Garzón, la justicia y la memoria
La prensa mundial, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y los más eminentes juristas internacionales no salen de su estupor
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Numero 175
¿Por qué la justicia española, que tanto hizo estos últimos años para reprimir los crÃmenes de lesa humanidad en distintas partes del globo, quiere sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, el juez que mejor simboliza el paradigma contemporáneo en la aplicación de la justicia universal?
Los medios internacionales recuerdan los méritos del «superjuez»: su trascendental papel en el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998; su denuncia de las atrocidades cometidas por los militares en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas; su empeño en desmantelar a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y en enviar a los tribunales a Felipe González; su oposición a la invasión de Irak en 2003; y hasta su reciente viaje a Honduras para advertir a los golpistas de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Como juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha encausado a unos mil activistas de la organización ETA (la derecha sugirió que se le concediera por eso el Premio Nobel de la Paz….). Lo que ha dado lugar a crÃticas, en particular su decisión de ordenar, en 1998, el cierre del diario Egin . O sus órdenes de detención, bajo régimen de incomunicación, de personas acusadas de terrorismo. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, reclaman la abolición de esa modalidad de detención. También se ha criticado la inmoderada afición del «juez estrella» por los primeros planos mediáticos.
En cualquier caso, Garzón ha demostrado ser un juez alborotador, independiente e incorruptible. Por eso ha acumulado tantos adversarios y se ve perseguido hoy por los corruptos de la trama «Gürtel» (1) y los herederos del franquismo. En el Tribunal Supremo hay, en efecto, tres denuncias contra él. Una sobre los honorarios que habrÃa percibido por unas conferencias en Nueva York patrocinadas por el Banco Santander. Otra sobre unas escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación sobre la red «Gürtel». Y la principal: por investigar los crÃmenes del franquismo.
Dos organizaciones ultraconservadoras le acusan de «prevaricación» (2) por haber iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones de más de cien mil republicanos (cuyos restos yacen en las cunetas y fosas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles (3) para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).
Si le declararan culpable, Garzón se enfrentarÃa a una suspensión de entre diez y veinte años. SerÃa una vergüenza. Porque, en el fondo, este asunto gira en torno a una cuestión central: ¿qué hacer, desde el punto de vista simbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1977, con la Ley de AmnistÃa (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo de polÃtica de memoria.
Obviamente, a 71 años del final del conflicto, y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crÃmenes abominables ante los tribunales. Éste no es sólo un asunto jurÃdico. Si tanto apasiona a millones de españoles es porque sienten que, más allá del caso Garzón, lo que está en juego es el derecho de las vÃctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en «museos consagrados a la Guerra Civil», por ejemplo; en los manuales escolares de historia; en dÃas de solemne homenaje colectivo, etc. Como se hace en toda Europa en solidaridad con las vÃctimas del nazismo.
Los partidarios de la «cultura del ocultamiento» acusan a Garzón de querer abrir la caja de Pandora y enfrentar de nuevo a los españoles. Insisten en que en el otro bando también se cometieron crÃmenes. No acaban de entender la especificidad del franquismo. Se comportan como un periodista que, deseando organizar un «debate equilibrado» sobre la Segunda Guerra Mundial, decidiese: «Un minuto para Hitler y un minuto para los judÃos».
El franquismo no fue sólo la guerra (en la que el general Queipo de Llano afirmaba: «Hay que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros.») fue sobre todo, de 1939 a 1975, un régimen autoritario de los más implacables del siglo XX que usó el terror de forma planificada y sistemática para exterminar a sus oponentes ideológicos y atemorizar a toda la población. Afirmar esto no es una consideración polÃtica, sino una constatación histórica.
La Ley de AmnistÃa condujo a imponer, sobre la «banalidad del mal» franquista, una suerte de amnesia oficial, una «escotomización», o sea un mecanismo de «ceguera inconsciente» (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un dÃa regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.
Es lo que ha querido evitar el juez Garzón. Revelar la naturaleza malévola del franquismo, para que la historia no pueda repetirse. Nunca más.
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Notas:
(1) Que afecta a personalidades del Partido Popular, en especial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
(2) La prevaricación consiste en que una autoridad dicte una resolución, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
(3) Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas polÃticas y sus hijos en las cárceles franquistas , Planeta, Barcelona, 2002. Ver el documental Els nens perduts del franquisme (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis.