Afectados por Adopciones Irregulares van a presentar una denuncia porque consideran que los casos de niños vendidos durante el franquismo no se pueden considerar prescritos

 

 

MARTA DEL VADO / CADENA SER 

El padre de Juan Luis Moreno estaba a punto de morir cuando le confesó la verdad sobre su vida, «supongo que vio las orejas al diablo y confesó». Sus padres le compraron a un cura de Zaragoza siendo un bebé, en 1969. «Fue un amigo suyo el que le dijo que tenía un contacto que le podía conseguir lo que quisiera, niño o niña».

A partir de ahí Juan Luis quiso averiguar la verdad sobre su propia identidad. Las pruebas de ADN demostraron lo que su padre le había revelado, que no era su hijo biológico. Su partida de nacimiento está falsificada, ya que no consta por ningún lado que es adoptado. Y la documentación del hospital donde nació, la Clínica Pérez Serrano de la capital aragonesa, simplemente no existe.

Sabiendo lo que no sabe sobre sí mismo, ha empezado a entender muchas cosas. «Recuerdo que íbamos todos los años a Zaragoza. Mi padre me dijo que era para hablar con el cura. Ahora, entiendo que era para pagar el canon. El pobre se tiró 8, 10 o 15 años pagando el niño porque, supongo, que si no lo hacía le amenazaban con quitárselo».

El padre de Juan Luis entró en contacto con este cura, cuya identidad desconoce, a través de otro amigo que había «comprado» también a su hijo, a Antonio Barroso. Fue precisamente José Luis el que le reveló a Antonio hace cuatro años la verdad sobre sus vidas.

A partir de ahí pusieron en marcha la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR). Han acudido a la justicia hasta en tres ocasiones por delitos permanentes de falsedad documental, denunciando una supuesta trama de tráfico de niños. El juzgado de Instrucción de Zaragoza y la Audiencia Provincial, han archivado el caso por haber prescrito. El Tribunal Supremo dice que no es competente para investigarlo.

Aún así van a seguir con su empeño en conocer la verdad de sus identidades. Creen que sus casos tienen que ser investigados a nivel nacional porque, a través de ANADIR, han contactado con decenas de personas con situaciones similares. Su abogado, Enrique Vila, asegura que tiene constancia de más de treinta casos en Zaragoza, Bilbao, Madrid, Melilla, Cádiz y en Valencia, y asegura «que esto es sólo la punta del iceberg».

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