«Vamos a hacer un mapa de fosas, ya que la cifra de víctimas puede ser escandalosa»
José Antonio Millán, Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Ciudad Real
Raquel Santamarta
Ciudad Real cuenta desde abril con su propia asociación para la recuperación de la Memoria Histórica (http://amhciudadreal.blogspot.com). Una organización que nace un año y medio después de que el juez Garzón remitiera a los juzgados provinciales la investigación de los crímenes del franquismo, mientras la gran mayoría de las fosas siguen sin ser abiertas.
Acaba de fundar la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Ciudad Real, coincidiendo con la suspensión del juez Garzón. ¿Es sólo una casualidad o llevaba tiempo con la idea en mente?
Llevamos investigando cinco años casos de desaparecidos. La idea de fundar la asociación viene del año 2008, aunque por motivos personales y laborales no fue posible.
¿Cree que Garzón, el juez juzgado, es la última víctima de la transición?
Baltasar Garzón es de los pocos jueces en este país que ha hecho su trabajo respecto a las víctimas del franquismo. El juicio sigue, aún no ha sido condenado, y espero que la Ley de Amnistía de 1977 sea llevada pronto al Tribunal Constitucional, se declare su nulidad y nadie que estime que la pretensión de justicia de las víctimas del franquismo es legítima sea sentado en el banquillo. Pero creo que las víctimas del franquismo son las últimas víctimas de la transición y los prevaricadores son los que llevan obstruyendo la justicia a las víctimas del franquismo desde la aprobación de la Constitución Española en 1978.
El PSOE sostiene que todo se ha hecho para tapar el caso Gürtel. ¿Está de acuerdo?
No puedo opinar, si el PSOE puede sostenerlo debería llevarlo a los tribunales. De lo que sí estoy seguro es que el PSOE, junto al resto de partidos, lleva inhibiéndose en la persecución de los crímenes de la dictadura desde 1978, que el Gobierno español debería, por imperativo legal, perseguir de oficio.
Miguel Ángel Rodríguez Arias, investigador del Instituto de Derecho Penal Internacional de la UCLM, está detrás de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la reforma de la actual Ley de la Memoria. ¿Qué opinión le merece que copie una orden de Franco de mayo del 40? ¿Ha cometido el Gobierno un acto de irresponsabilidad?
Mi opinión es que la actual Ley de Memoria Histórica es continuista con la solución que el franquismo dio a las víctimas. Más que de irresponsabilidad es un acto de ilegalidad.
¿La reforma de la normativa es la solución que piden las familias de los desaparecidos durante el genocidio franquista?
Podría serlo si se dota efectivamente a las administraciones de instituciones que hagan el trabajo que por ley el Gobierno ha de llevar a cabo.
Si todo pasa por aplicar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. ¿Por qué se torna todo tan complicado?
Hay mucha gente implicada en los crímenes, incluso hay crímenes que se siguen cometiendo hoy en día como los secuestros de niños republicanos. No sólo se quitó la vida a cientos de miles de personas sino que se les incautaron las propiedades, condenando al enemigo político a la miseria. Esas propiedades deben ser devueltas a las víctimas y/o a sus familiares. Ese es el verdadero problema, las familias del antiguo régimen siguen enriqueciéndose con los bienes robados a los represaliados.
Al margen de una cuestión de «justicia social», a usted le mueven motivaciones personales. La constitución de la asociación persigue promover la exhumación e identificación de las víctimas del franquismo en las fosas. ¿Por dónde es preciso empezar?
Está relacionado. Evidentemente me mueve tener familiares represaliados por el franquismo, uno de ellos fue fusilado en 1939 en Alcázar de San Juan y se encuentra actualmente en la fosa común del cementerio de Alcázar. Debemos empezar por obligar al Gobierno a reconocer y reparar, tanto moralmente como económicamente, a los represaliados. En primer lugar debemos presionar para que se anule nuestra Ley de Punto Final. A partir de ahí podremos conseguir que se anulen las sentencias que dictaron los consejos de guerra franquistas contra casi 200.000 españoles, y que se busque, identifique, se devuelvan las víctimas a sus familiares y sea posible que el Gobierno asuma su responsabilidad por estos crímenes.
Rodríguez Arias asegura que «en Castilla-La Mancha desaparecieron más personas que en Srebrenica» y que «la Ley de la Memoria no menciona a los niños perdidos del franquismo»
