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Abominar del franquismo

Roberto Rodríguez Guerra. Telde Actualidad, | 29 mayo 2010

¿Ha habido en España alguna petición de perdón por los crímenes y violaciones de derechos humanos durante el franquismo?

 

La Ley de Memoria Histórica, pese a sus insuficiencias (no nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas, ..) y más recientemente el caso del juez Garzón (hoy injustamente acusado de «prevaricar» precisamente por alguna de las insuficiencias de la mencionada Ley), han reavivado entre nosotros un debate que algunos quieren enterrar.

A tal efecto, la insistente consigna del PP de «olvidar» todo lo ocurrido, «pasar página» como si nada significativo hubiera pasado en España durante los cuarenta años de franquismo, persigue borrar de nuestra conciencia toda referencia a ese funesto pasado. Ni siquiera los más conspicuos representantes del neoconservadurismo actual han llegado tan lejos. Nada más y nada menos que Samuel P. Huntington -el teórico del «choque de civilizaciones» que propugnaba imponer, incluso manu militari, los intereses estadounidenses en el mundo- sostenía que, ante el problema de las torturas y crímenes cometidos por los funcionarios y militares de los regímenes dictatoriales y a fin de favorecer la transición a la democracia, lo más adecuado era “no procesar, no castigar, no perdonar y, sobre todo, no olvidar”. Frente a tal propuesta cabría recordar que en no pocas ocasiones la solución a tales problemas ha sido más bien procesar, castigar y no olvidar. Al menos así ocurrió inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Núremberg.

También está ocurriendo ahora, aunque de forma más compleja y con menor éxito, a través de los juicios contra diversos representantes de dictaduras latinoamericanas (juicios a Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, Jorge Rafael Videla,…, y muchos otros altos funcionarios y mandos militares que colaboraron con ellos). El mensaje era y es claro: los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Pero en España todavía existen quienes (María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, lo ha expresado recientemente sin el menor rubor en diversas ocasiones) pretenden que perdonemos y olvidemos. Perdonar exige antes que los responsables de lo que se ha de perdonar reconozcan lo que se quiere que se perdone.

Pedir perdón es entonces una cierta forma de arrepentimiento, es reconocer una cierta responsabilidad por lo hecho o consentido. ¿Ha habido en España alguna petición de perdón por los crímenes y violaciones de derechos humanos durante el franquismo?, ¿lo han pedido aquellos que formaron parte activa y directa del mismo, aquellos que en su día juraron lealtad al caudillo?, ¿y sus consentidores, beneficiarios o herederos?

Ese perdón podría asentarse sobre una clarificación de lo sucedido (las «comisiones de la verdad»). Si se hiciera algo a este respecto, estaríamos ante la posibilidad de ofrecer una mínima reparación moral y un evidente reconocimiento social a las víctimas del franquismo. Sería recuperar y dignificar «la memoria de los vencidos», que son aquellos que lucharon por preservar la legalidad democrática establecida y contra la imposición de un régimen dictatorial. Pero no es eso lo que se propugna hoy desde ciertos sectores de la clase política, jurídica y empresarial española.

En aras de la «reconciliación» proclaman el «deber de olvidar». Pero si algún deber es reclamable en tales asuntos, ése no es otro que «el deber de recordar» (Paul Ricouer) Recordar es en este caso rememorar, traer a nuestra memoria y conciencia los crímenes e injusticias cometidas para que no se repitan de nuevo. Y ésta es, además de una tarea individual, un esfuerzo colectivo por preservar en nuestra memoria colectiva lo sucedido. Sólo aquellos no tienen la más mínima mala conciencia por la mal llamada guerra civil española (denominar «guerra civil» a lo que ocurrió en España tiende a equiparar normativamente a los dos bandos y a hacernos olvidar que lo que hubo fue un levantamiento militar contra una República democrática) se atreven a pedir, tanto a los «vencidos» como a las generaciones posteriores, que olviden.

Pero precisamente ahí reside buena parte del problema: la ausencia de arrepentimiento y de mala conciencia por el franquismo implica, por parte de aquellos que solicitan que olvidemos, que se cree que no hay nada que corregir. Implica la negativa a condenar (hecho por lo demás harto frecuente en España) la dictadura franquista y sus severas consecuencias internas y externas. Solicitar esta suerte de amnesia colectiva es, además de imposible, abiertamente indeseable. Olvidar tales hechos es negarse a aprender de las barbaridades de ese nefasto pasado y, con ello, lastrar severamente la posibilidad de consolidar la democracia y construir un futuro de forma adecuada.

Que no se castigaran tales crímenes en los momentos inmediatos a la muerte del dictador acaso tuviera alguna débil justificación prudencial. Por lo demás las políticas de «compromiso» y «reconciliación» que se consideraron necesarias para facilitar la transición auspiciaron ciertos acuerdos hoy a todas luces excesivos. Pero solicitar hoy el perdón judicial y el olvido social, tras más de treinta años de democracia, indica la evidente pervivencia en nuestra sociedad de fuertes y preocupantes valores autoritarios. Señala la negativa a romper definitivamente con una etapa oscura y siniestra de nuestra historia y, en suma, contribuye a difundir dudas sobre la credibilidad y fortaleza de la democracia.

Muchos de aquellos que vivimos durante el franquismo recordamos, con mayor o menor intensidad en función de la etapa que nos tocó vivir, la dictadura en todos sus aspectos: fusilamientos, represión, juicios sumarísimos, fosas comunes y ocultas, persecuciones, enriquecimientos ilícitos,… Sin llegar a estos extremos (nací ya en las etapas postreras del franquismo), aún recuerdo el diario temor de mi padre, un pequeño comerciante de campo, a que lo detuviera la Guardia Civil cuando salía de madrugada a vender papas, frutas, etc. Su temor no era solo que le requisaran arbitrariamente algunos de los productos que llevaba o que le recordaran que cada cierto tiempo había que «aportar algo para sus familias», que también tenían necesidades.

También temía, interna y calladamente indignado, la detención arbitraria y la violencia implícita en tales circunstancias, la inseguridad sobre su persona y su familia, la carencia de los más mínimos derechos y libertades. Recuerdo igualmente los relatos de mi madre -ocasionales y con miedo: la política era entonces un tema prohibido- acerca de los republicanos que habían huido barranco arriba para esconderse, sin nada, pidiendo comida y refugio, sin tener siquiera a donde ir. Recuerdo cuando participar el movimiento vecinal o estudiantil era una actividad vigilada, sospechosa. Recuerdo cuando militar en la izquierda canaria era una tarea clandestina. Recuerdo todo ello y mucho más (Sima de Jinámar, los pozos de Arucas, la prisión de Fyffes). Y todo ello vuelve hoy, con dolor, a mi memoria.

Pero esa misma memoria constituye un referente negativo, una imagen de lo que querría que «nunca más» volviese a ocurrir. Quienes nacieron bajo la democracia carecen generalmente de esas experiencias, recuerdos y referentes normativos. Tropiezan así con dificultades para comprender lo que aquello supuso y, de esta forma, para tomar postura crítica frente a ese pasado. De ahí, además de para recuperar y dignificar «la memoria de los vencidos», la urgente necesidad de proseguir con el debate público sobre el franquismo. Un debate que, sin sed de venganza, debe conducir al progresivo esclarecimiento y conocimiento público de los hechos. Rememorar y esclarecer esos hechos puede resultar doloroso, pero seguro que contribuirá decisivamente a crear una memoria colectiva y una sensibilidad social que minimicen las posibilidades de un retorno a la barbarie. “Aunque el recuerdo no asegura un futuro apacible, el olvido no ayuda a su construcción” (Pablo de Greiff).

Pero el franquismo no solo supuso fusilamientos, represión, caciquismo, absoluta carencia de libertades y derechos,… También supuso un largo periodo de aislamiento internacional del que sólo comenzamos a salir a partir de los 60. También supuso largas décadas de atraso económico, de pobreza, de hambre y de miseria. Véase si no el pavoroso y conocido documental de Buñuel sobre Las Hurdes. Léase también El corazón helado de Almudena Grandes, donde en diversos pasajes se rememora con toda crudeza no solo el abandono de la República por parte de la comunidad internacional (con escasas excepciones como México) y especialmente por las muy pragmáticas y democráticas potencias europeas (algunas de las cuales organizaron campos de concentración en los recluyeron y humillaron medio millón de republicanos españoles y brigadistas internacionales que huyeron de la represión franquista), algo que tampoco parece políticamente correcto recordar.

También se ofrece un excelente retrato de esa pobreza y miseria durante los años más duros del franquismo. Y esto último, aunque parece que tampoco lo percibimos adecuadamente, aún sigue teniendo importantes y decisivas consecuencias en nuestro presente. No en vano España sigue siendo uno de los Estado con sistemas de bienestar más débiles de toda Europa.

En todo caso, conviene insistir en que abominar del franquismo es parte de la tarea pendiente para cierto sector de la clase política, judicial y empresarial española, en especial para aquellos que aún siguen ocupando cargos públicos relevantes y que juraron lealtad al caudillo.

 

Roberto Rodríguez Guerra es profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de La Laguna.

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