Familiares de represaliados promueven querellas contra el franquismo en Europa
Ningún juzgado gallego acató la orden de Garzón de investigar los crímenes de la dictadura y exhumar las fosas. Colectivos de la memoria histórica llevarán el caso al Constitucional
R. PRIETO | A CORUÑA Si España no investiga los crímenes del franquismo, que lo hagan otros países; tal y como hizo Garzón con la dictadura de Pinochet o de Videla. Bajo esta consigna, los familiares de víctimas del régimen de Franco se han movilizado para sentar en el banquillo de los acusados a los represores de la Guerra Civil y la postguerra. Y es que las ansias de justicia no entienden de fronteras. Argentina es el primer país de una larga lista donde pretenden movilizarse para que los responsables de los miles de paseos durante el franquismo sean juzgados. Colectivos de la memoria histórica ya han iniciado contactos con abogados para promover la presentación de nuevas querellas en países como Portugal, Francia, Reino Unido o Alemania.
El primer paso lo dio la Fundación Galega contra la Impunidade, que el pasado mes de abril presentó en Argentina el listado de unos 5.000 gallegos fusilados durante el franquismo y los poderes de una decena de familiares para que la Cámara Federal de Buenos Aires investigue los casos de más de 100.000 españoles desaparecidos y de los 30.000 niños secuestrados durante el franquismo.
La Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, la única asociación gallega que se querelló ante la Audiencia Nacional en 2006 por los crímenes de la dictadura de Franco, promueve ahora la presentación de una demanda en Lisboa para que bajo el principio de jurisdicción universal Portugal también investigue los crímenes de lesa humanidad del franquismo. «Que la causa esté paralizada en España, nos está moviendo a internacionalizar la investigación», apunta el presidente de la Comisión de la Memoria Histórica de Ponteareas, Ángel Rodríguez Gallardo.
Parón en los juzgados
La denuncia que familiares gallegos represaliados ya han presentado en Argentina y que próximamente extenderán a Lisboa, Berlín, París o Londres coincide con el proceso abierto en España contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación tras haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones de la Guerra Civil y la postguerra.
De los 60 juzgados provinciales a favor de los que se inhibió el año pasado Garzón para que abriesen un juicio contra el franquismo y exhumasen las fosas comunes, sólo tres -Benavente, Palencia y Villacarrillo (Jaén- han continuado con la causa. El resto, o han dado carpetazo al asunto o lo han ignorado. Es el caso de seis tribunales de Galicia en los que recayó la investigación del franquismo -Aranga (A Coruña), Mondoñedo y Portomarín (Lugo), Baiona-O Rosal, O Porriño y San Andrés de Xeve (Pontevedra)-. Argumentos como que no se declaran competentes para ordenar la apertura de una fosa, que ya han transcurrido muchos años para investigar los crímenes del franquismo o que el volumen del trabajo del juzgado no permite llevar el caso mantiene bajo tierra las tumbas de Franco.
Ante la negativa de los jueces gallegos de investigar los crímenes de la dictadura, la Comisión de la Memoria Histórica del 36 se plantea recurrir al Tribunal Constitucional. Agotarán todas las vías legales a su alcance para evitar que la Justicia «ignore» las denuncias remitidas por los familiares ante el juez Garzón.
Y también pendiente de resolución, está la recusación de todos los miembros de los magistrados del Supremo que imputaron a Garzón por prevaricación presentada por la Comisión de la Memoria Histórica del 36. «Si el Supremo no resuelve -advierte Gallardo- iremos al Constitucional y si fuera necesario a algún tribunal internacional».
