El Gobierno financiará la apertura de fosas en todas las autonomÃas
Lo hará con carácter subsidiario en aquellas comunidades autónomas cuyos ejecutivos no apoyen económicamente estos procesos
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ALBERT OLLÉS. MADRID
El Gobierno central financiará la localización, exhumación e identificación de las fosas en las que yacen vÃctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. Y lo hará con carácter subsidiario en aquellas comunidades autónomas cuyos ejecutivos no apoyen económicamente estos procesos. Asà lo indica la moción de ICV-IU, enmendada por el PSOE y aprobada ayer en el Congreso con los votos a favor de todos los grupos menos el PP y UPN, y la abstención de CC.
El texto insta al Estado a «garantizar» la «responsabilidad pública e institucional» en las labores derivadas de la apertura de las fosas, asà como el carácter subsidiario de esta contribución por parte del Gobierno central, lo que asegura que ninguna autonomÃa quedará desatendida. Para concretar este compromiso, la moción añade que el Ejecutivo «impulsará las reformas normativas necesarias» en la ley de la memoria histórica. Joan Herrera, diputado de ICV, destacó la importancia del pacto y habló de «un antes y un después» de esta modificación «sustancial».
El acuerdo incluye la conmemoración «de forma solemne» de una declaración del Congreso de «condena expresa» del régimen franquista y de «apoyo a sus vÃctimas». También insta a potenciar la oficina para las vÃctimas de la guerra civil y la dictadura –con sede en el Ministerio de Justicia– para que añada a su función actual de atención ciudadana la de «dirección y coordinación» de las polÃticas públicas vinculadas a la aplicación de la ley.
REVISIÓN PENDIENTE / Iniciativa no logró su propósito de crear una fiscalÃa especializada que facilite el desarrollo jurÃdico de la norma. También queda pendiente la revisión de la ley de amnistÃa de 1977 para que incluya una mención expresa a la persecución de los crÃmenes contra la humanidad y de genocidio. El acuerdo entre el PSOE e ICV-IU incluye dos puntos en los que se afirma que el ordenamiento jurÃdico español obliga, de «modo indudable y suficiente», a la persecución de esos delitos. Y que la aplicación e interpretación de esa legislación corresponde a los jueces y tribunales.
Para los socialistas, esta afirmación zanja la polémica sobre la reforma de ley de amnistÃa, aunque Herrera no renuncia a seguir insistiendo en esa dirección tras el proceso abierto por el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por investigar los crÃmenes franquistas. «El Congreso ha sentenciado que esos crÃmenes se han de perseguir, y que no es delito hacerlo», concluyó.
