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Los casos de desaparición forzada en España

Rioja2.com | 27/05/2010 | 28 mayo 2010

Presentación española del informe sobre derechos humanos de Amnistía Internacional

La Ley de la Memoria Histórica y el proceso abierto por el juez Garzón también estuvieron presentes en la presentación española del informe sobre derechos humanos de Amnistía Internacional.

En el análisis realizado por la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) sobre la situación en la que se encuentran los derechos humanos en España, destaca el apartado dedicado a las desapariciones forzadas. Este punto señalado en el informe está de gran actualidad, tanto dentro como fuera de las fronteras españolas, debido a la sanción impuesta al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Durante la presentación de dicho informe, como no podía ser de otra manera, se preguntó sobre el tema a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito en el Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas.

El magistrado señaló que después de la Guerra Civil española se realizaron juicios sumarísimos, expoliación de bienes y 100.000 ejecuciones. “No se puede pasar por encima de esto”, apuntó Martín Pallín.

Como consecuencia de la represión franquista se encuentran miles de desapariciones, más de 150.000 según estima el propio magistrado del Tribunal Supremo, la mayoría de ellas son casos no resueltos, tal como apunta AI. “En diciembre de 2008, la Audiencia Nacional resolvió que no era competente para investigar casos de desaparición forzaba que databan de la Guerra Civil española y los primeros años del régimen de Francisco Franco; por consiguiente remitió los 114.266 casos de desaparición forzada a los 43 juzgados de instrucción de las localidades donde se habían encontrado las fosas comunes. Posteriormente, 13 juzgados clasificaron los casos como delitos comunes y archivaron las investigaciones con el argumento de que éstos habían prescrito”.

Pese a esto, el magistrado quiso mostrar durante su intervención cómo la justicia española podría seguir investigando de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, ya que la ley de Amnistía de 1977  no se puede aplicar antes de un proceso penal y acogiéndose al Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

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