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Las pruebas de los crímenes de Franco

Público, | 13 junio 2010

Técnicos del Archivo General Militar trabajan para facilitar el acceso a los expedientes militares de miles de víctimas de la dictadura

 

IÑIGO ADURIZ MADRID 13/06/2010

El Ejército de la democracia está intentando reconstruir la crónica del horror que provocó durante el franquismo. La memoria histórica salpica de lleno a unas Fuerzas Armadas que durante cuarenta años de dictadura promovieron ejecuciones de cientos de miles de españoles que actuaron o se manifestaron en contra del régimen franquista.

Pero los militares de Franco dejaron un exhaustivo legado de pruebas de sus ejecuciones y juicios sumarísimos en las sentencias, resoluciones, actas y testimonios de todos esos procesos judiciales, que se han mantenido almacenados durante años en los archivos históricos militares.

Se abrieron al público hace más de una década, pero víctimas del franquismo e investigadores han denunciado que siguen existiendo dificultades a la hora de acceder a ellos. Unas críticas que no han sentado nada bien a los trabajadores del Archivo General Militar de Madrid. El depósito, que recoge millones de documentos de la dictadura, abrió al público hace algo más de un año.

“Desde entonces, han llegado un millar de investigadores unos seis al día, a quienes se les han facilitado unos 10 o 15 expedientes cada jornada”, destaca orgulloso el director técnico del archivo, Rogelio Pacheco. El 80% de los documentos que les fueron requeridos ” han estado a disposición de los investigadores de forma inmediata”, apunta Agustín Sánchez, responsable de referencias del depósito, en respuesta a las mencionadas críticas.

En un 15% de los casos, los investigadores salen con las manos vacías. Esto se debe a que “no existe un reflejo documental de las personas a las que se refieren los solicitantes”, explica Pacheco. Se refiere a los numerosos crímenes ocultos del régimen de Franco, aquellos que provocaron la muerte a cientos de miles de españoles a los que se dio por desaparecidos, y que fueron tirados a las cunetas o enterrados en fosas comunes. Estas personas siguen sin tener hueco siquiera en los archivos militares de la memoria.

Mal estado de los papeles

Hay un 5% de las solicitudes que son denegadas. Se rechazan las peticiones que incumplen los plazos de la Ley Patrimonio Histórico de 1985, que prohíbe la consulta de los documentos hasta 25 años después de la defunción del represaliado o hasta los 50 del final del procedimiento. Otras muchas se deniegan porque los expedientes se encuentran en mal estado. Y es que la humedad y los hongos han provocado que muchos de los papeles que documentan la contundente represión de la dictadura hayan quedado prácticamente ilegibles.

“El trabajo de los restauradores resulta imprescindible para poder ir actualizando el archivo”, señala Pacheco. “Pero es muy lento, porque hay que ir página por página”, agrega. Respecto a la conservación, existen diferencias dependiendo de las zonas de donde vengan los documentos, según explican los especialistas del depósito. El de Madrid recoge los expedientes de la antigua Primera Región Militar, la que comprendía todas las zonas centrales de España, incluyendo lo que hoy delimitan las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid, Comunitat Valenciana, Murcia y parte de las dos Castillas.

“Los valencianos son los que llegaron en peor estado”, reconoce Ana Isabel Cerrado, responsable del área de descripción del depósito. Esos papeles, que fueron trasladados desde la Comunitat Valenciana, sufrieron el efecto de varias riadas en los años cincuenta y, desde entonces, no han sido tratados por los militares de la zona. “El papel tampoco era de los mejores”, destaca, asimismo, la propia Cerrado.

Como ejemplo, la encargada de documentar las distintas referencias militares cita el complejo y grueso cuadernillo que constituye el expediente correspondiente al escritor Miguel Hernández. La del poeta es una compleja recopilación de actas, registros, resoluciones y testimonios impresos o redactados en distintos papeles de diferentes tamaños.

Por todas esas dificultades, los técnicos del archivo más importante de la dictadura por el número de documentos que almacena consideran que “hay mucho por hacer”. Uno de los principales objetivos de sus responsables, a corto plazo, es la consolidación de una base de datos con los nombres de todas las personas cuyos expedientes están archivados en el depósito madrileño. “De momento, hemos conseguido almacenar 250.000”, resalta Rogelio Pacheco. Para localizar el resto de nombres, los técnicos deben realizar una búsqueda manual en los cientos de archivadores que ocupan una de las salas del edificio.

El objetivo final es la digitalización de todos y cada uno de los documentos, otra ardua labor teniendo en cuenta que, dada la antigüedad y la calidad de los papeles, los escaneos deben realizarse uno por uno. Los 10.000 expedientes correspondientes a la provincia de Castellón ya han sido incluidos en la base de datos y las 750.000 referencias documentales que los componían también han pasado un proceso de digitalización.

Es un minúsculo paso en el camino hacia la modernización de los archivos militares. La información referida a los represaliados castellonenses que ya ha sido almacenada ocupa sólo una de las frondosas estanterías del archivo madrileño. Pero, según apunta el director técnico del depósito, “hay cientos de estanterías que, puestas unas detrás de otras, sumarían unos 25 kilómetros”. En una de las salas, de unos mil metros cuadrados, tan sólo se recoge el 20% del total de documentos del depósito, tal y como afirmaron los responsables del archivo.

A falta de una orden específica de Defensa, la consulta de los históricos documentos es gratuita. Los datos de Castellón ya pueden reproducirse a través de un ordenador. Y, para hacerse con copias del resto, se permite a los investigadores hacer fotografías o, en los mejores casos, realizar fotocopias. “Todo depende del estado de conservación de los escritos”, insiste Pacheco.

Los técnicos esperan que este año puedan volver a digitalizar otros 10.000 expedientes. Pero son sólo cuatro las personas que almacenan la información, la digitalizan y se encargan de facilitársela a quien la solicite. “Si fuéramos más, todo sería más fácil”, reconocen.

http://www.publico.es/espana/320045/pruebas/crimenes/franco