El presidente de Anadir celebra la investigación iniciada por la Fiscalía de Algeciras, aunque teme que «traten de pararle los pies como a Garzón»

 

M. D. GARCÍA / LA VOZ | CÁDIZ.

Antonio Barroso, un vecino de Vilanova il Geltru (Barcelona) se ha chocado una y otra vez contra un muro judicial cada vez que ha intentado que la Justicia investigue los supuestos robos de niños durante el franquismo. Él es uno de ellos. Lo supo en 2007, cuando tenía 38 años, y el mundo se le vino encima. Un amigo de la infancia se lo reveló, -«un día me dijo, somos robado, me dijo», recuerda Barroso- después de que su padre le confesara en el lecho de muerte que tanto a él como a Antonio lo habían comprado siendo recién nacidos en Zaragoza.

Recuperados del ‘shock’, ambos amigos crearon el pasado mes de noviembre la Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), con la que pretenden destapar este crimen sin pruebas, tapado por décadas de silencio, del que recientemente se han conocido las historias de 17 familias gaditanas que han denunciado públicamente sus sospechas de que en los años 60 y 70, pudieron robarles a sus hijos recién nacidos en los hospitales de Zamacola (en Cádiz) y de La Línea, falsificando partes de defunción. Algunas de estas familias, de hecho, ya han entrado en contacto con Anadir, con la intención de encontrar apoyos y unir fuerzas en una denuncia conjunta. El reciente anuncio de la Fiscalía de Algeciras sobre su intención de iniciar una investigación y abrir diligencias sobre estos casos ha supuesto, por tanto, una «alegre noticia» para todas estas familias, e indudablemente, para Barroso, que en nombre de Anadir ha recurrido a los tribunales en varias ocasiones, siempre sin éxito: primero, ante un juzgado de Zaragoza (donde él nació y lo robaron), después ante la Audiencia Provincial zaragozana, e incluso la Audiencia Nacional… Por último, hace 15 días, el Tribunal Supremo les rechazaba un nuevo recurso, con el argumento de que «los delitos han prescrito». Pero en su opinión «son delitos que no prescriben, permanecen en el tiempo». Por eso, no cejan en su intento y han anunciado ya para el otoño una nueva denuncia conjunta -ante la Fiscalía General del Estado, para que en Madrid inicien una investigación similar a la que ahora se ha anunciado en Cádiz.

Barroso es consciente de las complicaciones de esta causa: para empezar, es probable que los responsables de esta supuesta trama estén ya muertos, aunque, como explica Enrique Vila, abogado de Anadir, «no es cuestión de buscar culpables, sino de conocer la verdad». Vila, de hecho, intenta «apartar el tema del plano ideológico, es puramente económico», de tráfico de bebés.

Aún así, Barroso advierte que el fiscal de Algeciras no se enfrentará a falta de pruebas, sino también a obstáculos ideológicos: «Tratarán pararle los pies, como hicieron con el juez Garzón», por investigar los crímenes del franquismo. Con todo, el presidente de Anadir se felicita del agujero que en Cádiz se ha hecho al muro judicial con el que tanto ha chocado: «Es algo único e imparable».

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