Reconciliación Nacional. Evidentemente, la Ley de Amnistía (octubre de 1977), los Pactos de La Moncloa (enero 1978), la Constitución (diciembre 1978), y los Estatutos de Autonomía (Euskadi y Cataluña, 1979) fueron los hitos decisivos para asentar el proceso reformista, de ruptura con la dictadura de Franco -que nadie olvide que murió en su cama y homenajeado por su gente- y el establecimiento de la moderna democracia de nuestro país.
El fracaso rotundo del golpe militar de Tejero, Armada y Miláns del Bosch (febrero 1981), junto a la victoria en 1982 del PSOE encabezado por Felipe González, que evidenció la plena normalidad de la alternancia en el poder, cerraron ese proceso. El cual, dentro de sus condicionantes, fue un ejemplo de ‘finezza’ política.
La pieza clave para todo esto fue la Ley de Amnistía de 1977, que abarcaba «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, realizados con anterioridad del 15-XII-1976». Ley aprobada por las primeras Cortes democráticas, las elegidas en junio de 1977, y que nada tiene que ver con las habituales ‘leyes de punto final’ que se autootorgan las dictaduras en su final decadencia, sino que resultó el primer fruto importante de las Cortes Constituyentes en las que los herederos del franquismo (Blas Piñar con su Fuerza Nueva, y Fraga con su raquítica Alianza Popular) eran una minoría anecdótica.
La amnistía -de todos para todos (por cierto, no hubo ni un preso etarra en ese final del 77)- fue la base para todo lo que vino después.
VÍCTIMAS sí, pero no verdugos. Esta actitud me parece imprescindible para que la Ley de Memoria Histórica de 2007 pueda abrirse camino, que todas las víctimas de la dictadura obtengan reconocimiento y reparación. Que se den las explicaciones necesarias, que se reponga la dignidad de quienes sufrieron la represión franquista. Pero sin pretender la exigencia de responsabilidades personales (extinguidas por la Ley de Amnistía) que pondrían patas arriba los fundamentos de nuestra Transición. Gráficamente, al banquillo ni Fraga ni Carrillo. Esto es lo que estábamos planteando en los años 70, cuando dábamos los últimos empujones al franquismo agonizante, los eslóganes en las manifestaciones -‘Libertad, amnistía, Estatuto de autonomía’- eran el compendio de esa convicción.
Quizá generaciones más jóvenes que la nuestra manifiesten su incomprensión respecto a lo que fueron los fundamentos de la Transición. Si es así, habrá que explicarla: entre tantas propuestas actuales en el campo educativo (Educación para la Ciudadanía, Educación para la Paz, la Convivencia…) podría incluirse la educación sobre los fundamentos de nuestra actual democracia.
Lo dicho no significa negarse a todo tipo de cambios y modificaciones, pero como propuestas de futuro que se basen en lo que tenemos, no en la revisión y derribo de los fundamentos de nuestras actuales reglas de juego. ‘Pacta sunt servanda’, decían los romanos.
El próximo 15 de junio celebramos el 33º aniversario de las primeras elecciones democráticas tras el franquismo. Después de un tercio de siglo, tenemos derecho a que no nos asusten los fantasmas de nuestro propio pasado y a plantearnos las modificaciones que nos parezcan importantes en nuestro ordenamiento, sin cuestionar el camino recorrido. Todo es discutible, desde el modelo de Estado, y el porqué de la monarquía dinástica, o la reforma del Senado, el papel de las comunidades autónomas, hasta la ley electoral, que tanto favorece a unos (PNV, 50.000 votos por escaño) como perjudica a otros (Izquierda Unida, 500.000, diez veces más)
Nuestra democracia tiene bases sólidas, fundadas en el pacto y el acuerdo, y al reivindicarlas, reivindicamos también a tantas personas, a tantos luchadores por las libertades, que dieron lo mejor de sí mismos para alcanzar lo que tenemos. El enfrentamiento político, siempre legítimo, no debería cegar nuestras mentes hasta el punto de ser tan necios como para despreciar lo que tanto nos costó conseguir.
