Manifiesto «Por la ruptura con el Franquismo y el fin de la impunidad de los crÃmenes de la dictadura»
El manifiesto lo hemos impulsado ante el debate abierto sobre la impunidad de los crÃmenes de la dictadura franquista a raÃz del proceso contra el juez Garzón
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Por la ruptura con el Franquismo y el fin de la impunidad de los crÃmenes de la dictadura
Ante el debate abierto sobre la impunidad de los crÃmenes de la dictadura franquista a raÃz del proceso contra el juez Garzón, las organizaciones y personas que firmamos este manifiesto queremos hacer las siguientes consideraciones:
La dictadura franquista se fundamentó en el exterminio planificado de las personas vinculadas a sindicatos, partidos polÃticos de izquierdas y catalanistas, y también personas y grupos que compartÃan los objetivos del proyecto reformador de la República. Al fin y al cabo, el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura debe entenderse como la lucha del fascismo (apoyado por una parte importante del capital) contra el proyecto reformador frentepopulista, que la derecha percibÃa que podÃa dar paso a un proceso de transformación revolucionaria.
Más de 150.000 personas fueron vÃctimas de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales en el conjunto del Estado por parte del ejército de Franco, tanto durante la guerra como los años posteriores. Varios estudios indican que los PaÃses Catalanes, esta represión se situó cerca o superó las 30.000 personas asesinadas o muertas en centros de detención por hambre, palizas y enfermedades.
La llamada Transición democrática iniciada en los años setenta perpetuó el silencio impuesto sobre la represión fascista por la dictadura y rehuyó la responsabilidad de investigar los crÃmenes contra la humanidad del Franquismo. Aquellos crÃmenes pueden ser calificados de genocidio, ya que significó la persecución y eliminación planificada de los oponentes polÃticos (sindicatos, organizaciones de la izquierda, polÃtica, maestros, prisioneros de guerra, etc.) Por parte del Estado franquista.
La Transición, y los gobiernos que la han continuado, no han impulsado las exigencias que el derecho internacional establece en la investigación y persecución de los crÃmenes contra la humanidad (concretadas en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crÃmenes de guerra y los crÃmenes de lesa humanidad de las NNUU de 1968 y más recientemente la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas de 2006). En cambio, aprobó la Ley de AmnistÃa de 1977, que ha permitido no juzgar aquellos crÃmenes (recordemos que el año 2008 el Comité por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió su derogación).
Más recientemente, el gobierno del PSOE con el apoyo entre otros de CiU e ICV, aprobó la Ley estatal 52/2007 (la ley de la memoria histórica), que mantiene esta situación de impunidad porque no revisa la calificación jurÃdica de la violencia de la Guerra Civil y los años posteriores que hizo la Ley de Responsabilidades PolÃticas de febrero de 1939. Asà pues, esta ley reactualiza el pacto de la Transición.
También queremos recordar que la actual Audiencia Nacional española es la heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista, tribunal dedicado a la persecución polÃtica que contribuyó a mantener la dictadura. Actuaciones recientes de la Audiencia Nacional (caso Egunkaria o proceso 18/98, por ejemplo) muestran que esta institución sigue siendo un tribunal de excepción. Su práctica a menudo encubre violaciones de derechos humanos y torturas, como han señalado diversos informes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre las detenciones del año 1992. En el marco de este tribunal, no podemos olvidar que Garzón, que ahora está encausado por querer investigar algunos crÃmenes del Franquismo, ha sido uno de los jueces que ha encabezado procesos judiciales de la Audiencia Nacional motivados por razones de persecución polÃtica y que ha empleado métodos como la detención en aislamiento que amparan la tortura. Es por ello que pensamos que un tribunal heredero del Estado franquista y cuestionado por los organismos de defensa de los derechos humanos, con Garzón a la cabeza, no tienen ni credibilidad ni legitimidad para juzgar los crÃmenes del franquismo.
Más de treinta años del fin del Franquismo no ha sido juzgada ninguna persona con responsabilidades durante la dictadura. Esto ha comportado que las clases que resultaron beneficiadas económicamente por el Franquismo hayan podido mantener sus privilegios y estatus. Por el contrario, las trabajadoras y trabajadores hemos seguido sufriendo desigualdad y explotación laboral. Además, el hecho de que no se hiciera una ruptura con la dictadura también ha permitido al Estado español impedir ejercer el derecho a la autodeterminación en los PaÃses Catalanes y en el resto de naciones que somete.
Entendemos que para caminar hacia la plena democracia hay que hacer la ruptura pendiente con la dictadura, indispensable para avanzar hacia una sociedad igualitaria y hacia la consecución de las libertades individuales y colectivas. Es por ello que entendemos que queda aún pendiente:
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- Depurar las responsabilidades polÃticas de los crÃmenes del franquismo, que además de las desapariciones y ejecuciones, también contemplan los encarcelamientos, las torturas, expropiaciones de bienes a particulares, etc.
- Derogar la Ley de AmnistÃa de 1977 que mantiene la impunidad.
- Decretar la ilegalidad de las medidas represivas del franquismo, como las derivadas de la Ley de Responsabilidades PolÃticas.
- Suprimir la Audiencia Nacional, heredera de los tribunales de excepción de la dictadura.
- Revisar y restituir las propiedades confiscadas, y aquellas adquiridas mediante compras forzosas a personas reprimidas (muertas, presas, exiliadas, etc.).
- Reformar la Ley de la memoria histórica, para que facilite la reparación judicial a las vÃctimas y no sólo un reconocimiento nominal por vÃa administrativa.
- La creación de un tribunal especial para afrontar este proceso que ya hace años deberÃa haberse abierto contra la dictadura.
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7 de mayo de 2010
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Adhesiones al manifiesto por la ruptura con el Franquismo y el fin de la impunidad de los crÃmenes de la dictadura
Primera lista de organizaciones adheridas:
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Associació Memòria Contra la Tortura
CGT-Catalunya CUP (Candidatura d’Unitat Popular)
Endavant
Kaoenlared.net
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Primera lista de personas adheridas:
Josep Fontana Lázaro, historiador y catedrático emérito de la UPF
Doris Ensinger, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB y viuda de ex-preso polÃtico
Josep Maria Pi Janeras, ex-preso polÃtico del franquismo
Ermengol Gassiot Ballbè, profesor y arqueólogo forense del Departamento de Prehistoria de la UAB
Ramon Piqué Huertas, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB y miembro de la Asociación Memoria Contra la Tortura
MarÃa Ferrer, miembro de la Associació Memòria Contra la Tortura
Manel López Esteve, historiador e investigador del IUHJVV-Universitat Pompeu Fabra
Andreu Ginés Sánchez, doctor en Historia e investigador del franquismo
Gerard Horta, profesor del Departamento de AntropologÃa Cultural H ª de América y Africa de la UB
Pedro Castro MartÃnez, Profesor titular del Departamento de Prehistoria de la UAB
Fabià DÃaz Cortés, profesor del Departamento de GeografÃa de la UAB
Félix Balanzó Guerendiain, profesor titular de Ciencias de la Comunicación de la UAB
José LuÃs Terrón Blanco, profesor titular de Ciencias de la Comunicación de la UAB y director del In-Cómo
Sonia Sánchez Buscas, profesora de la Facultad de PsicologÃa de la UAB
Ramon Lladó Soler, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB
Manuel Márquez Berrocal, Historiador, profesor de secundaria y fundador de kaosenlared.net
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