Agenda
Artículos y Documentos
Federación Foros por la Memoria
Noticias
Videos de Memoria Histórica
Home » Artículos y Documentos

El caso Garzón y la calidad de nuestra democracia

Antonio Galiano. Foro Ciudadano /La Opinión de Murcia, 15-05-2010 | 19 mayo 2010

Quien crea que el caso Garzón se reduce a una cuestión estrictamente jurídica se equivoca en lo fundamental

 

En la génesis y la posible evolución, se entrecruzan muchos asuntos que según se resuelvan de una manera o de otra pueden incidir en la calidad del sistema político democrático.

1. La tentación italiana.

No olvidemos qué es lo que acelera de manera decisiva las acciones coordinadas contra Garzón. Se trata del caso Gürtel. Dado que en España en los últimos tiempos las implicaciones, incluso las imputaciones, en asuntos de corrupción no se traducen en una pérdida de confianza de los electores (en algunos casos como en Totana o Castellón el político afectado consigue un mayor número de votos) el único peligro pasa por la condena en los tribunales. La persecución contra Garzón (son tres las causas abiertas en su contra) busca dos objetivos: por un lado, apartar a un juez incómodo, y por otro, amedrentar a otros que en el futuro se atrevan a hacer algo parecido. En Italia, Berlusconi se mantiene en el poder promulgando leyes que le benefician personalmente; en España podríamos hablar de la vía valenciana para lograr el mismo efecto: se trataría de apartar al juez al tiempo que se logra la anulación de la causa (el ‘caso Naseiro’ de hace años sería el precedente).

Si Garzón es expulsado de la judicatura por cualquiera de los casos pendientes se avanzaría mucho en el intento de vaciar de contenido las acusaciones y llegado el caso se podría anular el proceso que afecta a las finanzas del PP. Por lo tanto, la derecha política se apoyaría en la derecha judicial para lograr sus objetivos.

2. La ficción de la independencia del poder judicial.

Tras las movilizaciones de los últimos días una acusación se ha repetido tanto por parte de algunas asociaciones judiciales como por parte del PP: las manifestaciones son un ataque a la independencia judicial. En pura teoría, la acusación sería justa. Si los jueces son independientes en sus actuaciones y decisiones (recordemos el símbolo de la Justicia con los ojos vendados) cualquier intento de presionarles sería ilegítimo. Pero lo cierto es que el mundo de la Justicia considerado globalmente no ha sdo en España independiente en ningún momento. Los jueces en España, en su inmensa mayoría, provienen sociológica y culturalmente de unos sectores ligados al franquismo, y estos treinta años de democracia no han hecho demasiado por cambiar esa perspectiva. El propio sistema de acceso, unas oposiciones que exigen una preparación de años para superar unas pruebas de carácter memorístico, propicia casi necesariamente un tipo de juez que proviene de unas familias con posibilidades económicas y que en la mayoría de los casos cuenta ya con algún miembro de la judicatura entre sus miembros. Estos requisitos dispuestos para un juez de a pie supuestamente se equilibran en la elección del Consejo del Poder Judicial, que es el que nombra a los jueces de los altos organismos (Tribunales Superiores de cada autonomía, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). El sistema establecido es el de una representatividad derivada de la composición del Congreso después de cada convocatoria electoral . Las disputas tanto en el Consejo del Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional ponen de relieve que basta con saber qué jueces intervienen en un dictamen para adivinar sin error alguno qué fallo va a producirse incluso antes de que se reúna la sala encargada del caso. La división de jueces en progresistas y conservadores con sus correspondientes cuotas ha derivado incluso en trampas por parte de la derecha (por ejemplo, su negativa a renovar a parte de los magistrados del Tribunal Constitucional por saber perfectamente que en la nueva composición se perdería representatividad).

Por otra parte, mientras que el sector conservador vota siempre en bloque sin fisura alguna, el sector progresista se divide con frecuencia, a veces por el buenismo del Gobierno para presentar sus candidatos ( el caso más claro sería el de Dívar, un magistrado bastante conservador pero propuesto por el propio Zapatero). A esto se añaden las facilidades dados a grupos de ultraderecha, tipo Manos Limpias, a formar parte de las acusaciones particulares incluso contra el criterio de la fiscalía.

3. La revisión del franquismo.

El apoyo popular al juez Garzón se inicia en cuanto empiezan a abrirle procesos, pero es muy significativo que alcance su punto culminante cuando la acusación toca un asunto que, aparentemente zanjado, ha estado siempre presente como una herida sin cerrar del proceso de la transición. Es decir, la opinión pública puede apreciar la injusticia de procesar a Garzón por el caso Santander, pero esto se considera hasta cierto punto un caso particular. Sin embargo, todo lo que rodea al asunto de la memoria histórica es abiertamente escandaloso: que en la acusación particular esté presentes Falange de las Jons, entre otras cosas es lo que echa a la gente de la calle.

El asunto va más allá de la cuestión de los desaparecidos. Rápidamente se vincula con la impunidad de los crímenes franquistas. La Ley de Amnistía está en el punto de mira. Ya no se acepta tan fácilmente que esa fuera la única solución. Puede que fuera lo mejor en su momento, pero no resulta válida en estos tiempos. Refuerzan notablemente la idea de revisión las iniciativas procedentes principalmente de Sudamérica y de otras instancias internacionales que podrían dar rápidamente un vuelco a la situación. Habría que recordar que procesos similares iniciados en España fueron los que abrieron el camino a la derogación de la ley de punto final en Argentina o a la revisión de la dictadura de Pinochet en Chile.

4. De abajo hacia arriba.

Se trata de convocatorias casi espontáneas nacidas de las redes sociales y que pillan por sorpresa a los partidos de izquierda. El caso del partido gobernante, el PSOE, es significativo: no sabe en principio como reaccionar ante la situación y se suceden los mensajes contradictorios. Como en otros casos ( San Esteban, Cabanyal) es la iniciativa ciudadana unida a la facilidad de propagación a través de la red la que logra movilizar a tanta gente en muy poco tiempo. Los partidos políticos, lentos y burocráticos, sólo logran secundar las iniciativas nacidas desde abajo. En el esquema clásico el partido era la vanguardia; ahora ese papel parece reservado a los ciudadanos que se organizan ellos mismos. ¿Estamos en lo que sería el germen de una nuevas forma de democracia más participativa? Quizás organizaciones como el Foro Ciudadano sean la base de la política del siglo XXI.

 

ANTONIO GALIANO Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

(artículo publicado en diario La Opinión de Murcia el sábado 15 de mayo de 2010)

http://www.forociudadano.org/index.php/opinion/532-el-caso-garzon-y-la-calidad-de-nuestra-democracia