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Abrir las fosas comunes de una vez

Javier Ortiz. El País, | 31 mayo 2010

Una modificación de la Ley de la Memoria Histórica ha puesto en manos de los Gobiernos la tarea de las exhumaciones

 

JAVIER ORTIZ 31/05/2010

Una modificación de la Ley de la Memoria Histórica ha puesto en manos de los Gobiernos la tarea de las exhumaciones. Se requiere coordinación y criterios científicos. Argentina ofrece un buen ejemplo

Desde octubre del año 2000, en que se realizó con metodología arqueológica la primera excavación de una fosa común de la Guerra Civil, muchas han sido desde entonces exhumadas a lo largo de toda la geografía del país. Se pueden contar por docenas y las víctimas recuperadas por centenares. Diferentes asociaciones y organizaciones han sido las responsables de haber realizado estos trabajos de recuperación. De hecho, pusieron de moda el término memoria histórica. En 2006, el Gobierno de Zapatero optó por conceder subvenciones anuales a estas asociaciones y dejar que fueran ellas las encargadas de realizar los trabajos de documentación, exhumación e identificación. Ha sido una responsabilidad, por tanto, que ha recaído en asociaciones de voluntarios, donde en muchos casos han primado, frente a los criterios científicos, intereses personales, políticos o incluso económicos. En algunos casos, además, sus dirigentes y/o técnicos no estaban preparados para realizar una labor de esta envergadura por carecer de cualificación técnica o profesional.

El tema de las exhumaciones es demasiado importante como para que se haya dejado en manos de la improvisación con que trabajan muchas de estas organizaciones, y que ponen a prueba constantemente la dimensión científica que debe presidir este trabajo. Por respeto a las víctimas, las cosas no deberían haber ocurrido así. Y cuando hablo de víctimas no me refiero solo a los asesinados y enterrados en las cunetas de cualquier carretera de España, sino que también pienso en sus familiares, a los que, además de arrancarles la vida de un ser querido, se les negó el derecho a un entierro digno, impidiendo así cerrar el ciclo del duelo.

Y es que un crimen siempre será un crimen. Venga de donde venga, de la izquierda o de la derecha, del franquismo o del terrorismo de ETA, y carece de sentido que los unos quieran utilizarlo en plan revanchista para intentar hacer ver lo malos que eran los otros. Sea como sea, la dimensión del movimiento de la memoria histórica ha ido mucho más lejos, por así decirlo, de los conceptos de desaparecido y de fosa común. Estamos asistiendo a un revisionismo de nuestra historia reciente en el que surgen interpretaciones partidistas e interesadas sobre procesos como, por ejemplo, el de la Transición, que personalmente creo que es de lo poco que los españoles hemos hecho bien. Han aparecido también voces que claman para que se anule la Ley de Amnistía del 77: lo que nos obliga a recordar que dicha ley fue un logro de la izquierda y no de los franquistas, que se resistían a ella, y por la que hubo gente que llegó a perder la vida en la lucha para que se aprobase. Con ella se pretendía sacar de la cárcel a todos los antifranquistas encerrados, no indultar los crímenes de la dictadura. Una cosa es que en la Transición pudieran quedar algunos temas mal resueltos, pero de ahí a renegar de ella, y decir que aún gobiernan los franquistas y que este país no es una verdadera democracia, dista un abismo.

Algunos no salimos de nuestro asombro cuando vemos que determinados intereses están tergiversando el pasado reciente hasta el punto de intentar forzar una “argentinización” del caso español, llegando a comparar lo que se hizo aquí con las leyes de punto final que firmó Menem, cuando se trata de dos casos completamente distintos y contrapuestos, pese a que algunos insistan en hacerlos coincidir. Como afirma el periodista Florencio Domínguez, a este paso vamos a necesitar un comité de expertos que establezca “la verdad histórica” de la Transición.

Desde aquellos hechos han pasado más de 30 años y más de 70 desde la Guerra Civil. Ya va siendo hora, por tanto, que todo esto se analice y se vea desde la tranquilidad y el sosiego, y dejarnos de apasionamientos para poder realizar investigaciones serias de la historia de España, ayudar a las personas que tienen algún desaparecido y dejar por fin de utilizar esos asesinatos como arma arrojadiza de los “unos” contra los “otros”. Este país se va mereciendo que no se levanten ampollas, ni peleas de taberna, y menos aún por su historia.

Para poner un poco de cordura a todo este asunto, debería ser el Gobierno español el encargado de llevar a cabo las exhumaciones que se hayan solicitado y poner así, en una cuestión tan delicada, algo de sentido común encima de la mesa. La fórmula que se ha utilizado hasta ahora, la de subvencionar y dejar el trabajo en manos de voluntarios no profesionales, ha demostrado ser errónea y estar agotada. Y debo, en este punto, entonar yo mismo un mea culpa por la parte de responsabilidad que me corresponde por haber ayudado a crear algo que se nos ha escapado de las manos y que ha creado más división que unión.

Las importantes cantidades de dinero dadas por el Gobierno (aunque haya asociaciones que insistan en negarlo) no se han visto recompensadas por los resultados obtenidos. Un acuerdo del pasado día 11, entre IU-ICV y el PSOE, ha hecho posible una modificación de la llamada Ley de la Memoria Histórica (que nunca ha servido para una sola exhumación y que solo se hizo con el fin de acallar críticas) para que sean las administraciones las que se responsabilicen del trabajo en las fosas comunes de la Guerra Civil. Así dicho, desde luego suena bien y acertado. Por fin, el Gobierno toma directamente cartas en el asunto, aunque sería interesante saber por qué no había tomado hasta ahora esta decisión. Tal vez había visto que se trataba de una bomba de relojería que podía estallarle en las manos en cualquier momento. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca.

Ahora les toca explicar cómo tienen previsto llevar adelante esta nueva decisión, qué administraciones son las que habrán de responsabilizarse e involucrarse en esta labor. Y es que una cosa es querer y otra, muy distinta, poder; y es previsible que surjan muchas dificultades. Las Comunidades Autónomas seguramente tendrán mucho que decir al respecto. Hay algunas, como Aragón, que consideran que las exhumaciones de fosas comunes, al considerarlas yacimientos arqueológicos, están sujetas a la ley de patrimonio histórico de ese Gobierno. La Administración catalana, en cambio, no está por la labor de exhumar dichas fosas comunes y prefieren colocar monolitos en recuerdo de las víctimas.

En los próximos meses, el Gobierno deberá proponer un modelo de trabajo, que no sea otra vez fruto de las prisas y la improvisación y que no debería responder, simplemente, al afán de obtener un rendimiento político. Deberá ser valiente y saber dar un paso hacia atrás, que en ello no hay nada malo, pues saber rectificar es de sabios. Es necesario que pregunte y solicite consejo a los profesionales y, sobre todo, su tarea es la de ayudar a las personas que soliciten las exhumaciones dándoles soluciones, para así reconducir todo este proceso, en el que no han de tener ningún protagonismo y que deber ser realizado, por supuesto, sin ningún tipo de revanchismo como al que hemos asistido hasta ahora.

Quizá lo mejor sería hacer las cosas con naturalidad y sobre todo con mucha humildad. Tal vez el Gobierno debería fijarse en modelos que ya funcionan, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), uno de los grupos más respetados en todo el Cono Sur, de amplia y contrastada experiencia a nivel internacional, donde prima la profesionalidad y lo que más importa es la calidad del trabajo realizado y no la cantidad de fosas exhumadas, como ha sucedido en España. No en vano, ellos fueron el primer grupo de este tipo a nivel mundial, trabajando en el campo de los desaparecidos desde 1984, primero en Argentina y más tarde en otros países. Se puede decir, sin lugar a dudas, que este equipo creó escuela y tal vez sea el espejo en el que España debe reflejarse.

Estamos en un momento en el que el Gobierno puede rectificar y reconducir toda esta dispersión de esfuerzos realizados hasta el día de hoy, por eso habrá que ver cómo se materializa este compromiso contraído con la sociedad española en general y con las víctimas en particular. Al menos, confiemos en que esta vez, por fin, las cosas se hagan bien. Por lo menos, que haya voluntad real de ello.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Abrir/fosas/comunes/vez/elpepiopi/20100531elpepiopi_12/Tes?print=1