A pesar de la ley sigue habiendo obstáculos para acceder a los documentos sobre los procesos militares del franquismo

 

CONSULTO EL NOMBRE de un familiar en el portal de Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo y no aparece. El Ministerio de Cultura asegura haber incluido en dicha web los datos de 750.000 víctimas de la guerra y de la dictadura, pero Lucas Preciado sigue desaparecido en ese registro oficial. Era mi abuelo y no ocupó ningún cargo público, pero tenía carné de la UGT y defendió la legalidad republicana, motivos por los cuales lo detuvieron unos falangistas que le acusaron de rebelión militar y traición a la patria. Fue uno más de los fusilados por las tropas franquistas en el año 1936, después de pasar cinco meses en el campo de concentración de San Marcos de León, junto a otros 7.000 hombres y 300 mujeres que, en su mayoría, tuvieron un destino parecido. Le mataron en noviembre del 36, en una ejecución masiva que tuvo lugar en el macabro polígono de tiro de Puente Castro.

Hace años supe los detalles de su muerte y el lugar donde estaban sus restos, gracias a la ayuda de algunas personas generosas y eficaces, entre ellas, un fiscal cuyo abuelo también estuvo preso en San Marcos y fue fusilado el mismo día. Aunque he tenido ocasión de mostrarle mi eterna gratitud, no escribo el nombre del fiscal que consiguió primero localizar y después fotocopiar a través de métodos poco ortodoxos la parte correspondiente de la Causa General donde aparecía el Consejo de Guerra de mi abuelo que, por cierto, había ido a parar al archivo militar de El Ferrol. Cuando logré aclarar su historia y despejar las incertidumbres que torturaron a mi madre, la hija de Lucas, me quedé tranquila y dejé constancia de los detalles en la novela Camino de hierro. Aunque existen pruebas documentales, su nombre no está en el referido registro oficial, pero sí aparece en el monumento de la capilla laica que se construye en el cementerio de Puente Castro de León, en homenaje a los miles de republicanos fusilados, cuyos cuerpos permanecían en una fosa común. Este reconocimiento se lo debo al profesor de la Universidad de León Javier Rodríguez González, autor de la tesis León bajo la dictadura franquista (1936-1951), y al Foro por la Memoria de León. Si estas personas no se hubieran ocupado tan generosamente de rehabilitar su memoria, mi familia continuaría perdida en la burocracia de una insuficiente ley de la memoria histórica.

Lo recuerdo, una vez más, porque al haber sido en este aspecto una privilegiada, comprendo mejor la impotencia de las familias que, a estas alturas, no encuentran rastros de sus muertos. A pesar de que el artículo 22 de la ley de la memoria histórica establece el derecho de los ciudadanos a consultar los documentos depositados en los archivos públicos y la obtención de copias, tanto los afectados como los historiadores siguen encontrando numerosos obstáculos para acceder a los documentos sobre los procesos militares del franquismo. Por eso es comprensible que surjan constantes iniciativas para intentar resolver las injusticias y agravios que la citada ley ha dejado pendientes durante tantos años.

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