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Del Proceso 1001 al 2010

La República, | 24 junio 2010

Muchas cosas han cambiado desde los años 70 pero otras u otros siguen igual

 

El 24 de junio de 1972 en un convento de Pozuelo de Alarcón fueron detenidos los dirigentes de la Coordinadora General de Comisiones Obreras, dando lugar al Proceso 1001 del Tribunal de Orden Publico. Un juicio represivo contra la Clase Obrera y la libertad sindical con repercusión estatales e internacionales y que suscito amplios movimientos de solidaridad y de repulsa a la Dictadura Franquista.

Los 10 de Carabanchel: Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Francisco García, Fernando Soto, Juan Muñiz Zapico, Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban y Luís Fernández. Su liderazgo sindical les hacía ya habituales de las cárceles franquistas, pero el juicio y su condena les convertirían en figuras públicas, víctimas de la persecución a todo un movimiento sindical. En su defensa participaron abogados y abogadas de todas las tendencias del antifranquismo del momento. Del PCE Manolo López , Cristina Almeida, el democristiano Joaquín Ruiz Giménez, socialistas como Enrique Barón, juristas como Marcial Fernández Montes, Alfonso del Cossío y Corral, de la ORT como Francisca Sauquillo, abogados como Adolfo Cuellar, Guillermo García Lacunza (sustituido por Jaime Sartorius) e incluso José Mª Gil Robles.

Los acusados eran trabajadores, que frente a las descalificaciones de la acusación y la etiqueta de vagos y maleantes reincidentes, se habían señalado en sus puestos de trabajo en la lucha por los derechos e intereses de la Clase Obrera y habían sufrido por ello despidos y cárcel. Dirigentes obreras de reconocida capacidad organizativa y movilizadora, ejemplo de toda una generación que incorporados al ámbito laboral y ante los niveles de explotación e injusticia se sumaron a la lucha sindical y política contra la Dictadura. Participado del entrismo en el oficial y único Sindicato Vertical, como método para el desarrollo de las Comisiones Obreras.

El juicio coincidió con el atetando y muerte de Carrero Blanco, Presidente del Gobierno Franquista, en una ambiente de gran tensión. Siendo condenandos por asociación ilícita por su pertenencia a CCOO y su vinculación al archienemigo por antonomasia de la Dictadura, el PCE. Las condenas sumaban un total de 161 años de cárcel. Los 10 de Carabanchel, serán denominados como los del El Proceso 1001. La persecución a CCOO a través de sus sentencias despertaría una amplia solidaridad internacional y nacional por su liberación, que dejaría nuevamente al descubierto el totalitarismo del Régimen Franquista.

La historia de las Comisiones Obreras, de las de la Camocha, de las de las Huelgas de 1962 y 1963, del Proceso 1001, es la historia de la lucha por un sindicalismo de nuevo tipo. Con el final de la Dictadura este movimiento se transformaría en organización. Resulta llamativo que mientras el PCE se legalizaba en la Semana Santa de 1977, los sindicatos no fuesen legalizados hasta el final de ese mismo mes o que mientras la UGT reaparecía públicamente en hoteles, CCOO siguiese siendo perseguida. Queda claro la preocupación del capital nacional e internacional por que en España se consolidase CCOO o incluso se constituyese un único sindicato que asumiendo las diferencias ideologías y fuese referente unitario y libre del mundo del trabajo.

Han paso muchos años, y el sistema laboral sigue evolucionando o involucionando y la lucha sindical con sus errores y aciertos sigue viva en el taller o la empresa. Aun pendiente de actualizarse frente a la precarización extrema que se nos imponen. Pero resulta llamativo como con el paso de los años, sigue estando claro para el sistema quien le sobra. El sindicalismo, entendido de clase, por dirigirse el conjunto de los y las trabajadoras y de masas, por su capacidad de acción y movilización.

Vuelven los ataques de siempre, tanto de los medios de la supuesta progresía como los ultras. Que si la afiliación es baja, nos comparan con países donde es obligatoria y minimizan ejemplos como el de CCOO con más 1.300.000 afiliados, la mayor entidad de este país. Que firmamos convenios que afectan al conjunto de los trabajadores del sector, lógicamente preferirían dejar desprotegidos a los no sindicados. Dicen que no somos representativos, cuando la participación directa en las elecciones sindicales es reflejo democrático que lamentablemente no llega a las empresas sin representación sindical. E incluso se refieren a las subvenciones que se reciben como cualquier otra entidad, pero se callan que los sindicatos pasan auditorias anuales cuestión que no sucede con la opaca financiación de los partidos o la de la Casa Real. Demagogias que esconden que el sindicalismo sobra, que es la ultima defensa de la Clase Obrara por derribar, que su objetivo no es solo el despido libre sino la destrucción de lo que queda del Estado del Bienestar, del sistema de pensiones, la educación pública, la sanidad gratuita, las políticas sociales,… Muchas cosas han cambiado desde los años 70 pero otras u otros siguen igual.

http://larepublica.es/firmas/blogs/index.php/dametira/2010/06/24/del-proceso-1001-al-2010