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10 años de la apertura de la primera fosa

El Mundo.es, | 24 octubre 2010

‘Se ha roto el silencio de los desaparecidos’

 

 

Esther Mucientes | Madrid

    * La Ley de Memoria es ‘muy, muy, muy mejorable”, según Santiago Macías

    * El testimonio de familiares ha sido principal para el mapa de fosas

    * Más de 200 fosas han sido abiertas desde el año 2000

Una década se convierte en mucho cuando lo que está en juego es la memoria de los “olvidados”. Y puede ser poco cuando cada avance, cada paso se hace eterno para los familiares que nunca han olvidado a los asesinados durante la Guerra Civil.

En esta década mucho ha sido el camino recorrido, pero no el suficiente. De aquel 23 de octubre del año 2000 en el que se exhumó la primera fosa en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo surgió un movimiento social de búsqueda de desaparecidos “que ha evolucionado en el tiempo y que ha abierto un debate necesario para transformar la patológica relación de nuestra sociedad con su pasado”, afirman desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la mayor de España.

Mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas frustraciones, pero al final un halo de luz que se produce con la satisfacción del trabajo bien hecho con el que “se ha roto el silencio de los desaparecidos”. Es el balance después de 10 años de Santiago Macías, fundador de la Asociación para la Memoria Histórica, un colectivo que lleva años buscando los lugares en los que fueron enterrados víctimas de la represión en la zona franquista durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura.

Su balance, resumido en una sola frase, simboliza un largo proceso que pasa por dos pilares claves: las exhumaciones y las aperturas de fosas, cada vez más presentes en la sociedad.

“El fenómeno de las exhumaciones no es nuevo. Recién terminada la guerra civil, en los años 40, ya hubo exhumaciones de fosas, algunas de ellas documentadas incluso de forma oficial. Las exhumaciones para el traslado de cuerpos al Valle de los Caídos, también documentadas en su mayoría, comienzan en el año 1958”, explica Francisco Ferrándiz, investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en la presentación del proyecto ‘Políticas de la Memoria’, de reciente publicación y con el que se pretende evaluar el impacto que las exhumaciones tienen sobre la sociedad.

El testimonio de los familiares y de los testigos que aún viven ha sido la fuente principal para elaborar los mapas de fosas. Los registros, los documentos de los consejos de guerra que se practicaron tras el golpe del 36 o los archivos municipales también se han convertido en la Biblioteca Nacional para encontrarlos.

“La cifra de exhumaciones no se sabe con seguridad, porque no existen datos de todas las comunidades autónomas ni un registro central, pero se calcula que más de 200 fosas han sido abiertas desde el año 2000, casi todas ellas del bando republicano, aunque hay excepciones, como la fosa de Camuñas, en cuya excavación también participamos”, explica Ferrándiz.

Más de 77.000 desaparecidos

Hay que saber que los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ascienden a 42.131 en Andalucía, 8.851 en Castilla-La Mancha, 9.538 en Aragón, 9.486 en Extremadura, 3.338 en Cataluña, 2.535 en Cantabria y 1.900 en el País Vasco, según los datos que maneja la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo. Cifras que poco a poco se han ido convirtiendo en nombres.

Palabras como fosa común, memoria histórica, desaparecidos, ley de la memoria… olvidadas y, en ocasiones, escondidas del vocabulario están más presentes que nunca. Pero, hasta llegar al momento en el que se encuentran hoy se ha tenido que librar batallas muy duras. Aunque muchos eran conscientes de que España era una gran fosa común y que cientos de familiares clamaban por encontrar a sus caídos, el debate no salía a la calle. Unos dicen que por miedo, otros porque la sociedad aún no estaba preparada.

“El hecho de que este tema haya saltado a la política es todo un hito para nosotros. Empezamos con nada y acabamos mostrando que este problema existía”, explica Macías.

No sólo los medios de comunicación comenzaron a escuchar estas voces, sino que los grupos políticos también empezaron su pequeño levantamiento. Con la recuperación de los 13 cuerpos de civiles republicanos de Priaranza se abrió el debate parlamentario, que el PP, en aquellas fechas en el Gobierno, cortó rápidamente posicionándose en contra de las exhumaciones.

La voz se volvía a apagar y no se escuchaba de nuevo entre los poderes públicos hasta que el programa de José Luis Rodríguez Zapatero lo incluyó de forma superficial en las elecciones 2004. En él prometía la creación de un Centro Estatal de Documentación e Investigación Histórica sobre la Guerra Civil y el Franquismo, dentro del área de cultura.

La Ley de Memoria Histórica

Con ello, el 31 de octubre de 2007 el Congreso de los Diputados daba luz verde a uno de los momentos más importantes en estos dos lustros: la Ley de Memoria Histórica por la que “se reconocen y se amplían los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”. El texto incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra y la dictadura, y la apertura de fosas comunes en las que yacen los restos de represaliados.

Sin embargo, para los más implicados, para los que quieren recuperar realmente la memoria de sus familiares, la Ley es insuficiente. Hace faltan más pasos, más medidas, como asegura Macías, que califica la Ley de “muy, muy, muy mejorable”, ya que “todavía no garantiza a los familiares recuperar a sus desaparecidos”.

Una opinión que también se comparte en cierto modo desde el PSOE, que considera que todavía queda mucho por hacer, pero de la que hace un balance positivo, porque ha supuesto importantes avances en la reparación a las víctimas, en mejoras económicas… “Ha sido muy positiva, pero ha sido insuficiente. La Ley pretendía unificar a los poderes públicos para que tuvieran una función proactiva”, explica el diputado socialista y ponente en la comisión de la Ley de Memoria, Juan Antonio Barrio.

Pero con la Ley también nació la polémica. Algunos hablaron de que se reabrían heridas innecesarias, pero otros, los que quieren cerrar un capítulo negro de la historia de España, aplaudieron la ley que en parte les devolvería lo que durante tantos habían reclamado. Con el texto, el Estado se comprometía a ayudar a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista.

Aún así, las asociaciones reclaman que después de todos estos años y siguiendo el ejemplo de otros países sea el Estado quien lleve a cabo este trabajo. “Pensamos que es una labor de Estado y que es el Estado el que se tiene que preocupar, pero sabemos que van a pasar muchos años hasta que eso ocurra”, lamenta Macías.

En este sentido Barrio cree que hay que continuar con las subvenciones y sobre todo dar “un nuevo impulso coordinador” entre los poderes públicos. “El Estado debería ver cómo se puede unificar una respuesta”, y añade: “La reparación a las víctimas era uno de los temas que no ha permitido cerrar heridas abiertas”.

 Según datos del Ejecutivo, gracias a la ley se puso en marcha una oficina de atención a las víctimas de la Guerra Civil, que ha recibido más de 9.200 consultas desde 2008 hasta septiembre de 2009.

Mientras tanto, se sigue trabajando en la elaboración del mapa de los lugares de inhumación y en octubre de 2009 se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 una partida de dos millones de euros para facilitar las exhumaciones de fosas y agilizar el traslado de los restos humanos si lo piden los familiares.

Pero fue en 2008 cuando la memoria histórica llegó a uno de sus puntos más importantes cuando el juez Baltasar Garzón cual Quijote contra los molinos ordenó abrir 19 fosas de la Guerra Civil, incluida la Federico García Lorca. Una decisión que le costó muy cara al magistrado. Fue suspendido cautelarmente como juez de la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara la apertura de juicio oral contra éste por presunta prevaricación por la decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la represión franquista.

Pese a ello, los familiares de las víctimas no han desistido y las asociaciones de Memoria Histórica siguen buscando por su cuenta y realizando excavaciones con la ayuda de miles de voluntarios. Todavía quedan por recuperar a muchos olvidados.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/22/espana/1287729787.html