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Los diarios de Alcalá-Zamora, más cerca de Salamanca

Público, | 17 junio 2010

El Ministerio de Cultura ultima la compra de los más de mil documentos personales del presidente de la Segunda República

 

La familia, que los ha custodiado durante más de 70 años, defiende sus derechos frente a los herederos

PEIO H. RIAÑO MADRID 17/06/201

Nadie sabe qué escribió el primer presidente de la Segunda República en sus diarios, pero la imaginación se disparó hace año y medio, cuando la Guardia Civil incautó la preciada documentación en el restaurante de un céntrico hotel valenciano, mientras la familia que la tenía en su poder preguntaba por el valor de aquellos papeles al periodista César Vidal. Hasta entonces nadie se había interesado por ellos y llevaban desaparecidos más de 70 años, tras haber sido sustraídos de las seis cajas de seguridad de la oficina del banco Crédit Lyonnais de Madrid, en 1936. El robo fue denunciado por el propio político en el exilio, que ya redactaba sus memorias ante la desaparición de los apuntes.

La Guardia Civil entregó el material retenido al Ministerio de Cultura y desde entonces permanecen en custodia, a la espera del inminente cierre de la negociación por la que los más de 1.100 documentos pasarían a formar parte del patrimonio del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Después de que el juzgado número 7 de Valencia emitiese una sentencia que sobreseía las acusaciones de robo de los herederos contra los tenedores actuales de los archivos que han vigilado esa documentación a lo largo de todos estos años y han conquistado su propiedad por usucapión han manifestado su intención de “ponerlos a disposición pública para quien quiera consultarlos”. Muchos ya los han calificado como el tesoro del siglo XX español.

Unos secretos públicos

Junto con los diarios personales, se supone que hay discursos, conferencias, correspondencia entre el presidente y altos cargos de la República, además de borradores de su testamento modificado o informes sobre el movimiento de tropas a la revolución de Asturias, en 1934. En el capítulo de las elucubraciones, algunos creen que estarían también las actas de las elecciones de 1936, que ganó el Frente Popular. Pero ningún historiador ajeno al informe técnido de Cultura ha podido investigarlos, clasificarlos y catalogarlos, ni leerlos todavía.

Sólo la familia Soria Giner ha tenido un trato diario con los papeles. “Nunca los hemos ocultado, es más, los hemos leído con los amigos. Eran parte de nuestra cotidianidad. Son una lección de historia magistral”, reconoce Aurora Lara, mujer de Mariano Soria Giner, hijo de quien tuvo desde 1941 los archivos. “No sabemos cómo llegaron a sus manos. El padre de mi marido fue arquitecto y se ganó la vida con su trabajo. En 1936 estaba en la cárcel y luego tuvo que exiliarse. Mi suegro falleció en 1978 y nunca hablamos de la procedencia de aquellos papeles a los que por entonces no se les dio la importancia que tenían. La documentación está en poder de esta familia desde entonces y nosotros la hemos cuidado. Nos hemos cambiado hasta 12 veces de casa en los últimos años y siempre los hemos conservado en unas condiciones de temperatura constante”, cuenta a Público.

Aurora Lara se queja del trato que ha recibido en este año y medio con insultos y descalificaciones. “Lo que no sabe nadie es que en el año 2000 nos pusimos en contacto con Pilar Zamora, la nieta, y estuvo en nuestra casa. Ellos querían que hiciéramos una donación de toda la documentación a la Fundación Niceto Alcalá-Zamora. Pero no volvieron a preocuparse por el asunto, ni llamaron. Nadie prestaba atención a los documentos, ni siquiera la entonces ministra de Cultura Carmen Calvo. Ingenuamente nos pusimos en contacto con César Vidal, que habló con la familia para tender la trampa”.

Desde el Ministerio de Cultura reconocen que entre todo el material hay una pequeña parte pública y que el resto de documentos son privados, pero aseguran que todos los papeles son de suma importancia. De hecho, historiadores como Julián Casanova explican que “los papeles de un jefe de Estado, sean los que sean, no tienen carácter privado”. “Todo es público. Eso es lo que debe ocurrir con Franco, Azaña, Alcalá-Zamora y lo que debería pasar con el rey”, apunta. Sin embargo, Casanova resta importancia a los diarios, porque “a fin de cuentas son opiniones, no datos fidedignos que puedan cambiar el curso de la Historia”.

En estos momentos el Ministerio de Cultura ya tiene en su poder el informe técnico que valora el archivo. Aunque desde la institución no han podido concretar la cifra económia en la que se estima la documentación, están a la espera de la supervisión de Hacienda para resolver la compra del material por dación en pago. La familia quiere una restitución por todos estos años de custodia.

Acuerdo inminente

“En breve tendremos ese informe y lo primero que haremos será abrirlos al público, para que todo el que quiera pueda consultarlos. Estamos obligados por ley a la recuperación de toda la memoria histórica que esté en manos privadas. El Estado debe captarla para hacerla pública”, aclara Rogelio Blanco, director general del Libro.

Una vez superados los 50 años de la muerte de Niceto Alcalá-Zamora, la documentación ha quedado liberada de la protección de datos y no está sujeta a los permisos de los herederos para su utilización. Sí están vigentes los derechos de propiedad intelectual por ocho años más, y no es de extrañar que cualquier editorial pagaría una importante suma por la memoria de la Segunda República.

Los herederos de Niceto Alcalá-Zamora no aceptan la situación, la consideran “un atraco a mano armada”. Uno de los seis nietos del presidente, el historiador José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano quiere entregarlos a otra institución, si fueran de su propiedad: “Son documentos que robaron a mi abuelo. Hay documentación sensible que no se quiere enseñar y conviene hacerla pública. Me gustaría depositarla en la Real Academia de la Historia porque es una institución neutral”. ¿El Ministerio de Cultura no es una institución neutral? “No. No lo es. No soy una persona que confíe en el Estado. Desconfío del Estado español desde el siglo XVI. Soy historiador y veo que se repiten los mismos errores desde entonces”, aseguró ayer a este periódico.

Sólo le queda confiar en la judicatura, pero “Tampoco creo en la judicatura, porque con esta sentencia pasará a segunda estancia y eso significa un coste que no podemos asumir”, dice. Furioso, ni siquiera ve los papeles en Salamanca: “Mi abuelo no estaría de acuerdo con esa institución. La memoria histórica es un invento para sesgar la memoria. No quiero saber nada de Salamanca, no conozco los estatutos del archivo, pero sé que la memoria histórica es un sesgo ideológico impuesto por el Gobierno”.

http://www.publico.es/culturas/321233/diarios/alcala-zamora/cerca/salamanca