Pérez Esquivel: «No es cierto que se investigue el franquismo en España»

 

Agencia EFE

 

 

Organismos humanitarios y familiares de víctimas del franquismo se preparan para apelar la decisión de una jueza federal de Buenos Aires que rechazó hoy la apertura en Argentina de una causa por crímenes de la dictadura en España.

La magistrada María Servini de Cubría «no admitió» la denuncia presentada el pasado 14 de abril en los tribunales de Buenos Aires para que se investiguen en el país suramericano los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco amparándose en el principio de «jurisdicción universal», afirmaron hoy fuentes judiciales.

Los abogados demandantes fueron notificados este viernes de la medida, que será apelada «la próxima semana» ante la Cámara Federal de Apelaciones, anticipó a Efe el abogado Ricardo Huñis, uno de los redactores de la demanda.

La resolución de Servini de Cubría está en sintonía con la que había adoptado la semana pasada el fiscal Federico Delgado, quien rechazó la demanda al considerar «ilegal» el inicio de un proceso que en España llevan a cabo «numerosos tribunales».

Servini se apoyó en el dictamen del fiscal, al que consideró «vinculante», por lo que resolvió «desestimar las presentes actuaciones por imposibilidad de proceder», indica su resolución, a la que accedió Efe.

«No es cierto que se investigue el franquismo en España. Los tribunales cerraron allí las puertas y cuando el juez Baltasar Garzón quiso investigar los crímenes, lo acusaron de prevaricación», dijo el premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, uno de los promotores de la querella.

El presidente del Consejo Consultivo Continental, Beinusz Szmukler, otro de los abogados que redactó la querella, también calificó de «erróneos» los argumentos del fiscal y anticipó que los demandantes se dedicarán ahora a preparar la apelación.

«Es preocupante, pero todavía tenemos un largo camino para recorrer en el país. Nos presentaremos ante la Cámara de Apelaciones y, si es necesario, veremos de llegar a la Corte Suprema», advirtió Pérez Esquivel a Efe.

El fiscal Delgado había señalado que «iniciar un proceso en Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor», lo cual consideró que es «incompatible con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos».

«Es innegable que los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad y en consecuencia es innegable también que el reclamo de quienes pretenden una investigación en Argentina está amparado en altísimas razones de justicia sustantiva apoyadas en la categoría de delitos de lesa humanidad», reconoció Delgado.

La demanda fue presentada en Buenos Aires por familiares de víctimas de la dictadura franquista y por organizaciones argentinas de derechos humanos, Pérez Esquivel y asociaciones españolas de recuperación de la memoria histórica.

«Es absurdo que no se haga justicia. El franquismo va a tener que juzgarse, no se puede negar, aunque haya muchos intereses creados», aseguró a Efe Darío Rivas Cando, de 91 años, uno de los familiares de las víctimas del franquismo que encabezó la demanda.

Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937, fueron los primeros en liderar la querella presentada ante los tribunales federales por genocidio.

Pocos días después, la demanda fue ampliada con diecisiete nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación llevada a cabo por universidades del noroeste de España durante los últimos cuatro años.

La querella solicitó que la Justicia recabe datos sobre miembros de los gobiernos españoles en funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, así como de los mandos del Ejército, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española.

Entre los nombres y domicilios que piden recabar se encuentra el del presidente fundador del Partido Popular (PP), Manuel Fraga.

Además, pidió listas de desaparecidos, asesinados y torturados y de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura, e información de «todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas».

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