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Juego limpio con los derechos humanos: España y Sudáfrica

Jordi Palou Loverdos. El Plural, | 9 mayo 2010

La ONU recrimina a nuestro país la falta de voluntad política de localizar a las víctimas de desaparición forzosa

 

En este mundo globalizado, más con la razón que con lo corazón, se producen conexiones inusitadas. Cinco países (Argentina, Perú, México, Colombia y Cuba) han instado a España -en la sede de Ginebra de la ONU- a que investigue los crímenes del franquismo. Se pone de manifiesto, entre otras cuestiones críticas de derechos humanos, la falta de voluntad política de localizar a las víctimas, así como de investigar los posibles delitos del pasado, en especial los delitos de desaparición forzada (hay que tener en cuenta que el año pasado España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas). Al parecer tres países, Chile, India y Sudáfrica deberán emitir un informe de recomendaciones a España en relación a este examen periódico universal sobre derechos humanos universal de la ONU.

Procesamiento de Pinochet

No deja de ser curioso que sean estos tres países: como saben, los tribunales españoles iniciaron su andadura en el principio de justicia universal precisamente con la investigación de crímenes internacionales (incluidas desapariciones forzadas y torturas) cometidos durante las dictaduras chilena y argentina, procesando al que fue Jefe de Estado de Chile, Augusto Pinochet.

El presunto genocida, embajador plenipotenciario en India

En el segundo país, la India, se encontraba hasta hace un par de meses un destacado procesado por los tribunales españoles en aplicación del mismo principio: el general Rwandés Kayumba Nyamwasa, uno de los más estrechos colaboradores del Presidente rwandés Paul Kagame, era embajador plenipoteciario de Rwanda en Nueva Delhi. El tribunal español le procesó en 2008 por crímenes internacionales presuntamente cometidos en Rwanda y la República Democrática del Congo entre 1994 y 1998, imputándole su presunta participación en la muerte de 4 españoles y algunos miles rwandeses y congoleños.

Buscado por la muerte de cuatro españoles en Rwanda

Cabe destacar la presunción de inocencia a la que tiene derecho y, a la vez, señalar que es buscado –según los indicios racionales de criminalidad que dispone el Tribunal español- por haber ordenado la tortura y desaparición forzada del misionero catalán Joaquim Vallmajó el 26 de abril de 1994 en el noreste de Rwanda. También por haber ordenado el asesinato de los tres miembros de Médicos del Mundo, Manuel Madrazo, Flors Sirera y Luis Valtueña el 18 de enero de 1997 en el noroeste de Rwanda.

Testigos molestos del genocidio

Los cuatro fueron asesinados por ser testigos molestos de las matanzas producidas por el Ejército Patriótico Rwandés (grupo político-militar que gobierna el país desde 1994) contra población civil rwandesa de la etnia hutu. El tribunal español también le imputa la supuesta participación criminal en los hechos de los que tuvieron conocimiento las víctimas españolas: en el caso de Vallmajó, el asesinato sistemático de más de 1000 refugiados hutus en el estado de Byumba, a 900 metros de donde vivía Vallmajó y sólo tres días antes de su desaparición; en el caso de los Médicos del Mundo, la masacre sistemática de cientos de refugiados hutus en la zona de Ruhengeri en el mes de enero de 1997.

Sudáfrica y la modélica transición de Mandela

Y saltamos, por último, al tercer país: Sudáfrica, país que fue capaz de hacer una modélica transición liderada por Mandela y que fue capaz de enfrentarse a sus peores sombras a través de la histórica Comisión de Verdad y Reconciliación. Muchos expertos coinciden, tanto en relación a Sudáfrica como en relación España que hoy no serían posibles estas transiciones en estos países. Las generaciones que lideraron esos difíciles tránsitos -desde el régimen de apartheid y de dictadura- estuvieron a la altura de sus circunstancias. Muchos expertos dudan que las actuales generaciones estén a la altura en los nuevos momentos que enfrentan. En fin pues, casualmente a Sudáfrica acaba de huir el general rwandés Kayumba Nyamwasa en busca y captura internacional y allí ha pedido asilo político.

Resolución del Congreso

El Congreso de los diputados aprobó por unanimidad una Resolución de fecha 11 de diciembre de 2008 en la que instaba al Gobierno español a activar los mecanismos políticos para la entrega a la justicia española de los procesados por la Audiencia Nacional en el caso Rwanda/RD Congo que se sigue en la Audiencia Nacional, y en particular el del referido general rwandés. Posteriormente los Ayuntamientos de Figueres, Navata, Manresa i Tremp han solicitado lo mismo por unanimidad al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sin que ninguno de ellos haya obtenido respuesta.

Orden de arresto

A nivel jurídico-policial el Juez español Fernando Andreu ha hecho todo lo posible para que la orden de arresto internacional con código rojo de febrero de 2008 (actualizada en marzo de 2009) fuera cumplida por INTERPOL. A nivel político serían oportunas y necesarias acciones diplomáticas directas entre el Gobierno español y el Gobierno sudafricano para llevar todo ello a la práctica. Que se sepa no ha hecho ninguna acción política en ese sentido.

Juego limpio con los compromisos internacionales

Sudáfrica organiza el mes que viene el primer Mundial de Fútbol en el continente africano. Nos alegramos. Se pide juego limpio. Esperamos que se produzca. Se dice que la selección española (“la roja”, ¡incluso hay conexiones cromáticas!) puede hacer un gran papel. Esperamos también que tanto España como Sudáfrica jueguen limpio con los derechos humanos y cumplan con sus compromisos internacionales (y no se dediquen a jugar en la sombra en su propia portería): esperemos que se proceda al cumplimiento de la orden internacional de arresto y se proceda a su detención para declarar en calidad de imputado, no otorgándole protección alguna al imputársele crímenes internacionales no compatibles con el asilo. Esperemos que España haga su parte, tanto en relación a las víctimas desaparecidas en su pasado como en relación a las víctimas desaparecidas recientes. El no cumplimiento de estas órdenes de arresto internacional no es un ejercicio diplomático de real politik, es incumplir los compromisos internacionales. ¿Qué autoridad moral tendrán sino España y Sudáfrica en el examen de derechos humanos de la ONU y ante el mundo?

 

Jordi Palou Loverdos es abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional (La Haya). Representante legal de las 9 víctimas españolas y de víctimas ruandesas y congoleñas ante la Audiencia Nacional

 

http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=46281