La nostalgia del franquismo
Carta a El País. Respuesta a Santos Juliá
He leído, no sin estupor, el comentario de Santos Juliá, publicado en El País el 25 de junio pasado, sobre la guerra civil española, pretendiendo justificar unos crímenes con otros crímenes. Como si esta perla de la ética política no fuera suficiente, a reglón seguido, el señor Juliá hace una acalorada defensa de la política del silencio, o del “borrón y cuenta nueva”, recogida en la amnistía de los crímenes del franquismo, pues los otros ya habían sido castigados. Para Juliá la fórmula española de “mirar al futuro sin dejarse atrapar por la sangre derramada en el pasado” es un hecho ejemplar, y por eso se refiere con desprecio a lo que él denomina “la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco.”
En primer lugar, es bueno recordar que esa mal llamada “transición” española estuvo inspirada por el miedo a los militares, y a la amenaza de un nuevo golpe de Estado en contra de la naciente democracia. La amnistía fue el producto de un acuerdo entre cúpulas políticas, que no contó con el respaldo de la sociedad, ni mucho menos de los hijos y nietos de las víctimas del franquismo. Además, es bueno que el señor Juliá sepa que, un año después de aprobada esa amnistía (muy similar a otras extraídas por los represores), España se dotó de una Constitución entre cuyos principios y propósitos proclama el deseo de “establecer la justicia, la libertad y la seguridad”; por lo tanto, la Constitución (que es posterior a esa ley de amnistía que defiende el señor Juliá) se pronuncia en contra de la impunidad, no sólo porque ella constituye una injusticia, sino porque es una amenaza a la libertad y a la seguridad. Adicionalmente, una vez superada la época franquista, España ha ratificado tratados mediante los cuales se compromete a perseguir y castigar, entre otras cosas, crímenes contra la humanidad. Asimismo, España se ha comprometido a garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, lo cual no se logra cuando determinados crímenes (independientemente de quién sea su autor) permanecen en la impunidad.
Desde 1936 hasta la fecha, son muchos los países que han vivido tragedias similares a la de la guerra civil española. Afortunadamente, ningún otro país ha imitado la fórmula española, que constituye un hecho vergonzoso para quienes son sus responsables, que ofende a los hijos y nietos de las víctimas, y que deshonra al Estado español. Ni en Sudáfrica después del apartheid, ni en Argentina, en Chile, en Perú, en Guatemala, o en El Salvador, después del tránsito por las dictaduras militares, se hizo un pacto de silencio para no molestar la conciencia de los hijos y nietos de los represores. En todos estos países había obstáculos políticos, incluyendo leyes de amnistía heredadas de las dictaduras como en los casos de Chile o el Perú, que no impidieron que, por lo menos se buscara la verdad y se sentaran las bases para que hechos de esa naturaleza no volvieran a ocurrir. Si no se podía hacer justicia y sentar en el banquillo a los asesinos, la sociedad, y los hijos y nietos de las víctimas, tenían derecho a que, por lo menos, se les dijera cómo y porqué habían muerto sus seres queridos, y dónde estaban sus restos. Todos estos países se han reconciliado con su pasado, señor Juliá, porque han sabido curar las heridas, y porque sus dirigentes han entendido que la reconciliación no se puede sustentar en una injusticia. En todos estos países ha habido, por lo menos, una reparación simbólica para las víctimas de la represión, reflejada en comisiones de la verdad, en informes elaborados por personalidades respetadas por todos, que han sido presentados a la sociedad con el deseo de que “nunca más” vuelvan a ocurrir cosas como esas y, como en el caso de Chile, con un Presidente que, después de leer ese informe, le pidió perdón al país en nombre del Estado. Nada de eso ha ocurrido en España, y es absurdo que los hijos y nietos de los represores pretendan impedir que las víctimas de la represión busquen la verdad –a la que tanto teme el señor Juliá- y un poco de justicia.
En el Perú, la Comisión de Verdad y Reconciliación conoció de crímenes cometidos tanto por Sendero Luminoso como por los agentes del Estado, y ha perseguido y castigado a unos y otros. Argentina está tratando de cumplir sus compromisos internacionales y, después de derogar sendas leyes de “obediencia debida” y “punto final”, castigar a los responsables de crímenes atroces. Por eso, es un insulto que el señor Juliá se refiera despectivamente a ese proceso y que lo compare con la situación española.
* NOTA DE DESPAGE: Carlota Leret O’Neill es hija de Virgilio Leret y Carlota O’Neill.Virgilio es el primer oficial de la República asesinado por los golpistas del 17 de julio de 1936, fusilado sin juicio ni causa, sin abogados y contra toda legalidad y legitimidad. Razón: defender la República a la que había jurado lealtad. Carlota O’Neill era su mujer, que dió a conocer al mundo esta historia, la de la persecución del franquismo, y el invento del motor a reacción de su marido, ocultado durante más de 60 años a todos los españoles. Dejó su testimonio en Memorias de una mujer en la Guerra de España. Su hija Carlota, es la luchadora que está sacando toda la Memoria a la luz de nuestra Historia, para vergüenza de personajes como el que se cita en el artículo, que prefieren el silencio cómplice con la impunidad de los vencedores.
